Virginia Aparicio, investigadora del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y del CONICET, enfrenta un sumario administrativo que podría derivar en su exoneración, según informó su abogado, Mario Bolla. La científica trabaja desde hace más de dos décadas en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce y coordinó en Argentina el proyecto internacional SPRINT, dedicado al estudio de la exposición a plaguicidas.
La controversia reúne dos procesos diferentes que requieren ser distinguidos. Por un lado están los resultados científicos obtenidos durante la participación argentina en SPRINT y la posterior decisión institucional de interrumpir su difusión y abandonar el proyecto. Por otro, aparece el sumario contra Aparicio, cuyas imputaciones son rechazadas por su defensa y no deben ser consideradas responsabilidades acreditadas mientras el procedimiento administrativo no tenga una resolución firme.
Qué era SPRINT y qué investigó en Argentina
SPRINT —Transición Sostenible de Protección Vegetal: Un Enfoque de Salud Global— fue desarrollado como un proyecto internacional destinado a estudiar los riesgos asociados con los plaguicidas y avanzar en herramientas de evaluación sobre sus posibles efectos en la salud humana y ambiental.
Documentación publicada por el propio INTA presentó al proyecto como un consorcio integrado por institutos de investigación europeos, investigadores argentinos del organismo y participación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Aparicio aparecía identificada institucionalmente como responsable del sitio argentino.
La investigación incluyó la toma de muestras biológicas y ambientales. En Argentina participaron personas vinculadas con zonas rurales y urbanas, mientras los análisis buscaron identificar residuos y mezclas de diferentes sustancias.
Un informe del proyecto correspondiente a participantes argentinos señala que se analizaron 208 plaguicidas en muestras biológicas y en dispositivos utilizados para medir exposición. El documento también establecía una cautela importante: en aquella etapa el objetivo era mapear qué sustancias habían sido encontradas y cuáles eran las mezclas más frecuentes, mientras que los efectos de las diferentes concentraciones y combinaciones serían analizados posteriormente.
Ese punto resulta central para interpretar correctamente los resultados: detectar residuos de una sustancia no equivale, por sí mismo, a demostrar que esa exposición haya provocado una enfermedad determinada. El proyecto buscaba precisamente generar evidencia para evaluar esos riesgos.
La presentación suspendida y la salida del INTA
El conflicto tomó estado público en junio de 2023. Aparicio tenía previsto presentar resultados argentinos del proyecto en una reunión virtual, pero la actividad fue suspendida por indicación de las autoridades del INTA.
La suspensión llegó incluso al Congreso. Un proyecto de resolución presentado ese año consignó que la investigadora debía exponer los resultados el 21 de junio y que la reunión no se realizó luego de una comunicación del organismo que instruyó suspender su difusión.
Meses después se produjo otro giro. En diciembre de 2023, la conducción del INTA resolvió finalizar la participación argentina en SPRINT, cerrando la intervención institucional en un proyecto que anteriormente había sido difundido por el propio organismo.
La secuencia —participación institucional, obtención de resultados, suspensión de su presentación y posterior retiro del proyecto— constituye uno de los antecedentes centrales de la controversia, aunque por sí misma no demuestra cuál fue la motivación del posterior procedimiento disciplinario.
El sumario y la posibilidad de exoneración
El siguiente capítulo se abrió con un sumario administrativo contra Aparicio. Según reconstrucciones periodísticas y las declaraciones de su defensa, el expediente contiene diferentes imputaciones vinculadas con su actuación dentro del proyecto SPRINT.
Mario Bolla, abogado de la investigadora, afirmó que entre los cuestionamientos aparecen un supuesto ocultamiento de información a autoridades superiores y la acusación de haber ocasionado un perjuicio económico y material al Estado nacional. La defensa niega ambas imputaciones.
Respecto del presunto perjuicio económico, el abogado sostiene que la acusación no se corresponde con las características del proyecto y remarca que SPRINT contaba con financiamiento de la Unión Europea.
La eventual sanción reviste especial gravedad. Según la defensa, el expediente propone la exoneración de Aparicio, una de las sanciones disciplinarias más severas dentro del empleo público nacional.
La situación administrativa exacta requiere, sin embargo, una precisión. Las versiones difundidas públicamente sobre una eventual decisión de exoneración provienen de la investigadora, su defensa y organizaciones que acompañan su reclamo. La sanción definitiva debe distinguirse de una propuesta o recomendación dentro del expediente mientras no exista una notificación formal que permita establecer su alcance.
Aparicio ha vinculado públicamente el procedimiento con su participación en SPRINT y sostiene que un castigo de estas características podría generar un efecto intimidatorio sobre otros investigadores. Esa interpretación constituye la posición de la científica y de sectores que respaldan su reclamo; no representa, por sí misma, una motivación institucional acreditada del INTA.
El caso generó pronunciamientos de organizaciones científicas, ambientales y sindicales. También llegó nuevamente al Congreso: en septiembre de 2026 fue presentado un proyecto para expresar preocupación por la situación denunciada alrededor de Aparicio, que fue girado a las comisiones correspondientes.
La controversia deja abiertas preguntas que requieren respuestas documentadas. Entre ellas, cuáles son exactamente las conductas atribuidas a la investigadora, qué pruebas sustentan el supuesto perjuicio al Estado, cuál fue el destino de los fondos involucrados y por qué una participación científica que había contado con intervención institucional terminó derivando en un procedimiento disciplinario de semejante gravedad.
También permanece pendiente una cuestión de interés público: el acceso a los resultados producidos mediante una investigación científica desarrollada con participación de organismos estatales. Los documentos disponibles permiten conocer parte de los hallazgos y de la metodología de SPRINT, pero la suspensión de aquella presentación de 2023 forma parte de una controversia que continúa tres años después.
El sumario deberá resolverse sobre pruebas y responsabilidades administrativas concretas, mientras que los resultados científicos deberán evaluarse con criterios científicos. Determinar qué ocurrió en cada terreno resulta indispensable para separar hechos acreditados, acusaciones administrativas y denuncias de persecución, y para conocer por qué un proyecto internacional sobre plaguicidas terminó colocando a su coordinadora argentina frente a la posibilidad de quedar fuera del organismo en el que desarrolló más de dos décadas de su carrera.
