La investigación por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) incorporó un nuevo testimonio que vuelve a dirigir la atención hacia los niveles superiores del poder político. Nadia Beller, expareja del consultor Fernando Cerimedo, declaró desde Bolivia ante el fiscal federal Franco Picardi y ratificó parte de las acusaciones que había formulado públicamente. También manifestó su disposición a entregar registros y documentación almacenados en su teléfono para que sean analizados por la Justicia argentina.
La declaración fue realizada mediante videoconferencia desde Bolivia. Beller compareció como testigo luego de haber asegurado públicamente que poseía información relacionada tanto con las presuntas irregularidades investigadas en ANDIS como con la difusión de los audios atribuidos al exdirector del organismo Diego Spagnuolo.
El señalamiento que alcanza a Karina Milei
Uno de los puntos de mayor impacto político surgió cuando Beller relató lo que, según su testimonio, le habría manifestado Cerimedo acerca de las presuntas irregularidades. La testigo declaró: “Cerimedo me dijo que toda la corrupción estaba canalizada por la hermana del Presidente (Javier) Milei”.
Sin embargo, la propia Beller reconoció que su conocimiento sobre esos hechos era referencial. No pudo especificar pagos, montos ni maniobras concretas vinculadas con Karina Milei. Por ese motivo, el señalamiento constituye una declaración incorporada al expediente y no acredita por sí mismo responsabilidad penal alguna de la secretaria general de la Presidencia.
El alcance probatorio de sus afirmaciones dependerá ahora de la posibilidad de respaldarlas mediante evidencia independiente. En ese punto aparece uno de los elementos que podrían resultar relevantes para la investigación: las conversaciones que Beller afirmó haber grabado durante su relación con Cerimedo.
La testigo puso a disposición de las autoridades argentinas información almacenada en su teléfono, actualmente bajo intervención de la Justicia boliviana en el marco de otras investigaciones. La eventual remisión del material a la Argentina dependerá de los mecanismos de cooperación judicial correspondientes y, una vez incorporado, deberá atravesar los análisis necesarios para determinar su autenticidad y contenido.
Los audios de Spagnuolo y la investigación sobre su origen
Otro de los ejes del testimonio estuvo relacionado con las grabaciones atribuidas a Diego Spagnuolo que expusieron públicamente el supuesto circuito de pagos ilegales dentro del organismo. Beller sostuvo que Natalia Basil, exfuncionaria de ANDIS y expareja de Cerimedo, habría participado en la filtración de esos registros. Ese señalamiento también permanece bajo investigación y deberá ser corroborado.
En paralelo, la Justicia mantiene abierto el análisis técnico sobre 58 archivos de audio atribuidos a Spagnuolo. La pericia fue encomendada a especialistas de la Gendarmería Nacional y busca establecer aspectos vinculados con el origen, la integridad y las voces presentes en las grabaciones.
Los análisis forenses realizados sobre parte del material detectaron cortes y ediciones en algunos registros, además de voces diferentes de la atribuida al exdirector de ANDIS. La Cámara Federal porteña respaldó la continuidad del peritaje y rechazó planteos destinados a suspenderlo.
La determinación científica sobre las voces adquirió especial relevancia dentro del expediente. La Justicia dispuso que Spagnuolo aportara una muestra indubitable para realizar comparaciones, aunque durante el desarrollo de los estudios surgieron diferencias técnicas entre los especialistas respecto de la aptitud de determinados archivos para efectuar ese cotejo.
Una causa con 19 procesados
La investigación judicial, mientras tanto, avanzó más allá de la controversia generada por las grabaciones. La Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Diego Spagnuolo y de otras 18 personas en la causa que investiga presuntas irregularidades relacionadas con contrataciones y adquisición de medicamentos dentro de ANDIS.
La resolución fue adoptada por los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico, quienes respaldaron en términos generales los procesamientos que habían sido dictados previamente en primera instancia.
A Spagnuolo se le atribuyen los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública y cohecho pasivo. Además, dentro de la investigación se le atribuyó el rol de jefe de una presunta asociación ilícita.
La hipótesis investigada sostiene que funcionarios y particulares habrían intervenido en un esquema destinado a favorecer determinadas contrataciones dentro del organismo mediante presuntos direccionamientos, sobreprecios y pagos indebidos. Los procesamientos no constituyen condenas y las responsabilidades penales definitivas deberán establecerse durante las siguientes etapas del proceso judicial.
El expediente se encuentra actualmente bajo la intervención del juez federal Ariel Lijo, subrogante del Juzgado Federal N.º 11, mientras que la investigación es impulsada por el fiscal Franco Picardi.
La declaración de Beller incorpora una nueva línea al expediente, pero su peso dependerá de la evidencia que pueda respaldar sus afirmaciones. Los registros almacenados en su teléfono, el análisis de los audios atribuidos a Spagnuolo, las contrataciones realizadas dentro de ANDIS y los movimientos económicos investigados aparecen entre los elementos que deberán ser examinados para reconstruir el eventual funcionamiento del esquema.
Con 19 personas procesadas, la investigación ya cuenta con decisiones judiciales respecto de un grupo de exfuncionarios, empresarios e intermediarios. Los señalamientos que alcanzan a otras figuras del Gobierno se encuentran en una situación diferente: deberán ser corroborados mediante pruebas independientes antes de que pueda determinarse si tienen consecuencias judiciales.
