La situación judicial del director de PAMI Mendoza, David Litvinchuk, dio un nuevo giro con la presentación de pruebas clave en su defensa, luego de haber sido imputado por la Justicia Federal por desobedecer una orden judicial que lo obligaba a restituir la entrega gratuita de medicamentos a jubilados y pensionados.
El contexto de la imputación
El pasado 20 de agosto, Litvinchuk fue imputado por la fiscal federal María Alejandra Obregón bajo el delito de desobediencia judicial, tipificado en el artículo 239 del Código Penal. El juez civil Pablo Quirós había ordenado de manera expresa la restitución del suministro gratuito de medicamentos a los afiliados, medida que, según la acusación, el funcionario no habría cumplido.
La defensa: sin poder de decisión
La defensa técnica de Litvinchuk sostiene que el director de PAMI Mendoza carece de facultades funcionales e informáticas para ejecutar o alterar decisiones emanadas del directorio nacional del organismo. Según argumentaron, las delegaciones provinciales no tienen autonomía para modificar resoluciones emitidas desde Buenos Aires.
Uno de los elementos centrales que será presentado a la fiscal Obregón es un informe elaborado por la sección Informática de la delegación PAMI Mendoza. El documento detalla el funcionamiento del sistema nacional de provisión de medicamentos, explicando que ninguna delegación del país puede modificarlo o intervenirlo de manera autónoma.
Pedido de sobreseimiento en análisis
Con esta nueva prueba en su poder, la fiscal podría considerar el sobreseimiento del funcionario, ya que el argumento central de su defensa es que no existe capacidad operativa ni legal en la estructura regional para cumplir con la orden judicial.
“No se trata de una negativa, sino de una imposibilidad operativa”, expresaron desde el entorno del director regional. “El sistema está centralizado y sólo puede ser modificado por el PAMI nacional. Nosotros no tenemos acceso para alterar el plan de provisión de medicamentos”.
La causa sigue abierta y en las próximas horas podrían definirse pasos claves para el futuro judicial de Litvinchuk, mientras crece el debate sobre las responsabilidades legales de los funcionarios regionales en organismos nacionales centralizados.
