¿Libertad de expresión o impunidad disfrazada? 114 detenidos por los incidentes en el Congreso fueron liberados. La jueza Andrade consideró que se vulneraron sus derechos constitucionales. ¿Será que manifestarse ahora incluye arrojar piedras? Habrá que preguntarle al diccionario de la RAE (Real Academia Española, para los despistados).
La falta de información detallada sobre las detenciones, según la jueza, fue clave para la liberación. Pareciera que ahora es más fácil zafar de la justicia que conseguir un turno en el médico.
Mientras tanto, los policías que resultaron heridos se preguntan si ellos también tienen derecho a manifestar… su indignación.
Liberados tras los incidentes en el Congreso: La jueza Andrade cuestiona las detenciones
Luego de los enfrentamientos entre manifestantes y la policía en las inmediaciones del Congreso de la Nación, 114 detenidos fueron liberados en la madrugada del jueves. La decisión fue tomada por la jueza Karina Andrade, titular del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas 15 de la Ciudad de Buenos Aires, quien argumentó que las detenciones «afectan derechos constitucionales fundamentales, como el derecho a la protesta, la manifestación en democracia y la libertad de expresión».
Falta de información y «derechos vulnerados»
En su fallo, la magistrada cuestionó la falta de precisión en la información brindada sobre las circunstancias de las detenciones. Andrade señaló que «se dejaron de brindar detalles sobre la hora y lugar en el que ocurrió la detención», y que «no se informaron, en la mayoría de los casos, el lugar donde se realizó la detención, aludiendo en forma genérica a ‘los hechos del Congreso de la Nación’». Esta falta de claridad, según la jueza, dificultó la tarea de determinar la validez de las detenciones y la posible comisión de delitos específicos.
La liberación de los 114 detenidos generó controversia y reabrió el debate sobre los límites entre el derecho a la protesta y la violencia. La decisión de la jueza Andrade será analizada en profundidad por las instancias judiciales superiores, mientras se espera que el Ministerio Público fiscal apele la medida.