El Gobierno habilita retiros voluntarios en el Estado: cómo será el nuevo plan de desvinculación

Redacción Cuyo News
4 min

El Gobierno Nacional oficializó la apertura a nuevos planes de retiro voluntario y desvinculación laboral en la administración pública y empresas estatales, como parte del plan de ajuste impulsado por el presidente Javier Milei. La medida fue establecida mediante la Resolución Conjunta 50/2025, firmada por Carlos Jorge Guberman (secretario de Hacienda) y Maximiliano Fariña (secretario de Transformación del Estado y Función Pública).

Un proceso con doble filtro

Según lo dispuesto en el texto oficial, cada organismo o empresa estatal que desee implementar un plan de retiros deberá obtener previamente el visto bueno de dos áreas clave:

  • La Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía, que evaluará la suficiencia presupuestaria para afrontar las desvinculaciones.
  • La Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público, dependiente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que verificará los aspectos administrativos y laborales.

La normativa enmarca la medida dentro del proceso de “simplificación y reducción del Estado”, con el objetivo declarado de mejorar la eficiencia administrativa y disminuir el gasto en personal. En los hechos, se trata del primer paso formal para habilitar nuevos programas de retiro voluntario en el sector público nacional, bajo un sistema de control económico y político centralizado.

Detalles del procedimiento

Los organismos interesados deberán presentar un proyecto formal que incluya:

  • Dotación afectada
  • Condiciones de acceso
  • Modalidades de pago
  • Beneficios adicionales
  • Costos estimados

Una vez aprobado el plan, deberán notificar en un plazo de cinco días hábiles los datos de cada trabajador adherido, incluyendo nombre, CUIL, remuneración, fecha y monto de la desvinculación. Todo deberá presentarse en formato digital.

Alcance del programa

El esquema abarca a la Administración Pública Nacional, tanto centralizada como descentralizada, además de a empresas con participación estatal mayoritaria. Esto permitirá extender la medida a múltiples niveles del Estado.

En el caso de los ministerios y dependencias nacionales, los planes deberán ser diseñados y aprobados por la Secretaría de Transformación del Estado, con la intervención obligatoria de la Secretaría de Hacienda.

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