<div class="semiton-wrapper" data-texto="En un giro digno de una serie de Netflix, pero con menos presupuesto y más trámites burocráticos, el TOF 2, ese que preside el juez Gorini y que ya nos regaló momentos de tensión en el caso Vialidad, decidió que antes de mandar a la señora a purgar su condena hay que hacer un deep dive en los alrededores de su domicilio. Sí, señores, porque no vaya a ser cosa que las palomas de la plaza de Monserrat o el vendedor ambulante de sahumerios pongan en riesgo la seguridad nacional o impidan la correcta ejecución de una pena.
La inspección, solicitada “de la buena leche” por los jueces (o tal vez solo cumpliendo la ley, quién sabe), busca saber todo, pero todo, sobre la calle San José 1111. ¿Hay mucho tránsito? ¿La gente camina rápido o va paseando? ¿Hay kioscos cerca que vendan caramelos o solo cigarrillos sueltos? Detalles cruciales, según parece, para decidir si una ex presidenta condenada por administración fraudulenta puede pasar seis años en su casa en lugar de en una institución penitenciaria.
Y no solo Cristina. Nelson Guillermo Periotti, Raúl Gilberto Pavesi y José Francisco López también están en la misma movida. Todos pidiendo arresto domiciliario porque, claro, una cárcel común… ¡qué ordinario! La justicia, con esa rigurosidad que la caracteriza, está revisando casa por casa, barrio por barrio, para ver si los lugares propuestos cumplen con los estándares mínimos para que un condenado por corrupción cumpla su pena cómodamente.
Mientras tanto, el fiscal Luciani, que parece tener más pedidos de detención que un delivery de pizza en hora pico, insiste en el arresto inmediato. Pero el juez Gorini, con esa paciencia que solo da la toga y el paso del tiempo, le dice: ‘Tranquilo, Diego, que todavía nos quedan cinco días hábiles para que se presenten’. Cinco días hábiles, señores. Suficientes para planear una fuga digna de ‘El Gran Robo del Siglo’ o, más probablemente, para seguir haciendo informes socioambientales. Lo importante es que se presenten, ya sea con una valija llena de ropa o con un informe detallado sobre el pH del agua del barrio. La justicia, lenta pero segura, o al menos lenta.">
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), presidido por el juez Jorge Gorini, dispuso este jueves ampliar el informe socio ambiental del departamento de Cristina Kirchner, el lugar en el que el abogado de la ex presidenta, Carlos Berardi, solicitó que cumpla arresto domiciliario tras la decisión de la Corte Suprema que confirmó la condena a 6 años de prisión por corrupción.
La decisión se adoptó en relación al departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Monserrat, donde permanece la ex vicepresidenta desde el martes cuando la Corte dejó firme la condena por corrupción que pesa sobre ella en el caso Vialidad.
Detalles de la inspección
Según se informó, la inspección requerida es para que se «incluya una descripción de las inmediaciones y del barrio en general, la actividad vehicular y peatonal de la zona”.
Asimismo, se requirió un detalle con las características de las viviendas lindantes y “cualquier otro dato que se estime de relevancia a los fines de poder valorar el cumplimiento de arresto bajo la modalidad domiciliaria en dicho lugar”.
En igual sentido a la inspección ordenada sobre el departamento que sugirió la defensa para que permanezca detenida Cristina, el juez Gorini dispuso ampliar el informe socio ambiental encomendado a la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal sobre los domicilios propuestos por Nelson Guillermo Periotti, Raúl Gilberto Pavesi y José Francisco López que van en igual sentido: evitar una cárcel común.
La medida adoptada por el magistrado se firmó después de pedir la opinión del fiscal general, Diego Luciani, respecto al pedido de morigeración de la pena presentado por el abogado Carlos Beraldi.
El departamento del barrio de Monserrat -propiedad de la inmobiliaria Los Sauces SA, la empresa de la familia Kirchner investigada por lavado de dinero-, fue el domicilio sugerido por Cristina para cumplir la pena de seis años de prisión correspondiente a la condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Argumentos de la defensa
La defensa señaló que alojar a Cristina Kirchner en una institución carcelaria , no es «compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida», en su carácter de ex Jefa de Estado.
En esa misma línea, la defensa consignó que al tratarse de una ex Presidenta de la Nación, cuenta con una custodia permanente a cargo de la Policía Federal Argentina, «que sigue durante las veinticuatro horas del día cualquier tipo de desplazamiento que la nombrada pueda hacer fuera de su domicilio. Ello ratifica la absoluta inexistencia de cualquier peligro».
Por ese motivo, consideró el abogado, que «el uso de tobillera electrónica por parte de nuestra representada deviene completamente innecesario«.
Será el fiscal Luciani quien pondere ahora, todos estos argumentos y dictamine si convalida concederle un arresto domiciliario a Cristina y en tal caso, si la morigeración debería contar con algunos requisitos.
El miércoles por la tarde el representante del Ministerio Público Fiscal, insistió ante el juez Gorini, responsable de la ejecución de la pena, con el arresto inmediato de la ex vicepresidenta, algo que -nuevamente-, fue rechazado por el magistrado.
De esta manera, continúa vigente el plazo de los cinco días hábiles que comenzaron a correr este miércoles desde la notificación de la condena a los nueve acusados, para que se presenten en Comodoro Py.
Para hacer efectiva las detenciones se libró oficio a la Comisaría 1ª de la Policía de la Ciudad con jurisdicción Comodoro Py 2002 para solicitar colaboración a la hora de materializar las detenciones, a medida que las personas condenadas «se apersonen ante este tribunal dentro del plazo conferido y así dar comienzo a la ejecución de sus respectivas penas de prisión».
