La tensión entre el Gobierno Nacional y las instituciones que brindan atención a personas con discapacidad ha escalado a niveles críticos tras el ingreso al Senado del proyecto de ley denominado “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”. Esta iniciativa legislativa, sumada a la reciente disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), ha puesto en estado de alerta máxima a profesionales, transportistas y familiares, quienes denuncian un intento sistemático por desmantelar el modelo de protección vigente.
La amenaza de la desregulación
El eje del conflicto radica en la posible modificación de la Ley 24.901, que establece el sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad. Según advirtieron referentes del sector en declaraciones radiales, la reforma conduciría a una desregulación que rompería el piso garantizado de atención. “Ese sistema que permite que todas las personas con discapacidad accedan a la prestación que necesitan, sin importar su condición económica y social, se terminaría, porque cada obra social, si es que la tienen, pagaría lo que se le ocurre”, explicaron directivas de las instituciones afectadas.
Bajo el esquema actual, existe un arancel nacional único que garantiza que los prestadores reciban la misma remuneración por el servicio brindado, independientemente de si el paciente cuenta con una obra social sindical, una prepaga o cobertura estatal. La desregulación arancelaria permitiría que cada financiador negocie valores de forma individual, lo que —según denuncian— derivará en una atención segmentada y de menor calidad para quienes no puedan costear diferencias.
Cierre de centros y emergencia prestacional
El impacto del desfinanciamiento no es una proyección a futuro, sino una realidad palpable en diversas provincias, incluida San Juan. Los referentes denunciaron el cierre efectivo de centros de día y servicios de rehabilitación debido a la imposibilidad de afrontar los costos operativos, que han quedado desfasados frente a la inflación y el aumento de insumos básicos.
Los puntos críticos de la denuncia incluyen:
- Atraso en los pagos: Demoras crónicas en las liquidaciones por parte de los organismos de seguridad social.
- Desvalorización del arancel: Incrementos que no cubren los aumentos salariales ni los gastos fijos de las instituciones.
- Incertidumbre jurídica: La eliminación de la Andis deja un vacío administrativo que dificulta la gestión de nuevas pensiones y certificados.
Un escenario de vulnerabilidad extrema
Desde el sector rechazan el argumento oficial que vincula estas medidas con la lucha contra el fraude. Sostienen que, bajo la premisa de auditar irregularidades, se está castigando a la totalidad de los beneficiarios y prestadores. La advertencia es clara: de prosperar el proyecto oficialista, miles de familias quedarán «acorraladas» sin acceso a terapias vitales, obligando a los profesionales a abandonar el sistema público y privado ante la falta de sostenibilidad económica de sus servicios.
