La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, impulsó un significativo incremento salarial para los más de 2.500 empleados que integran la planta de la Cámara de Senadores. Esta decisión administrativa ha reabierto el debate interno en la coalición de gobierno, ya que colisiona directamente con el discurso de austeridad fiscal y reducción del gasto público promovido por el presidente Javier Milei desde el inicio de su gestión.
El ajuste salarial establece nuevas escalas para los haberes brutos, los cuales oscilarán entre un piso de 1.336.931 pesos y un techo de 2.698.531 pesos. La aplicación de la medida muestra una marcada disparidad según el escalafón: mientras que para las categorías más altas la suba representa un incremento superior a los 923.000 pesos, en los niveles inferiores el aumento se sitúa en torno a los 34.000 pesos.
Alcance de la medida y exclusiones
Desde la presidencia del Senado se encargaron de aclarar que esta disposición administrativa no afecta las dietas que perciben los senadores nacionales. El beneficio se aplica de manera exclusiva al personal técnico, administrativo y legislativo que desempeña tareas en la Cámara Alta. Con esta diferenciación, la Vicepresidencia busca evitar la polémica directa sobre los ingresos de los legisladores, aunque el impacto en el presupuesto del cuerpo legislativo ha despertado críticas en sectores del oficialismo que pregonan el «déficit cero».
Diferencias operativas entre Cámaras
La decisión de Villarruel ha profundizado el contraste en la gestión del gasto dentro del Poder Legislativo. Casi en simultáneo con el anuncio, las autoridades de la Cámara de Diputados se desmarcaron de la iniciativa y confirmaron oficialmente que no replicarán la medida en su jurisdicción. De esta manera, el Palacio del Congreso queda dividido por dos criterios económicos opuestos, exponiendo las tensiones políticas entre quienes responden estrictamente a la línea de la Casa Rosada y quienes optan por mantener la estructura salarial interna frente a la presión sindical y administrativa propia del cuerpo.
El conflicto promete escalar en los próximos días, mientras los analistas políticos observan este movimiento como una muestra más de la autonomía con la que Victoria Villarruel se maneja dentro del esquema de poder de La Libertad Avanza, priorizando la gobernabilidad interna del Senado sobre el rigor fiscal extremo demandado por el Ejecutivo nacional.
