La actriz y productora Andrea del Boca enfrenta un pedido de condena de tres años y seis meses de prisión como partícipe necesaria del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en el marco del juicio oral por el financiamiento de la telenovela “Mamá Corazón”, que nunca fue emitida.
La acusación fiscal
La fiscal Fabiana León, ante el Tribunal Oral Federal 7, consideró acreditado que Del Boca firmó en 2015, en representación de la productora a+A Group S.R.L., un contrato con la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) para producir la novela, financiada con fondos del entonces Ministerio de Planificación Federal, a cargo de Julio De Vido.
Según la acusación, la productora percibió el 76% del costo de producción, un monto cercano a los 25.652.160,99 pesos, en una adjudicación directa que violó normativas vigentes. La fiscal sostuvo que el proyecto fue financiado sin concurso público ni proceso de selección transparente, en clara infracción a las normas de la administración pública.
Un caso que va más allá del espectáculo
“Estamos frente a un acto de corrupción que perjudicó al Estado Nacional y la confianza de los ciudadanos”, afirmó León, quien además solicitó una condena de cuatro años y seis meses para Julio De Vido como autor de la maniobra.
También se pidió el decomiso de bienes, la restitución solidaria y actualizada de casi $25 millones y mantener la inhibición general de bienes sobre todos los acusados. Entre ellos se encuentran exfuncionarios, directivos universitarios y representantes de la productora, con penas solicitadas de entre cuatro y cuatro años y tres meses de prisión.
Etapas finales del juicio
El juicio comenzó el 6 de marzo de 2025 y se desarrolla en modalidad virtual. Entró ahora en la etapa de alegatos finales, con fecha para el inicio de las defensas prevista para el 28 de agosto. Luego se escucharán las últimas palabras de los imputados y el tribunal —integrado por los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli— dará su veredicto.
Del Boca está procesada como partícipe necesaria, mientras que De Vido lo está como autor del delito. La fiscalía sostiene que la contratación directa entre la productora y la UNSAM se dio al margen de la normativa y se encuadró en el convenio firmado entre esa casa de estudios y el ex Ministerio el 17 de julio de 2015.
