La periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash Susy Ysabel Aponte Polo, conocida como “La China Polo”, fue asesinada a tiros durante una actividad de campaña en la ciudad peruana de Caraz, en la provincia de Huaylas. El ataque ocurrió el sábado 19 de septiembre, a pocos días de las elecciones regionales y municipales previstas para el 4 de octubre.
Aponte se encontraba realizando actividades proselitistas en un mercado cuando se produjo el ataque armado. Además de la candidata, otras seis personas resultaron heridas de bala, según la información difundida por las autoridades peruanas.
La investigación permanece abierta y, hasta el momento, no existe una conclusión judicial definitiva respecto del móvil ni de quién habría ordenado el asesinato.
Dos investigados permanecerán detenidos durante 15 días
El Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaylas, con sede en Caraz, dispuso 15 días de detención preliminar contra Luis Iván Obispo Díaz y Ronald José Toro Ardila, investigados por el presunto delito de sicariato en perjuicio de Aponte y por las lesiones provocadas durante el ataque.
De acuerdo con la información judicial difundida en Perú, Obispo Díaz es de nacionalidad venezolana y está señalado como presunto autor de los disparos. Toro Ardila, de nacionalidad peruana, también permanece bajo investigación. La medida se computa desde el 19 de septiembre y se extenderá hasta el 4 de octubre.
Durante ese período deberán avanzar las diligencias destinadas a determinar la responsabilidad que eventualmente corresponda a cada investigado y establecer si existieron otros participantes en la planificación o ejecución del crimen.
Entre las medidas previstas aparecen el análisis de cámaras de videovigilancia, la recolección de evidencias en el lugar del ataque, peritajes y declaraciones de testigos y personas heridas.
La Fiscalía investiga el ataque como presunto sicariato
La investigación atravesó diferentes calificaciones durante sus primeras horas. Inicialmente, el Ministerio Público comunicó la apertura de actuaciones por presunto feminicidio. Posteriormente, el caso fue recalificado y pasó a investigarse como presunto sicariato.
Esta última figura orienta las pesquisas hacia la posibilidad de que el asesinato haya sido ejecutado por encargo, aunque esa hipótesis todavía debe ser probada dentro del expediente.
Las actuaciones buscan no solamente identificar a los responsables materiales, sino también determinar si hubo autores intelectuales, financiamiento o una estructura detrás del ataque.
Las amenazas denunciadas antes del asesinato
Aponte había alcanzado notoriedad en Áncash a través de su actividad periodística y de un programa desde el cual formulaba denuncias públicas. Antes de su muerte había advertido que recibía amenazas. Las autoridades peruanas confirmaron que la candidata había señalado públicamente encontrarse bajo intimidaciones.
Días antes del crimen, Aponte también acusó públicamente al entonces director de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú, general Víctor Revoredo Farfán, de haber «ordenado un atentado» contra ella.
Esa acusación corresponde a una denuncia realizada por Aponte y no equivale a una responsabilidad judicialmente demostrada. La investigación deberá establecer si esas amenazas guardan alguna relación con el asesinato o si el móvil se encuentra en otra línea.
La periodista también había vinculado sus advertencias con denuncias sobre presuntos vínculos entre integrantes de fuerzas de seguridad y organizaciones criminales. Esos señalamientos forman parte del contexto previo al homicidio, pero requieren comprobación independiente por parte de las autoridades.
El crimen ocurrió en plena recta final electoral
Aponte competía por el Gobierno Regional de Áncash en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, convocadas para el domingo 4 de octubre. En esos comicios, los ciudadanos peruanos elegirán gobernadores y consejeros regionales, además de alcaldes y regidores municipales.
Su asesinato ocurrió cuando faltaban aproximadamente dos semanas para la votación y mientras el sistema electoral peruano ya se encontraba desplegando el material necesario hacia las distintas regiones del país.
El homicidio colocó el foco sobre la seguridad de quienes participan del proceso electoral y sobre las amenazas que la propia candidata había denunciado antes del ataque.
Con dos investigados bajo detención preliminar y varias diligencias todavía en desarrollo, la principal incógnita continúa siendo quién ordenó el crimen y cuál fue el móvil. Hasta que la investigación avance, cualquier atribución de responsabilidad más allá de las personas formalmente investigadas permanece como una hipótesis que deberá ser respaldada por pruebas.
