En un movimiento que generó un auténtico sismo en la arena política nacional, el presidente Javier Milei, con la autoridad que le confiere su cargo, concretó el veto a la Ley de Emergencia para Bahía Blanca, una normativa vital gestada en el Congreso para auxiliar a la ciudad bonaerense tras la desastrosa tormenta de diciembre. La reacción no se hizo esperar: desde el Senado ya blanquean su intención de insistir con el proyecto, una jugada que requerirá de los preciados dos tercios de los votos para concretarse. El precedente es auspicioso para los legisladores: en la cámara alta, la ley fue aprobada por unanimidad, un dato que no es menor.
Desde la Casa Rosada, el argumento esgrime una supuesta «superposición» de esta legislación con la asistencia económica que el Ejecutivo ya habría canalizado hacia Bahía Blanca. Sin embargo, en los pasillos del Congreso, los senadores, armados de cifras y argumentos, desmienten categóricamente esta afirmación. Explican que el rol del Poder Legislativo fue simplemente dotar de un marco legal a la ayuda, ampliando su alcance y, lo más crucial, estableciendo mecanismos de control y transparencia para el uso de los fondos. Una oda a la rendición de cuentas, dirían algunos.
Un proyecto con historia y desafíos a futuro
El texto en cuestión, que prevé la creación de un fondo especial de $200 mil millones destinado a la ayuda y reconstrucción de la ciudad portuaria, nació de una iniciativa consensuada por los tres senadores bonaerenses: Juliana Di Tullio y Eduardo «Wado» de Pedro, ambos pilares del kirchnerismo, y el radical Maximiliano Abad. Su tránsito por las comisiones fue un paseo triunfal, y en el recinto del Senado, la aprobación fue tan contundente que hasta los legisladores de La Libertad Avanza dieron el visto bueno. La ley tomó forma definitiva a principios de mes, tras recibir la luz verde en la Cámara de Diputados, donde, curiosamente, los libertarios sí mostraron su disenso con 32 votos en contra, aunque fueron superados por los 153 afirmativos. Una victoria legislativa efímera, como se vio.
Dado que el Senado fue la cámara de origen del proyecto, es allí donde la cruzada por la insistencia debe iniciar. Abad ya marcó el terreno públicamente. «Tenemos a nuestro favor la fuerza parlamentaria, los argumentos y el sentido común para sostener un marco legal fruto de un gran acuerdo multipartidario, que representa una respuesta institucional ante una situación catastrófica», declaró el radical, enfatizando que «vamos a sostener la ley 27.790 en el Congreso Nacional, porque defender la institucionalidad es la mejor manera de ayudar a Bahía Blanca». Un mensaje claro, directo y con un guiño a la patria.
Allegados a Di Tullio, quien sin pelos en la lengua tildó al gobierno de «desalmado y cruel», confirmaron que la presión para insistir será implacable. Aunque dan por sentado que los libertarios, en esta nueva vuelta, no acompañarán, consideran un «papelón» que otras bancadas den un paso al costado y apuestan a que la coherencia primará. Unión por la Patria cuenta con 34 senadores. Si la disciplina partidaria los acompaña, necesitarían 14 apoyos adicionales para alcanzar los dos tercios. La UCR, con sus 13 bancas, podría ser el socio ideal. Si el bloque de Eduardo Vischi se suma en conjunto, sólo les faltaría un voto, que podría provenir de las bancadas federales o incluso del PRO. La pelota, como siempre, está en el tejado de los más cercanos al oficialismo.
El intendente en la tormenta y la defensa del veto
Mientras tanto, desde Bahía Blanca, el intendente Federico Susbielles no se queda de brazos cruzados. Anunció su intención de comunicarse directamente con Javier Milei, en un gesto que busca desactivar la tensión. «Confío en la palabra que el gobierno nacional ha dado a través del presidente de la Nación, de que el Gobierno iba a ser parte de la reconstrucción de la ciudad y que iba a seguir acompañando a Bahía Blanca», declaró en conferencia de prensa. Aunque también fue categórico al señalar que «la reconstrucción de la ciudad no empezó» y que «Bahía y sus vecinos tienen derecho a renacer, a que la ciudad tenga un mejor futuro. El veto no puede significar el cierre del capítulo». Un llamado a la sensatez en medio de la tempestad.
En el frente oficialista, el vocero presidencial Manuel Adorni fue el encargado de justificar el veto. Señaló que en abril el Gobierno ya asignó $200 mil millones «para ayudar de manera directa los damnificados» y que ahora «la casta política pretende hacer política con la tragedia aprobando en el Congreso un proyecto que se superpone con los recursos ya transferidos.» Un argumento esgrimido con la vehemencia habitual del portavoz, intentando desinflar cualquier intento de protagonismo legislativo.
Sin embargo, los senadores, lejos de achicarse, redoblan la apuesta y explican que lo único que hizo el Congreso fue dotar de rango de ley a aquello a lo que el propio Gobierno se había comprometido. «La ley no se superpone con el decreto 238/25 del Poder Ejecutivo: tiene mayor jerarquía constitucional y un alcance más amplio, porque no se ocupa sólo de las urgencias sino de soluciones estructurales. El Fondo Especial está pensado para reconstruir infraestructura pública dañada y reactivar el circuito económico local, dos puntos que no están previstos en el decreto del Gobierno Nacional», detalló el radical Abad, marcando una clara diferencia entre la emergencia y la reconstrucción profunda.
Además, Abad resaltó que la Ley de Emergencia contempla un «control parlamentario sobre las acciones implementadas por el Poder Ejecutivo». «No estamos dispuestos a resignar la rendición de cuentas y la transparencia, dos aspectos centrales de la democracia representativa», sentenció, dejando en claro que la fiscalización de los fondos no es negociable.
En la misma línea se expresó Di Tullio: «No solo no se duplica sino que pusimos el monto que el gobierno destinó. Solo se le agregó que si es menos, se dará menos y si demanda más dinero tendrán que poner más dinero. No puede ser algo arbitrario de un Gobierno sino una ley que se cumpla. Ponemos además que hay que auditar los fondos que se manden y hay una serie de beneficios legales para los afectados». Un baño de realidad para quienes creen que las decisiones pueden tomarse a la ligera y sin control.
Desde el kirchnerismo, la acusación fue aún más directa: denunciaron el veto al fondo para Bahía «el mismo día que se aumenta el presupuesto para pagar servicios de deuda». El Partido Justicialista bonaerense, fiel a su estilo combativo, emitió un comunicado lapidario titulado «Fuertes con los débiles, débiles con los poderosos», que resonó en las redes sociales como un eco de la contienda política.
Fuertes con los débiles, débiles con los poderosos
Javier Milei, Guillermo Francos, y Patricia Bullrich firmaron el Decreto 424/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial que veta la Ley 27.790 sancionada el 5 de junio pasado.
¿Qué implicaba esa ley? La creación de un fondo de…
— PJ Provincia de Buenos Aires (@BonaerensePJ) June 24, 2025
