Larretismo vs. Aleatoriedad: La Justicia Electoral Desestima el Reclamo
El Tribunal Electoral de la Ciudad de Buenos Aires rechazó el recurso presentado por «Volvamos Buenos Aires», el espacio liderado por Horacio Rodríguez Larreta, que buscaba impugnar la disposición del Instituto de Gestión Electoral (IGE) sobre la visualización aleatoria de las agrupaciones políticas en las boletas electrónicas para las elecciones del 18 de mayo.
La presentación, realizada por el legislador Claudio Romero y Diego García Vilas, apoderados del espacio, argumentaba que la aleatoriedad contradecía los artículos 115° y 116° del Código Electoral porteño. Según su perspectiva, el sorteo realizado el 7 de abril para definir el orden de las agrupaciones en la vía pública y otras instancias debía aplicarse también a las boletas electrónicas. El hecho de que Rodríguez Larreta hubiese obtenido el primer lugar en dicho sorteo, evidentemente, les parecía un argumento de peso.
«No Hay Agravio Que Lesione Sus Derechos»: El Fallo del Tribunal
Sin embargo, el Tribunal Electoral no encontró méritos en la queja del larretismo. En su fallo, la Justicia argumentó que la presentación «no evidencia de manera explícita ni implícita cuál es el agravio, gravamen o afectación que genera en los derechos» de la alianza.
Para el Tribunal, el planteo carecía del «rigor suficiente» para demostrar una lesión concreta más allá de una simple «desaprobación del mecanismo». Incluso subrayó que la agrupación «no explica -ni mucho menos logra someramente plantear- qué derechos vería conculcados» con la aleatoriedad en la presentación de la oferta electoral. En resumen, el Tribunal desestimó el recurso por considerarlo abstracto y basado en un control de mera legalidad, no en una afectación real de derechos.
Una Década de Boleta Única Electrónica en la Ciudad
Mientras tanto, el sistema de Boleta Única Electrónica, implementado por primera vez en la Ciudad en 2015, se prepara para cumplir diez años. La empresa Grupo MSA, única oferente en la licitación, estará a cargo del sistema tras firmar un contrato por casi US$ 22 millones, según lo publicado en el Boletín Oficial por el IGE.
