En un capítulo que sacude los pasillos de la Casa de Justicia argentina, el Consejo de la Magistratura de la Nación ha dictaminado la cesantía de un funcionario de alto rango. Federico Vincent, quien ostentaba los cargos de subadministrador general y director de Recursos Humanos del organismo, fue desvinculado este martes tras detectarse diversas irregularidades financieras y administrativas que, presuntamente, habrían beneficiado su propio peculio.
La decisión, emanada de la Comisión de Administración y Finanzas, no solo implica el cese laboral, sino que también instruye evaluar la formulación de denuncias penales contra el exfuncionario. Entre las acusaciones más resonantes, se destaca la manipulación de su propio sueldo para reducir el porcentaje de aportes jubilatorios y el cobro de «suplencias» como si fuera un juez, una figura remunerativa que, por su naturaleza, no le correspondía.
La Defensa: Un Abogado de Peso
Para su defensa, Vincent recurrió a un peso pesado del foro: el doctor José Manuel Ubeira. Un nombre que resuena, y fuerte, en los tribunales, ya que es el letrado que representa a la Vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa por el intento de magnicidio. Esta elección, sin duda, añade una capa de interés mediático y político a un caso de por sí complejo.
La trayectoria de Vincent dentro del Poder Judicial es notable. Ingresó como auxiliar en 1996 y, tras la creación del Consejo de la Magistratura, escaló posiciones hasta convertirse en una figura clave. Su poder residía en el manejo del presupuesto y los recursos humanos, una posición que, según la investigación, habría utilizado en beneficio propio. Precisamente, las decisiones tomadas en ese ámbito, hoy lo dejan fuera de la órbita judicial.
Denuncias Adicionales y Sumarios Abiertos
El entramado de acusaciones contra Vincent no se limita a cuestiones económicas. Paralelamente, existe una denuncia por presunto acoso sexual por parte de una empleada. Este señalamiento agrega una dimensión aún más delicada al caso, poniendo en tela de juicio no solo su probidad administrativa, sino también su conducta personal.
La determinación de cesantear a Vincent fue respaldada por los integrantes de la Comisión de Administración Financiera, presidida por Sebastián Amerio, Viceministro de Justicia y representante del Ejecutivo Nacional. La resolución fue notificada a todos los consejeros, marcando un precedente en la gestión interna del Consejo.
A fines del año pasado, el Consejo de la Magistratura ordenó una investigación exhaustiva sobre Vincent. Un equipo de auditores avanzó en el análisis, con rondas de declaraciones e informes. A la fecha, se abrieron seis expedientes en su contra, cada uno detallando desmanejos distintos.
Entre los sumarios, se destaca la modificación del porcentaje de descuento jubilatorio a su favor. Siendo máxima autoridad de la Administración General (por vacancia de su titular) y Director General de Recursos Humanos, Vincent habría ordenado a sus subordinados modificar un descuento jubilatorio histórico que se aplicaba a su sueldo. Esto, según la auditoría, le generó un incremento de $6.932.807 al mes de mayo de 2024. La maniobra, sin procedimiento, sin excusación, y sin dictamen jurídico que la avalara, fue considerada un acto arbitrario. En lugar del 18% de retención jubilatoria que corresponde a los funcionarios judiciales, se habría autodescontado un 11% con tope. Este hecho también involucró la investigación de Martín Culaciati, segundo de Vincent en la Dirección de Recursos Humanos.
Otra de las graves acusaciones tiene que ver con haber facilitado que dos agentes judiciales eludieran el pago de cuotas alimentarias. Según la investigación, Vincent les habría liquidado horas extras en recibos distintos, sin causa válida para ello. El Cuerpo de Auditores consideró que Vincent, a cargo de la Dirección General de Recursos Humanos, tuvo un «manejo arbitrario y discrecional de la oficina,» tomando decisiones que «podrían perjudicar a terceros,» incluyendo a menores, y afectando la transparencia del Consejo, lo que es contrario a los principios de ética pública.
La lista de irregularidades también incluye el cobro indebido de un suplemento por subrogancia. Desde marzo de 2020 hasta fines de abril de 2022, Vincent habría percibido sumas por subrogancia como Director General de Recursos Humanos, lo que representaba un 33% adicional de su salario. Luego, hasta febrero de 2024, percibió el mismo porcentaje con el cargo de Secretario Letrado de la Corte Suprema. Sin embargo, las subrogancias están previstas para jueces ocupando cargos vacantes, y la acusación señala que no hubo disposición administrativa que avalara el cobro de este suplemento, ni pasó a tener el cargo de secretario de Corte que justificara tal decisión en su beneficio.
Finalmente, Vincent también es investigado por haberse arrogado la representación judicial del Consejo de la Magistratura en un juicio de desalojo iniciado contra el organismo. Se presentó en el expediente y solicitó una audiencia de «urgencia» sin contar con las facultades para ello, y posteriormente, presentó una «propuesta económica» a la parte actora. Un final, parece, con más capítulos por escribir.
