El Gobierno Nacional oficializó la reforma estructural del sistema eléctrico argentino mediante el Decreto 450/2025, en el marco de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. La medida introduce cambios clave a las leyes 15.336 y 24.065, con el objetivo de liberar, modernizar y dinamizar el sector energético, garantizando mayor competencia, eficiencia y previsibilidad para los usuarios.
Transformaciones centrales del nuevo marco
Entre los puntos principales del decreto, se destacan los siguientes:
- Apertura total al comercio internacional de energía eléctrica, con intervención estatal limitada solo a razones técnicas o de seguridad del suministro.
- Restablecimiento de contratos de compraventa entre privados, promoviendo la inversión y estabilidad en el abastecimiento eléctrico a largo plazo.
- Libre elección del proveedor por parte de los usuarios finales, sin obstáculos regulatorios.
- Transparencia en la facturación, prohibiendo la inclusión de tributos locales o cargos no vinculados directamente a los bienes y servicios prestados.
- Habilitación de diversas alternativas para el desarrollo de infraestructura de transporte eléctrico, priorizando la inversión privada y la iniciativa a riesgo propio.
Una transición ordenada
El decreto establece un período de transición de 24 meses, en el cual se adecuará la normativa complementaria y se garantizará la implementación gradual de los cambios. Este plazo permitirá una reorganización técnica y administrativa que acompañe la transformación del sistema eléctrico.
Con esta medida, el Gobierno apunta a consolidar un modelo energético sustentado en la autosuficiencia económico-financiera, la inversión privada y las señales de mercado, dejando atrás un esquema de subsidios y controles que, según datos oficiales, implicaron un gasto superior a los 105.000 millones de dólares en los últimos 20 años.
Con el Decreto 450/2025, el Gobierno Nacional formalizó una ambiciosa reforma estructural del sistema eléctrico argentino. La norma modifica leyes clave del sector para liberar el comercio internacional de energía, reactivar contratos entre privados, habilitar la libre elección de proveedor y promover la inversión privada en transporte eléctrico. Se establece un período de transición de 24 meses para implementar los cambios.
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El Gobierno Nacional oficializó la reforma estructural del sistema eléctrico argentino mediante el Decreto 450/2025, en el marco de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. La medida introduce cambios clave a las leyes 15.336 y 24.065, con el objetivo de liberar, modernizar y dinamizar el sector energético, garantizando mayor competencia, eficiencia y previsibilidad para los usuarios.
Transformaciones centrales del nuevo marco
Entre los puntos principales del decreto, se destacan los siguientes:
- Apertura total al comercio internacional de energía eléctrica, con intervención estatal limitada solo a razones técnicas o de seguridad del suministro.
- Restablecimiento de contratos de compraventa entre privados, promoviendo la inversión y estabilidad en el abastecimiento eléctrico a largo plazo.
- Libre elección del proveedor por parte de los usuarios finales, sin obstáculos regulatorios.
- Transparencia en la facturación, prohibiendo la inclusión de tributos locales o cargos no vinculados directamente a los bienes y servicios prestados.
- Habilitación de diversas alternativas para el desarrollo de infraestructura de transporte eléctrico, priorizando la inversión privada y la iniciativa a riesgo propio.
Una transición ordenada
El decreto establece un período de transición de 24 meses, en el cual se adecuará la normativa complementaria y se garantizará la implementación gradual de los cambios. Este plazo permitirá una reorganización técnica y administrativa que acompañe la transformación del sistema eléctrico.
Con esta medida, el Gobierno apunta a consolidar un modelo energético sustentado en la autosuficiencia económico-financiera, la inversión privada y las señales de mercado, dejando atrás un esquema de subsidios y controles que, según datos oficiales, implicaron un gasto superior a los 105.000 millones de dólares en los últimos 20 años.