La denuncia por presuntas irregularidades en la compra y utilización de alimentos destinados a la Quinta Presidencial de Olivos sumó la explicación pública de Javier Milei. Durante una entrevista con Luis Majul, el Presidente rechazó las acusaciones y sostuvo que las compras deben analizarse considerando la cantidad de personas que son alimentadas en dependencias presidenciales.
En su respuesta, Milei habló de “casi 300 personas” y descartó que los volúmenes cuestionados constituyan una irregularidad. La declaración introdujo un nuevo elemento en una controversia que ya llegó a la Justicia a partir de una presentación de la diputada nacional Marcela Pagano.
La explicación presidencial, sin embargo, no permite por sí sola cerrar los interrogantes planteados en la denuncia. Para hacerlo será necesario determinar documentalmente cuántas personas eran efectivamente abastecidas, qué cantidad de mercadería fue solicitada y entregada y cuál fue su destino.
Hasta el momento, las irregularidades denunciadas no fueron acreditadas judicialmente. La hipótesis de un eventual desvío de alimentos permanece precisamente como uno de los puntos que deberán ser investigados.
29.505 kilos previstos y la cifra de Olivos
Uno de los ejes principales del caso está en los documentos correspondientes a las contrataciones de alimentos. Una licitación oficial contempló, bajo la modalidad de compra abierta, 29.505 kilos de carne vacuna, pollo, cerdo, achuras y pescado para un período de seis meses, destinados conjuntamente a Casa Rosada y la Quinta de Olivos.
De ese total, 20.370 kilos correspondían a Casa Rosada y 9.135 kilos a Olivos. Dentro de lo previsto para la residencia figuraban, entre otros productos, 2.160 kilos de pollo entero, 1.200 kilos de paleta, 900 kilos de nalga para milanesa, 2.100 kilos de roast beef y 540 kilos de bondiola de cerdo.
Tomados sobre un período de seis meses, los 9.135 kilos representan un promedio cercano a 50 kilos diarios. Pagano utilizó ese volumen como uno de los elementos de su denuncia y sostuvo que equivaldría aproximadamente a 36.500 raciones.
Sin embargo, existe una precisión determinante para interpretar esos números: se trata de cantidades máximas contempladas en una contratación bajo la modalidad de compra abierta. Los pliegos, por sí mismos, no permiten establecer que los 9.135 kilos hayan sido efectivamente solicitados, entregados, recibidos o consumidos en la Quinta.
Por ese motivo, la afirmación presidencial sobre las “casi 300 personas” adquiere relevancia para la investigación, pero requiere ser contrastada con documentación. El punto será establecer quiénes integran esa cifra, con qué frecuencia concurrían o trabajaban en las dependencias involucradas y cuántas personas recibían efectivamente alimentación.
Durante la entrevista, Milei descartó la denuncia por el presunto desvío y vinculó las compras con la alimentación de casi 300 personas entre la Quinta y Casa Rosada.
El catering privado, otro eje de la denuncia
La presentación realizada por Pagano no se limita a cuestionar las cantidades previstas. También solicita investigar si alimentos adquiridos con fondos públicos pudieron haber sido utilizados por un emprendimiento privado de catering vinculado con personas que cumplían funciones en la residencia presidencial.
La denuncia apunta, entre otras personas, a María Belén Agudiez, exsubsecretaria de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia; Osvaldo Sosa, exintendente de la Quinta; y Analía Agudiez, quien estaba vinculada con la cocina de Olivos. La presentación menciona además al emprendimiento de catering “Pancitos Caseros”.
Entre los elementos incorporados aparecen documentos vinculados con servicios privados de catering. La presentación busca determinar quién prestó esos servicios, qué personal participó, cómo fueron financiados y, principalmente, si se utilizaron alimentos u otros recursos pertenecientes al Estado.
La existencia de esos documentos y los vínculos señalados no acreditan por sí mismos un desvío de mercadería pública. Para establecerlo será necesario reconstruir el circuito de las compras y comprobar si los productos efectivamente ingresaron a Olivos, quién los recibió y qué destino tuvieron.
Desde el entorno de Belén Agudiez rechazaron las acusaciones y aseguraron que la exfuncionaria nunca utilizó productos de la Quinta para un emprendimiento privado ni las instalaciones presidenciales con fines particulares.
Los cambios en la Quinta y lo que deberá determinar la investigación
La controversia coincidió con una reorganización interna de la Quinta de Olivos. El Gobierno desplazó personal y resolvió ampliar la intervención de Casa Militar en tareas que hasta entonces estaban en manos de empleados civiles, incluyendo funciones vinculadas con cocina, limpieza y atención.
Milei relacionó esa reorganización principalmente con cuestiones de seguridad. Según explicó públicamente, las modificaciones ampliaron las responsabilidades de Casa Militar, organismo encargado de la custodia presidencial.
El expediente judicial deberá avanzar sobre aspectos que las declaraciones políticas, por sí solas, no pueden resolver. Entre ellos aparecen la cantidad de mercadería efectivamente adquirida y entregada, los registros de recepción, el número de personas abastecidas y el eventual vínculo entre recursos públicos y servicios privados de catering.
De esa reconstrucción documental dependerá también la posibilidad de contrastar la explicación ofrecida por Milei. La cifra de “casi 300 personas” puede aportar contexto sobre las necesidades alimentarias de las dependencias presidenciales, pero deberá ser cotejada con registros de personal, seguridad, ingresos y comensales para determinar su alcance concreto.
La discusión, por lo tanto, no se resuelve únicamente enfrentando 9.135 kilos contra “casi 300 personas”. Las cantidades incluidas en los pliegos no prueban que toda la mercadería haya sido adquirida o consumida, del mismo modo que la cifra mencionada por el Presidente no determina por sí sola cuánto alimento fue necesario. La investigación deberá establecer qué ocurrió efectivamente con los recursos públicos y si la documentación respalda o contradice las hipótesis planteadas.
