El Gobierno nacional formalizó el inicio del proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la principal empresa estatal de agua potable y saneamiento del país, con un plazo de ocho meses para concretar la venta de la participación accionaria estatal.
Un operador privado para el 90% de las acciones
De acuerdo con la Resolución 1198/2025, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, el Estado Nacional, que posee el 90% del capital social de AySA, transferirá su paquete accionario mediante una licitación pública nacional e internacional. Al menos el 51% deberá recaer en un operador estratégico, mientras que el remanente podrá colocarse en bolsas y mercados del país.
Un paso más tras la Ley Bases
La privatización de AySA ya había sido habilitada por el Decreto 494/2025 y por la Ley 27.742, conocida como la Ley Bases, que declaró a la empresa “sujeta a privatización”. Desde su reestatización en 2006, AySA requirió aportes del Tesoro Nacional por más de USD 13.400 millones hasta 2023, lo que para el Gobierno justifica la búsqueda de capital privado.
Tasación y continuidad del servicio
Uno de los puntos centrales será la tasación del paquete accionario. Ante la imposibilidad del Tribunal de Tasaciones de la Nación de realizar la valuación en un plazo razonable, la resolución ordena contratar a una entidad bancaria pública para esa tarea. La Secretaría de Obras Públicas y la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” supervisarán el procedimiento, garantizando la continuidad del servicio.
Impacto en millones de usuarios
La decisión afecta de manera directa a los millones de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que dependen del servicio de agua y cloacas. El Gobierno aseguró que la privatización no alterará la prestación, aunque la oposición ya busca frenar la medida en el Congreso con el argumento de que “el agua es un derecho”.
Con la venta de AySA en marcha, el Ejecutivo reafirma su política de reducción de la participación estatal en empresas públicas, tal como ocurrió recientemente con ENARSA y Transener. El desenlace, previsto para antes de abril de 2026, marcará un hito en la gestión de servicios esenciales en la Argentina.
