La justicia sobreseyó a Héctor «Yoyo» Maldonado, ex secretario general de Independiente, en la causa por asociación ilícita con la barra brava. La decisión, basada en la anulación de las declaraciones de los barras arrepentidos, anticipa un destino similar para Pablo Moyano. La polémica investigación, que había puesto en el banquillo a la cúpula dirigencial, se desmorona como un castillo de naipes, dejando solo a los líderes de la barra como los únicos condenados.
Se acabó la joda, muchachos. Si bien falta una formalidad, la causa más ruidosa por el presunto vínculo entre una barra brava y un club está a punto de esfumarse. La jueza Mariela Bonafine mandó al freezer la causa contra Héctor «Yoyo» Maldonado, ex secretario general de Independiente, uno de los señalados como cerebro de esta supuesta alianza entre dirigentes y barras.
¿El argumento? Un fallo de la Cámara de Casación provincial que tachó de nulas las declaraciones de los barras que se habían anotado en la lista de «arrepentidos», esos que ahora llaman «imputados colaboradores». Y con esa movida, toda la investigación, que se había armado con distintas pruebas, se vino abajo al estilo selección de Caruso Lombardi.
¿Y ahora qué pasa con Pablo Moyano?
Este fallo que favorece a Maldonado parece ser un presagio de lo que le espera a Pablo Moyano, conocido en los pasillos como «El Salvaje». Su caso todavía está dando vueltas en la Sala Dos de la Cámara, pero después de esta decisión, es casi un hecho que correrá la misma suerte: sobreseimiento definitivo. Así, lo que prometía ser un antes y un después en la relación entre dirigentes y barras, queda reducido a un “y ahora qué” monumental, un calco de como quedó el equipo del Pelado Almeyda cuando se fue a jugar a Mexico.
Pero la cosa no termina ahí. Los únicos que reconocieron su culpa y se comieron una condena de tres años fueron los capos de la barra, como Pablo «Bebote» Álvarez. La moraleja es clara: si vas de soplón con los de arriba, te come el león. Claro está, la causa estuvo embarrada por intereses políticos y hasta con agentes de inteligencia de la AFI metidos en el medio. No fue un ejemplo de transparencia judicial, pero al menos había argumentos de sobra para un debate a fondo en un juicio oral, una oportunidad que ahora se esfumó como un gol de Palermo en el 2005.
Para entender cómo llegamos a este quilombo, hay que retroceder un poco en el túnel del tiempo. En noviembre de 2017, el juez Gabriel Vitali y la fiscal Viviana Giorgi abrieron la causa y metieron en cana a Bebote Álvarez por asociación ilícita. Bebote, que ya estaba preso por apretar a Ariel Holan, el DT de turno, sintió que los Moyano le habían soltado la mano y decidió abrir la boca, contando detalles que complicaban a la dirigencia en su relación con la barra.
Cuando Bebote Álvarez fue condenado por las amenazas a Holan
A partir de ahí, allanamientos y cana para los capos de la barra. Nombres como el «Polaco» Petrov, custodio de Hugo Moyano, Italo Romeo, mano derecha de Bebote, «Carlín» Zambrana, capo de la facción La Pepsi, y Damián Langaronne, el relaciones públicas de la barra, pasaron al protagonismo. Y la mira se puso sobre los dirigentes: Yoyo Maldonado, Noray Nakis y el mismísimo Pablo Moyano, en un escándalo más propio de una telenovela de Cris Morena que de un club de futbol.
El laberinto judicial
Con el tiempo, los acusadores fueron cambiando. Primero fue el fiscal Sebastián Scalera, junto al juez Luis Carzoglio, quien denunció presiones de la AFI para enchironar a Moyano. Después, Carzoglio fue echado por maltrato laboral y llegó la jueza Brenda Madrid. Scalera les ofreció a los barras ser arrepentidos y estos largaron toda la data: cuántas entradas recibían para la reventa, cómo les pagaban los hoteles de 110 dólares en el exterior, quién ponía la plata para los viajes y cómo les daban 2500 carnets gratis.
Con esas declaraciones, Scalera pidió procesar a los dirigentes y les ofreció a los barras un juicio abreviado. Los barras aceptaron, se declararon parte de la asociación ilícita y zafaron con tres años de prisión, que ya habían cumplido. Pero la defensa planteó que el fiscal había cambiado la libertad por las declaraciones y que eso era nulo, como si fuera un partido con 2 arbitros, y que no existía la figura del «imputado colaborador» en la Justicia Provincial.
La jueza Madrid procesó a Maldonado y Nakis, pero sobreseyó a Moyano, generando un escándalo digno de una novela de Pol-K. Para ella, la relación con los barras terminaba en esos dos dirigentes y Moyano no estaba al tanto del asunto. El fiscal apeló, la Cámara lo bancó, Madrid volvió a sobreseerlo, y el fiscal volvió a apelar. Mientras tanto, Nakis aceptó un juicio abreviado para terminar la historia. Maldonado, que se proclamaba inocente, cambió de abogado y contrató a Gastón Marano. Y ahí fue cuando la Casación, en una jugada maestra, dictó el fallo que hizo que la causa se desmoronara: anularon las declaraciones de los barras por lo que no podían ser tomadas como prueba, como si le pidieran a Riquelme tirar un penal con la zurda.
Si la base de la causa es nula, todo lo demás también lo es. El nuevo fiscal del caso, Jorge Grieco, apeló, pero la jueza Bonafine declaró inadmisible el recurso, diciendo que no había pruebas nuevas y que solo ratificaba el trabajo anterior. Conclusión, después de siete años de litigio y mientras vuelve a haber conexión entre barras y dirigentes en el club, no ha pasado absolutamente nada. Una muestra más de que en el fútbol argentino, a veces, la impunidad juega con la misma camiseta que los que están en el poder.
