Rebelión en los Tribunales: Jueces Civiles Desafían a la Corte Suprema
Un plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil ha manifestado su intención de desconocer una orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, emitida en diciembre pasado. El fallo en cuestión obliga a los jueces nacionales a remitir sus apelaciones al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Esta postura de la Cámara Civil refleja una resistencia a la jurisdicción porteña y genera una inusual tensión entre ambos poderes judiciales.
La Corte Suprema, que se reunirá este jueves, podría emitir un nuevo pronunciamiento para reforzar su decisión, similar a lo ocurrido en el Caso Levinas. En dicho caso, la Corte ya había establecido que el Tribunal Superior porteño sería la instancia de alzada para los jueces de fueros nacionales. Si bien desde la Corte se minimiza la declaración de la Cámara Civil, calificándola de «administrativa» y no judicial, la situación plantea un desafío a la autoridad del máximo tribunal.
Antecedentes de un Conflicto latente
En 2022 se presentó una situación similar con la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, también afectada por el Fallo Levinas. En esa ocasión, la Cámara del Trabajo emitió un acta que establecía un método para calcular los intereses en juicios laborales. Este método, que capitalizaba los intereses de forma periódica, resultaba en indemnizaciones considerablemente mayores para las empresas demandadas. La Corte Suprema, en febrero de 2024, anuló dicha acta al fallar en el Caso Oliva, revocando el cálculo de una indemnización y dejando sin efecto el procedimiento establecido por la Cámara del Trabajo.
Un futuro Incierto
El actual conflicto entre la Cámara Civil y la Corte Suprema se desarrolla en un contexto particular: la Corte Suprema se encuentra con solo tres jueces, tras la jubilación de Juan Carlos Maqueda. Además, considerando la disidencia de Carlos Rosenkrantz en el Caso Levinas, es posible que en una nueva decisión se requiera la intervención de conjueces provenientes de las Cámaras Federales. La posibilidad de que la Cámara Civil se niegue a acatar la orden de la Corte Suprema abre un escenario de incertidumbre jurídica y un posible enfrentamiento entre ambos tribunales.
