El Gobierno nacional evalúa prorrogar las sesiones ordinarias del Congreso durante diciembre ante el retraso de la agenda legislativa y las demoras en las negociaciones por el Presupuesto 2027. La Casa Rosada había proyectado inicialmente votar la ley de gastos durante la primera semana de noviembre, pero ahora trabaja con un tratamiento en Diputados para mediados o la tercera semana de ese mes.

La decisión todavía no está formalizada. En el Poder Ejecutivo consideran que el calendario hace difícil completar la agenda antes del 30 de noviembre, cuando concluye constitucionalmente el período ordinario. La intención es extenderlo mediante un decreto presidencial y evitar una convocatoria a sesiones extraordinarias.

El Presupuesto 2027 y los acuerdos pendientes

El cambio en el cronograma comenzó con el desplazamiento de otros proyectos que el oficialismo tenía previsto resolver a comienzos de octubre. Las iniciativas sobre Discapacidad y Morosidad quedaron para una sesión que La Libertad Avanza prepara para el 21 de octubre, junto con la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional vinculada con Malvinas y, eventualmente, el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada si avanza antes en comisión.

Ese corrimiento impactó directamente sobre el Presupuesto. La planificación original apuntaba a llevarlo al recinto durante la primera semana de noviembre, pero ahora, en Balcarce 50, calculan que la votación se realizará después de la visita de León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. La nueva ventana se ubica entre mediados y la tercera semana del mes.

En el Congreso comenzó a circular el 17 de noviembre como fecha tentativa, aunque en el Gobierno no la consideran definitiva. La negociación todavía atraviesa una etapa inicial y el Ejecutivo debe resolver modificaciones reclamadas por los bloques cuyos votos necesita para aprobar la iniciativa.

Entre los principales puntos pendientes aparecen las partidas destinadas a Discapacidad, el financiamiento de las universidades nacionales y los pedidos de obras y recursos que acercaron los gobernadores. El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, ya recibió planteos de representantes del PRO, la UCR y bloques provinciales, que condicionan parte de su respaldo a cambios en esos capítulos.

La Casa Rosada considera que el Presupuesto tiene altas posibilidades de avanzar, pero reconoce que el texto todavía no está suficientemente acordado como para acelerar la votación. En el Gobierno también le asignan un valor político y financiero: entienden que conseguir una ley de gastos aprobada funciona como una señal de gobernabilidad ante los mercados y los organismos internacionales.

Malvinas, las PASO y la reforma política

La negociación presupuestaria se cruza con otros expedientes relevantes. El oficialismo mantiene abierta la discusión por la suspensión de las PASO, que requiere acuerdos con gobernadores y senadores, mientras que la iniciativa sobre Malvinas continúa enfrentando objeciones de distintos bloques por los capítulos vinculados con seguridad, defensa y las atribuciones del Poder Ejecutivo.

En el Gobierno reconocen que la Ley de Malvinas está más trabada que el Presupuesto. El Ejecutivo abrió la posibilidad de incorporar una comisión bicameral de seguimiento del Consejo de Seguridad, pero mantiene su rechazo a dividir el proyecto. La intención es continuar negociando su contenido antes de llevarlo al recinto.

La reforma electoral tiene otra lógica. La Casa Rosada pretende sancionar al menos la suspensión de las primarias antes de cerrar el año, aunque admite que todavía existen diferencias con sus aliados. La estrategia es acercar esa votación al final del período legislativo, una vez que estén asegurados los respaldos individuales en el Senado.

Por qué el Gobierno analiza extender las sesiones ordinarias

El desplazamiento de los proyectos vuelve probable que diciembre se convierta en un mes de actividad parlamentaria. Si Javier Milei firma la extensión, será la primera vez durante su presidencia que prorrogue las sesiones ordinarias. En 2024 y 2025 dejó finalizar el período regular el 30 de noviembre y recurrió, cuando lo consideró necesario, a convocatorias extraordinarias.

Desde que asumió, Milei convocó cuatro períodos de sesiones extraordinarias: el iniciado el 26 de diciembre de 2023, el de enero y febrero de 2025, el de diciembre de 2025 y el de febrero de 2026. Además, prorrogó en dos oportunidades períodos extraordinarios ya convocados: en enero de 2024 extendió el primero hasta el 15 de febrero y este año amplió hasta el 28 de febrero la convocatoria que inicialmente terminaba el 27.

La diferencia institucional es relevante para el esquema que analiza el Gobierno. Las sesiones ordinarias se desarrollan entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre y pueden ser prorrogadas por el Presidente. Durante esa extensión, las cámaras conservan la posibilidad de tratar su agenda parlamentaria habitual. En las extraordinarias, en cambio, el Poder Ejecutivo define mediante decreto qué asuntos quedan habilitados.

En la Casa Rosada prefieren mantener abierto el período ordinario y no pasar a un temario extraordinario, porque proyectan llegar a diciembre con varios expedientes simultáneamente en negociación. El Presupuesto deberá completar además su recorrido por el Senado una vez que sea aprobado por Diputados, lo que comprime todavía más los tiempos.

El objetivo del oficialismo es utilizar diciembre para cerrar el Presupuesto 2027 y avanzar, hasta donde lo permitan los acuerdos, en la reforma política y el resto de las iniciativas prioritarias. El cronograma dependerá de las negociaciones de octubre y noviembre: cuanto más se demoren los proyectos sobre Discapacidad y Malvinas, así como las conversaciones con los gobernadores, mayor será la extensión que necesitará el Congreso antes del cierre del año.