El conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales tendrá este viernes una nueva instancia en los tribunales. El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, convocó al Gobierno nacional y a representantes del sistema universitario a una audiencia para intentar acercar posiciones y avanzar en una salida a la disputa por la aplicación de la Ley 27.795.
La reunión fue impulsada a partir de un pedido de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y se desarrollará con la participación del Ejecutivo y del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Aunque el CIN había planteado reparos frente a la convocatoria y reclamado que se avance directamente con el cumplimiento de la medida cautelar vigente, finalmente confirmó que concurrirá.
Qué se discute
El encuentro llega en un momento de fuerte tensión entre las universidades y la Casa Rosada. Los gremios docentes y no docentes mantienen una medida de fuerza nacional que se extiende hasta este sábado, con el reclamo puesto en la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y en la recomposición salarial.
Uno de los puntos centrales será el cumplimiento de la cautelar que quedó firme luego de la intervención de la Corte Suprema y que obliga al Estado nacional a avanzar con disposiciones vinculadas con la actualización de los salarios universitarios y las becas estudiantiles.
La UBA también planteó la necesidad de discutir otros componentes del financiamiento, entre ellos los recursos destinados a hospitales universitarios, gastos de funcionamiento y partidas para ciencia y tecnología.
La disputa tiene como eje la Ley 27.795, sancionada por el Congreso en 2025, que estableció mecanismos de recomposición del financiamiento universitario. Frente a la falta de aplicación de distintos puntos de la norma, las universidades recurrieron a la Justicia y el conflicto derivó en distintas presentaciones y medidas cautelares.
Una audiencia en plena escalada del conflicto
La convocatoria judicial se produce mientras continúa el enfrentamiento por el presupuesto universitario y se multiplican las medidas de fuerza. Para el sistema universitario, la audiencia representa una oportunidad para plantear ante el juez el cumplimiento de las decisiones judiciales y avanzar sobre los fondos que consideran necesarios para garantizar el funcionamiento de las casas de altos estudios.
Docentes y no docentes llevan adelante un paro que se extenderá hasta el sábado 22 de agosto, en reclamo por el financiamiento educativo y la recomposición salarial.
Del otro lado, el Gobierno sostiene su propia posición respecto del alcance de las obligaciones presupuestarias y de las medidas adoptadas para atender los reclamos. Así, la audiencia de este viernes se presenta como una instancia de diálogo judicial en una disputa que todavía está lejos de resolverse.
El objetivo del juez Cormick será que las partes expongan sus posiciones y puedan encontrar un punto de acuerdo, mientras continúa el trámite de fondo de las causas relacionadas con el financiamiento universitario.
El Gobierno nacional, la UBA y el Consejo Interuniversitario Nacional participarán este viernes de una audiencia convocada por el juez federal Martín Cormick para intentar destrabar el conflicto por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. El encuentro se realizará mientras docentes y no docentes mantienen un paro nacional hasta el sábado 22 de agosto.
Gobierno, universidades y Justicia se sientan este viernes a discutir cómo financiar las universidades nacionales. La audiencia fue convocada por el juez federal Martín Cormick en plena tensión por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y mientras docentes y no docentes sostienen un paro nacional.
La escena tiene algo de reunión de consorcio, aunque en lugar de discutir quién dejó la bolsa de basura en el pasillo están en juego salarios, becas, hospitales universitarios, ciencia y gastos de funcionamiento. Todo bajo la mirada de un juez, porque cuando el presupuesto universitario llega a Tribunales, el Excel ya no alcanza.
La Universidad de Buenos Aires pidió la intervención judicial y el Consejo Interuniversitario Nacional, que había cuestionado la convocatoria porque pretendía que se avanzara directamente con el cumplimiento de la cautelar vigente, finalmente confirmó su asistencia. Del otro lado estará el Ejecutivo, con su propia interpretación sobre cuánto corresponde gastar y qué obligaciones presupuestarias surgen de la norma.
El centro de la discusión es la Ley 27.795, sancionada por el Congreso en 2025, que estableció mecanismos de recomposición del financiamiento universitario. La Justicia ya intervino y una medida cautelar firme, luego de la participación de la Corte Suprema, obliga al Estado a avanzar con disposiciones vinculadas con la actualización de salarios universitarios y becas estudiantiles.
Pero la cuenta no termina ahí. La UBA pretende discutir también los recursos destinados a hospitales universitarios, gastos de funcionamiento y partidas para ciencia y tecnología, mientras las universidades reclaman fondos que consideran necesarios para sostener sus actividades.
Así, la audiencia llega con todos los ingredientes de una negociación complicada: una ley, una cautelar, un paro, un presupuesto en disputa y un juez intentando encontrar un punto de encuentro. En Argentina, hasta para ponerse de acuerdo sobre cuánto cuesta abrir la puerta de una facultad hace falta pasar por Tribunales.