Los gobernadores, en un estado de alerta palpable ante la dramática caída de la recaudación provincial y la disminución de las transferencias desde la Nación, han convocado a una reunión crucial el próximo martes en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI).
El encuentro, formalmente denominado “Nuevas fuentes de financiamiento para el desarrollo de una infraestructura federal”, tiene como objetivo central analizar la delicada situación de las arcas provinciales y explorar alternativas para mitigar el impacto de la retracción económica. Se espera que el CFI presente nuevas herramientas de financiamiento para obras públicas, un sector particularmente afectado por los recortes.
Si bien la lista definitiva de asistentes aún no ha sido confirmada, se ha extendido la invitación a los 23 gobernadores provinciales y al jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri. A pesar de la diversidad de alineamientos políticos, que dificulta la elaboración de un documento conjunto, no se descarta una fotografía que simbolice una mínima unidad en la preocupación compartida. Fuentes cercanas a la Casa Rosada se apresuran a aclarar: “No es una cumbre anti Javier Milei”.
Según datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), durante el mes de mayo la Nación giró al consolidado de provincias y CABA una suma de $5.567.000. Descontando el efecto inflacionario del periodo, esto representa una baja real del 23,3% en comparación con el mismo mes del año anterior.
Una provincia de la región central del país confió a Clarín que, efectivamente, la comparación interanual de las transferencias nacionales en mayo les arrojó una caída del 26%.
Además, entre los gobernadores circula un informe de la Comisión Federal de Impuestos que proyecta una caída adicional del 4,2% en las transferencias automáticas por coparticipación durante 2025, loque equivaldría a una pérdida de casi $2.5 billones, el 0,3% del PBI.
La Pampa y Santa Fe serían las provincias más afectadas, con caídas proyectadas del 6%. La mayoría de las jurisdicciones orbitarían entre el 3,5% y 4% de caída, mientras que CABA experimentaría el menor impacto, con un 2%.
El gobernador pampeano Sergio Ziliotto expresó su preocupación esta semana, señalando: «El gobierno nacional, por decisión unilateral, modificó el cálculo de la coparticipación automática. Esto crea un desfasaje muy grande. Hoy no sabemos si los anticipos llegarán antes del pago de aguinaldos”, en referencia a los cambios en el adelanto de Ganancias y la postergación de las declaraciones juradas de grandes empresas.
Desde la Casa Rosada, consultados por Clarín, manifestaron sorpresa y aseguraron que en las recientes reuniones de los mandatarios con el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, «ninguno planteó el tema».
El IARAF atribuye la baja en la coparticipación neta al «el mal desempeño de la recaudación del impuesto a las ganancias y el descenso de recaudación de IVA«, tributos sensibles a la actividad económica y el consumo, y que se contraen significativamente en un contexto de reducción de la inflación, fenómeno que se observa en el presente año.
Durante la discusión del Presupuesto el año pasado -finalmente prorrogado por decreto-, el Gobierno se había negado a ceder a los reclamos de fondos provinciales, argumentando un crecimiento esperado de la economía que se traduciría en una mayor recaudación para todas las jurisdicciones. Sin embargo, los mandatarios aseguran que la reactivación no se materializa al ritmo esperado en sus distritos.
Una recuperación lenta de los niveles de consumo impacta negativamente sobre la recaudación de IVA -impuesto coparticipable-, que según el informe mencionado, presentó una caída del 1.9% durante abril ajustada por IPC, inmersa en una economía que, de acuerdo a las proyecciones, crecería en torno al 5% .
El Gobierno les propone ahora sumarse al plan para «sacar los dólares del colchón». El Ministerio de Economía argumenta que el «blanqueo» de divisas impulsará la actividad, elevando la recaudación de impuestos coparticipables e Ingresos Brutos provinciales.
Dos gobernadores peronistas, el catamarqueño Raúl Jalil y el tucumano Osvaldo Jaldo, ya adhirieron al plan anunciado por Luis Caputo. Casi la totalidad de los demás mandatarios reconocen que también se sumarán, argumentando conveniencia fiscal.
Las finanzas provinciales se componen de recursos propios -principalmente Ingresos Brutos, Inmobiliario, Automotor y Sellos- y recursos tributarios de origen nacional, mayoritariamente por coparticipación.
La masa coparticipable se integra fundamentalmente por Impuesto a las Ganancias, IVA, impuestos internos coparticipables y otros tributos menores.
Por ello, las decisiones de política tributaria del gobierno central -como la modificación del cálculo de anticipos de Ganancias para Sociedades y el diferimiento de la actualización del Impuesto a los Combustibles- son señaladas como factores adicionales que complican las finanzas provinciales, más allá del impacto lógico derivado de la caída inflacionaria.
El mes pasado, Francisco De Vita, ministro de Economía de Tierra del Fuego -provincia particularmente afectada por la baja de aranceles-, detalló: «En enero recaudamos $53 mil millones y otros $31 mil millones de coparticipación provincial. En el mes de marzo recaudamos $43 mil millones de coparticipación nacional y $25 mil millones de coparticipación provincial. Esto nos hizo perder $16 mil millones del total de recursos que tenemos, es decir un 20%».
Respecto a las obras públicas -un reclamo constante de los mandatarios-, se insiste en la necesidad de reanudar las transferencias acordadas con Nación al inicio de la gestión para que los gobernadores puedan asumir la responsabilidad y finalizar las obras ya iniciadas.
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, adelantó su intención de acudir a la Justicia para reclamar por este mismo motivo. «Estamos buscando un ámbito judicial que nos permita encontrar una salida; no solo para el mantenimiento sino también para la solución definitiva. La única herramienta que nos queda es la vía judicial, para que asuman de una vez por todas las responsabilidades. Ya sea para transferirle a las provincias o para hacerlos ellos mismos», sentenció.
«En las cuestiones de vialidad nacional, las provincias no pueden intervenir», plantean desde una provincia del litoral. «Es sostenido el reclamo para que corten el pasto y arreglen las banquinas», sentencian, por otro lado, desde una provincia de la región central del país.
