El Gobierno nacional, en un movimiento estratégico que combina la reasignación de inmuebles estatales con la urgencia de dotar de infraestructura a la Justicia Federal, entregará un predio de 5 mil metros cuadrados ubicado dentro de la ex Escuela de Mecánica de la Armada Argentina (ESMA) a los fiscales federales. La decisión se presenta como una respuesta directa al reclamo de mayores recursos por parte del Ministerio Público, ante la inminente implementación del sistema acusatorio en agosto próximo.
«Los espacios que antes eran destinados a programas ideológicos, ahora servirán en la lucha contra la inseguridad», declaró Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia de la Nación, al justificar el traspaso de los inmuebles. La medida se inscribe, además, en el contexto de ajustes significativos en el área de Derechos Humanos, cuya estructura fue recientemente degradada a subsecretaría.
La demanda de los fiscales federales por la cesión de más recursos se había intensificado en las últimas semanas. A comienzos de mes, un conjunto de nueve fiscales, entre ellos Carlos Stornelli, Gerardo Pollicita, y Guillermo Marijuan, habían advertido en una carta pública que la falta de dotación de medios para la nueva etapa procesal podría generar una situación de «caos, y el caos será impunidad para los corruptos».
La nueva etapa: sistema acusatorio
El sistema acusatorio, cuya entrada en vigencia está prevista para el 11 de agosto, transferirá el eje de la investigación judicial de los jueces a los fiscales. Este nuevo esquema busca agilizar los procesos, priorizando la oralidad y reduciendo la carga de expedientes escritos.
Según información proporcionada por el Ministerio de Justicia, el predio cedido a los fiscales se trata de un edificio con una superficie de 5 mil metros cuadrados distribuidos en tres niveles. Contará con veinte despachos privados y capacidad para albergar hasta 350 puestos de trabajo. Adicionalmente, dispondrá de un auditorio, comedor, cocina y estacionamiento propio.
«Asumimos el compromiso de darle a la Justicia las herramientas para que pueda meter presos a los delincuentes y estamos cumpliendo», afirmó Sebastián Amerio, secretario de Justicia.
Se ha especificado que el edificio entregado a los fiscales se encuentra adyacente a la sede que ocupa la Subsecretaría de Derechos Humanos. Aclararon desde la cartera ministerial que se trata de un edificio que «estaba a medio hacer y lo terminamos», desmintiendo así que las oficinas provengan de espacios previamente ocupados por organizaciones o radios militantes dentro del predio de la ex ESMA.
La entrega de este inmueble responde a uno de los pedidos más complejos y económicamente significativos planteados por los fiscales federales. Además del predio, se prevé la entrega de computadoras, equipos técnicos forenses especializados en extracción de datos telefónicos y diez salas de audiencias equipadas con tecnología de última generación. Parte de la dotación de recursos también recaerá en la Ciudad de Buenos Aires, que cogestiona el predio de la ex ESMA junto con la Nación y organismos de Derechos Humanos.
La decisión de ceder este espacio a los fiscales se dio a conocer días después de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunciara la reducción de la jerarquía de la Secretaría de Derechos Humanos a rango de subsecretaría.
Adorni informó en su momento que la medida implicaba un «recorte del 40% de la estructura y el 30% del personal» del área, estimando un «ahorro de 9 mil millones de pesos» anuales. Sostuvo que «La cartera de Derechos Humanos se va a encargar de garantizar todos los derechos humanos y no defender un sector ideológico partidario».
En abril, el Ministerio de Justicia ya había dispuesto la suspensión de pagos para el mantenimiento y funcionamiento del Espacio para la Memoria y Defensa de los Derechos Humanos. En respuesta a estas medidas, diversos organismos de DD.HH. y organizaciones sindicales han convocado a una movilización para el próximo viernes, bajo la consigna «por la memoria, la verdad, la justicia y los derechos humanos».
