Después del procesamiento por corrupción contra Alberto Fernández, que firmó el juez federal Sebastián Casanello, con un embargo de más de 14.600 millones de pesos, llegó la notificación a la Dirección de Migraciones: el expresidente y otros 31 procesados en la causa Seguros, tienen prohibido salir del país.
Este expediente, que comenzó luego de una investigación del diario Clarín y que instruyó desde un comienzo el juez Julián Ercolini, vio cómo el exjefe de Estado terminó procesado por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. El embargo asciende a 14.634.220.283,68 pesos.
También fueron procesados el broker amigo de Fernández, Héctor Martínez Sosa, y su esposa y exsecretaria María Cantero. Se les atribuyó los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en calidad de partícipes necesarios, y también el incumplimiento de los deberes de funcionario público, con el mismo monto de embargo.
El esquema de recaudación irregular
La acusación inicial contra el exjefe de Estado sostenía que todos los indagados “intervinieron mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre el mes de diciembre de 2019 y el mes de diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en Nación Seguros”.
Los brokers de seguros, sostiene la causa, “con la connivencia de Alberto Fernández, habrían operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora Nación Seguros; como así también en la inclusión de empresas coaseguradoras por parte de esta”.
El monto de las comisiones pagadas durante el gobierno de Alberto Fernández fue de 3.364.522.944 pesos. La justicia determinó que el 68% de ese dinero terminó en manos de Héctor Martínez Sosa, el amigo presidencial y esposo de María Cantero, la exsecretaria privada.
Respecto del expresidente de la Nación, se “verificó no solo un conocimiento de ese cuadro de situación antinormativo, sino un aporte originario tanto como la prestación de un aval o aquiescencia –explícita o implícita, según la ocasión- para que dicho desvío del interés público se materializara”.
El juez Casanello reprochó el involucramiento de Alberto Fernández en la maniobra de corrupción “bajo distintas formas de intervención, creando la situación de riesgo y habilitando el accionar ilícito que se desarrollaría dentro de su amplia esfera de responsabilidad. No hubo solo un pronóstico de probabilidad sino una decisión de construir el riesgo y no imponer barrera alguna al comportamiento infiel”.
La evidencia reunida mostró, además, “que la vinculación entre Fernández, Martínez Sosa y Cantero, tanto en la etapa previa a la asunción del cargo como durante el desarrollo del mandato presidencial, excedió la de una mera relación de amistad o laboral”.
Junto con los multimillonarios embargos trabados, el magistrado determinó la prohibición de salir del país. Así se consignó en el oficio remitido a la Dirección de Migraciones, donde se consignaron las restricciones impuestas a los 32 procesados en este expediente por hechos de corrupción.
La polémica pensión de privilegio
Ante el estado actual procesal del exjefe de Estado, la legisladora porteña Graciela Ocaña presentó un escrito ante la ANSES solicitando que se le retire la pensión de privilegio que percibe por sus dos procesamientos, uno por Seguros y otro por violencia de género.
A la fecha, Alberto Fernández cobra una pensión como expresidente por encima de los 8,8 millones de pesos por mes.
Graciela Ocaña considera que el procesamiento dictado por el juez Casanello inhabilita al exmandatario a continuar percibiendo la pensión honorífica.
A la fecha, las únicas jubilaciones que fueron retiradas son las de Cristina Kirchner, cuando la Cámara de Casación confirmó, en segunda instancia, la sentencia condenatoria del caso Vialidad, y la de Amado Boudou, condenado por el caso Ciccone.
