El Gobierno de Javier Milei presentó un plan para avanzar con la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), empresa estatal responsable de la operación de las tres centrales nucleares que hoy generan el 7% de la electricidad en el país. La iniciativa implicaría la cesión de la operación de dichas centrales a capital privado, presumiblemente extranjero.
Una capacidad estratégica en juego
La medida genera preocupación en sectores científicos, tecnológicos y políticos, que advierten que Argentina posee una capacidad única en la región: puede diseñar y construir centrales nucleares de 600 MW con tecnología de agua pesada y uranio natural, además de fabricar el combustible necesario para su operación. El país también ha exportado reactores de radioisótopos medicinales, destacándose en el plano internacional por su desarrollo científico en la materia.
La ofensiva privatizadora se considera una continuidad de políticas aplicadas durante los gobiernos de Carlos Menem y Mauricio Macri, aunque en aquel entonces no prosperaron. Durante la administración de Cristina Fernández de Kirchner, se logró finalizar la construcción de Atucha II con recursos técnicos y financieros propios, consolidando la autonomía del sector.
Riesgos y retrocesos
Distintos especialistas alertan sobre los efectos que tendría esta privatización: reducción de la soberanía energética y tecnológica, abandono de la política industrial nuclear y subordinación a intereses de mercado. Entre otros riesgos, se menciona el cambio de proveedores de combustible nuclear —actualmente producido en el país— por empresas extranjeras, lo que podría derivar en esquemas de dumping o dependencia crítica a largo plazo.
Además, NA-SA cuenta con una Gerencia de Proyectos Nucleares que lideró la finalización de Atucha II, extendió la vida útil de la Central Embalse y actualmente trabaja en Atucha I. Esa unidad de alta especialización podría quedar disuelta en un nuevo esquema donde la empresa se limitaría a la operación, sin funciones de desarrollo ni ingeniería.
Una apuesta que puede hipotecar el futuro
Los críticos de la medida insisten en que NA-SA debe permanecer como empresa estatal, con participación activa de sus trabajadores y autonomía técnica. Según estimaciones, la participación argentina en el mercado mundial nuclear podría representar entre 2.000 y 16.000 millones de dólares anuales durante los próximos 25 años, siempre que se mantenga la capacidad de diseño y fabricación nacional.
El antecedente de la venta de IMPSA a capitales estadounidenses sirve como advertencia. Lo que está en juego, afirman, no es solo un modelo económico, sino la capacidad soberana de decidir sobre un recurso estratégico en un contexto global donde la energía nuclear cobra cada vez más relevancia frente al cambio climático.
En este marco, se insta al Congreso de la Nación y a futuros gobiernos a desconocer licitaciones o contratos que cedan soberanía nacional en áreas sensibles como la nuclear, energética o tecnológica.
