El Gobierno nacional apeló la intimación judicial que le otorgó cinco días para cumplir de manera total con la cautelar vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario y solicitó que se deje sin efecto la posibilidad de aplicarle multas. La presentación fue realizada ante el juez federal Martín Cormick y sostiene que el Poder Ejecutivo ya cumplió con las obligaciones alcanzadas por la medida.
La estrategia procesal contempla dos instancias. El Estado presentó primero un recurso de revocatoria ante el propio Cormick y dejó planteada una apelación en subsidio para el caso de que el magistrado mantenga la intimación. Por ese motivo, el expediente todavía no fue elevado a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
“Realizamos una presentación ante la Justicia ratificando que el Poder Ejecutivo Nacional ha cumplido con la medida cautelar, acompañando la documentación que acredita dicho cumplimiento”, expresan en Nación. Sobre esa base, el Estado pidió que se deje sin efecto cualquier eventual aplicación de multas.
Qué reclama la Justicia al Gobierno
La presentación responde a la resolución que Cormick dictó el 22 de septiembre. El magistrado sostuvo que “no existe cumplimiento total” de la cautelar, que se encuentra firme, e intimó al Ejecutivo a completarla dentro de un plazo de cinco días, bajo apercibimiento de aplicar astreintes por cada jornada de demora.
La defensa oficial cuestiona principalmente que el juez no haya precisado qué aspecto de la cautelar considera todavía incumplido. Según la posición del Ejecutivo, ya se habían detallado las medidas adoptadas y la resolución posterior no especificaría qué obligación adicional debería ser ejecutada.
La cautelar alcanza a los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. El artículo 5 establece la actualización de los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas, contempla la convocatoria a negociaciones paritarias y fija parámetros vinculados con la evolución del Índice de Precios al Consumidor. La normativa también incluye disposiciones sobre programas de becas estudiantiles.
La disputa por los salarios y las becas
En materia salarial, Nación afirma ante la Justicia que los incrementos otorgados desde diciembre de 2023 alcanzaron un acumulado del 226,8% durante el período utilizado como referencia. A partir de ese cálculo, el Ejecutivo sostiene que superó el 226,46% de variación del IPC que considera aplicable entre diciembre de 2023 y agosto de 2025.
El Gobierno también incorporó a su presentación las negociaciones desarrolladas durante 2026. Según el planteo oficial, se otorgó una recomposición salarial y posteriormente se retomaron las discusiones paritarias con una propuesta de incremento adicional. Los gremios universitarios rechazan el cálculo del Ejecutivo y sostienen que todavía existe una recomposición pendiente.
La discusión judicial también comprende las becas universitarias. El Ministerio de Capital Humano presentó documentación relacionada con la actualización del programa Manuel Belgrano, cuyo monto mensual fue elevado este año a $187.495. Paralelamente, el Estado mantiene una interpretación restrictiva sobre cuáles son los programas comprendidos por la cautelar.
El pedido para evitar las multas
Otro eje central de la presentación son las astreintes. La defensa estatal argumentó que no corresponde imponer ese tipo de sanciones económicas contra el Estado Nacional y solicitó que Cormick revoque tanto la intimación como el apercibimiento de multas, bajo el argumento de que el cumplimiento de la medida ya fue acreditado.
Además, el Ejecutivo pretende mantener abierta una negociación con rectores y gremios universitarios durante la discusión del Presupuesto 2027. “No vamos a ceder. Queremos negociar y desestimar el fondo judicial, pero no vamos a entregar cualquier cosa”, expresan en Nación. La intención oficial es alcanzar un acuerdo sobre fondos y salarios que también permita modificar el escenario del litigio.
El próximo movimiento quedará en manos de Cormick. Si acepta la revocatoria, podrá dejar sin efecto la intimación. Si mantiene su decisión, deberá resolver sobre la apelación planteada en subsidio, instancia a partir de la cual el expediente podría quedar en condiciones de ser revisado por la Cámara.
