El Tribunal Oral Federal 1 (TOF 1) ordenó ejecutar el seguro de caución contratado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para recuperar U$S 2.191.811 que la entidad mantenía bajo custodia judicial desde 2018 en el marco de la causa Fútbol para Todos. La decisión llegó luego de rechazar el plan de pagos presentado por la institución, que proponía cancelar el monto en tres cuotas una vez concluida la Copa Mundial.
Los magistrados José Michilini, Ricardo Basilico y Adrián Grünberg dispusieron que la aseguradora El Surco Compañía de Seguros S.A. deposite el dinero en un plazo de diez días en la cuenta bancaria abierta a nombre del tribunal. La medida se adoptó tras reiteradas intimaciones sin cumplimiento efectivo por parte de la AFA.
El origen de los fondos
El dinero había sido secuestrado durante allanamientos ordenados por la jueza María Servini en cajas de seguridad de los bancos Santander Río y HSBC, pertenecientes a la Fundación El Futbolista y a Futbolistas Argentinos Agremiados.
Según la investigación, esos fondos provenían de transferencias realizadas por la AFA en cumplimiento de un convenio que establecía el giro del 2% de los ingresos brutos recibidos del Estado por la televisación de los partidos. Posteriormente, por resolución judicial, el dinero fue entregado a la AFA en calidad de depositaria judicial.
Tras la sentencia absolutoria dictada el 5 de diciembre de 2025, que también ordenó levantar diversas medidas cautelares, el tribunal comenzó el proceso para recuperar esos fondos y cursó la primera intimación formal el 13 de marzo de 2026.
La propuesta de la AFA y el rechazo judicial
Luego de varias intimaciones, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, solicitó autorización para devolver el dinero en tres cuotas después de la Copa Mundial. Como argumento, sostuvo que la entidad recibiría «un pago de al menos U$S 12.500.000 por la participación de la selección argentina».
La propuesta no fue aceptada. El tribunal entendió que existían mecanismos suficientes para garantizar la devolución inmediata de los fondos y resolvió ejecutar directamente la póliza de caución contratada por la entidad.
Durante el trámite, el apoderado Alejo Kufert explicó que la AFA enfrentaba un embargo dispuesto en otra causa vinculada a una presunta evasión tributaria. Sin embargo, tras solicitar informes al juzgado correspondiente, el TOF 1 verificó que esa medida cautelar había sido sustituida precisamente por un seguro de caución, por lo que las cuentas bancarias de la asociación no permanecían afectadas en los términos invocados por la defensa.
Ante esa situación, los jueces volvieron a intimar personalmente a Tapia para que restituyera los fondos. Al no registrarse el cumplimiento dentro del plazo establecido, el fiscal general Miguel Ángel Osorio solicitó una nueva intimación bajo apercibimiento por el eventual delito de depositario infiel.
La respuesta de la defensa fue manifestar «en forma expresa e inequívoca la plena voluntad de cumplimiento», acompañando nuevamente una propuesta de pago diferido que finalmente fue rechazada.
El cierre de la causa Fútbol para Todos
La investigación analizaba una presunta defraudación contra la administración pública mediante el manejo de los fondos que el Estado transfería a la AFA por los derechos de televisación del fútbol argentino.
De acuerdo con la acusación, en lugar de efectuar transferencias bancarias directas a los clubes, la AFA entregaba cheques diferidos y los dirigentes eran inducidos a descontarlos anticipadamente en entidades financieras recomendadas por la propia asociación.
Entre los imputados figuraban ex funcionarios nacionales, ex dirigentes de la AFA, representantes de Futbolistas Argentinos Agremiados, integrantes de la Fundación El Futbolista y empresarios vinculados a la operatoria investigada.
Sin embargo, el TOF 1 declaró la «nulidad del alegato del Ministerio Público Fiscal por haber incumplido su deber legal de formular motivada y específicamente sus conclusiones; por no haber individualizado un hecho delictivo en relación con las personas acusadas; por violación del principio de congruencia y por valoración arbitraria de la prueba producida».
Como consecuencia de esa decisión, todos los imputados fueron absueltos y el tribunal ordenó levantar las medidas cautelares patrimoniales, aunque mantuvo el reclamo para recuperar los fondos que permanecían bajo custodia judicial de la AFA.
