La congresista peruana Lucinda Vásquez, representante de San Martín e integrante de la bancada Juntos por el Perú, quedó en el centro de la polémica tras la difusión de imágenes donde se la ve en su despacho mientras uno de sus asesores le realiza una pedicura en pleno horario laboral.
El hecho fue expuesto por el programa “Cuarto Poder”, que se emite en la televisión peruana. En las imágenes se observa al empleado Edwar Rengifo —familiar de la legisladora— cortándole las uñas del pie a la congresista mientras ella mantiene una conversación telefónica.
Tareas domésticas en la oficina… y en casa
Además de este episodio, el programa denunció que otro asesor, Willer Sajami, acudió al domicilio de Vásquez para realizar tareas domésticas como cocinar, también durante el horario laboral. Los registros corresponden a fechas de noviembre de 2022 y enero de 2023.
Consultada por la prensa, la legisladora reaccionó con evidente molestia. «Déjenme caminar, por favor, yo no obligo a nadie. Tampoco es voluntario, pregúntenme qué leyes hace la congresista», fue su respuesta ante las cámaras. Ninguno de los asesores implicados ofreció declaraciones.
Piden sanciones y recuerdan el Código de Ética
El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, calificó el hecho de “repudiable” y solicitó que la Comisión de Ética aplique sanciones. Por su parte, José Cevasco, exoficial mayor del Congreso, advirtió que Vásquez podría recibir una inhabilitación de hasta 120 días por permitir que personal contratado realice labores de índole personal.
Cevasco recordó que el Código de Ética del Parlamento exige preservar la imagen institucional y evitar cualquier uso indebido del personal legislativo.
Antecedentes familiares y denuncias previas
Este no es el primer escándalo que envuelve a Vásquez. En mayo, el mismo programa reveló que tres sobrinos de la congresista trabajaban en su oficina, con sueldos de hasta 7.200 soles, a pesar de no contar con títulos universitarios. Además, su hijo Marti Frans Villacorta figuraba como empleado parlamentario, aunque no existía vínculo laboral formal.
En junio pasado, la Comisión de Ética del Congreso aprobó con 11 votos a favor el inicio de una investigación por presunta interferencia en el nombramiento de docentes. La legisladora ha respondido reiteradamente con evasivas y gritos frente a las cámaras.
