La Corte Suprema de Justicia de la Nación volvió a ocupar un lugar central en la discusión institucional argentina. Actualmente, el máximo tribunal está integrado por apenas tres ministros: Horacio Rosatti, quien ejerce la presidencia; Carlos Rosenkrantz, vicepresidente; y Ricardo Lorenzetti.
Sus trayectorias permiten recorrer diferentes etapas de la historia política y judicial reciente del país. Llegaron al máximo tribunal durante gobiernos distintos, ejercieron funciones diferentes antes de ocupar sus cargos y tampoco mantuvieron posiciones coincidentes en todos los grandes expedientes que atravesaron la Corte.
El último capítulo de alto impacto se produjo con una decisión adoptada en el acuerdo del 29 de septiembre de 2026. Los tres ministros firmaron el fallo que dejó sin efecto una sentencia de la Cámara Federal de La Plata vinculada con la derogación de la Ley 26.737 de Tierras Rurales.
Rosatti y Rosenkrantz: una llegada que comenzó con controversia
Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz ingresaron a la Corte en 2016, aunque el proceso que condujo a sus designaciones había comenzado algunos meses antes y estuvo acompañado por una fuerte discusión institucional.
En diciembre de 2015, pocos días después de asumir la Presidencia, Mauricio Macri dictó el Decreto 83/2015, mediante el cual designó a Rosenkrantz y Rosatti como jueces de la Corte “en comisión”, utilizando la facultad prevista en el artículo 99 inciso 19 de la Constitución Nacional. El mismo decreto dispuso avanzar inmediatamente con el procedimiento destinado a concretar posteriormente las designaciones conforme al mecanismo ordinario.
Sin embargo, ninguno de los dos terminó incorporándose al tribunal mediante aquella designación en comisión. El proceso continuó por el mecanismo constitucional que contempla la intervención del Senado para el nombramiento de los ministros de la Corte.
Rosatti asumió finalmente como ministro del máximo tribunal en junio de 2016 y Rosenkrantz lo hizo en agosto de ese año. La Constitución establece que los magistrados de la Corte son nombrados por el Presidente con acuerdo de dos tercios de los miembros presentes del Senado, reunido en sesión pública.
Rosatti contaba, además, con una extensa trayectoria previa en el sector público. Fue intendente de Santa Fe entre 1995 y 1999, convencional constituyente en 1994, procurador del Tesoro entre 2003 y 2004 y ministro de Justicia y Derechos Humanos durante la presidencia de Néstor Kirchner, entre julio de 2004 y julio de 2005.
Desde el 1° de octubre de 2021 ocupa la presidencia de la Corte y en 2024 fue reelegido para continuar al frente del tribunal durante el período comprendido entre octubre de 2024 y septiembre de 2027. Rosenkrantz, quien presidió la Corte entre 2018 y 2021, permanece como vicepresidente.
Lorenzetti, más de dos décadas en el máximo tribunal
Ricardo Lorenzetti es actualmente el integrante con mayor antigüedad de los tres. Llegó a la Corte en diciembre de 2004, durante el gobierno de Néstor Kirchner, y posteriormente ejerció la presidencia del tribunal entre enero de 2007 y septiembre de 2018.
Su permanencia en el máximo tribunal supera las dos décadas y atravesó administraciones nacionales de diferentes orientaciones políticas, además de distintas composiciones de la propia Corte.
Una de las decisiones que mostró diferencias internas entre los magistrados fue el denominado fallo “Muiña”, dictado en 2017. En aquel expediente, la mayoría admitió la aplicación del beneficio conocido como “2×1” en un caso relacionado con delitos de lesa humanidad. Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda votaron en disidencia.
El debate volvió posteriormente al tribunal en el caso “Batalla”. En diciembre de 2018, la Corte rechazó la aplicación de aquel cómputo privilegiado y retomó, entre otros fundamentos, argumentos desarrollados previamente en las disidencias de Lorenzetti y Maqueda en “Muiña”.
Tierras Rurales: qué decidió realmente la Corte
La composición actual del tribunal volvió a quedar bajo la mirada pública por el fallo relacionado con la Ley 26.737 de Tierras Rurales. La norma había establecido restricciones sobre la adquisición, posesión y tenencia de tierras rurales por parte de extranjeros.
El artículo 154 del DNU 70/2023, dictado al comienzo del gobierno de Javier Milei, derogó esa ley. Posteriormente, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) promovió una acción judicial contra el Estado Nacional para solicitar que esa disposición fuera declarada inconstitucional y nula.
Después de diferentes decisiones en las instancias inferiores, la Sala III de la Cámara Federal de La Plata admitió la demanda y declaró inconstitucional ese punto del decreto. El Estado Nacional recurrió la resolución y el expediente terminó ante la Corte Suprema.
El 29 de septiembre de 2026, Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti resolvieron revocar aquella sentencia. El fundamento central estuvo relacionado con la legitimación del CECIM para iniciar el proceso y con la inexistencia, según el máximo tribunal, de un “caso” o “controversia” que habilitara la intervención judicial en los términos planteados.
El alcance jurídico de esa decisión resulta determinante para interpretar el fallo: la Corte no se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023. La sentencia precisó que su decisión se limitaba al rechazo de la demanda por falta de legitimación de la parte actora y ausencia del requisito constitucional de caso o controversia, sin abrir juicio sobre la validez constitucional de la disposición que derogó la Ley de Tierras Rurales.
La consecuencia práctica fue igualmente relevante. Al quedar revocada la sentencia de la Cámara Federal de La Plata, desapareció el obstáculo judicial que impedía la aplicación del artículo 154 del DNU 70/2023 y, con ello, permaneció operativa la derogación de las restricciones que establecía la Ley 26.737.
El expediente volvió así a colocar el foco sobre una característica excepcional de la estructura actual del Poder Judicial: la Corte Suprema funciona con tres ministros. Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti constituyen hoy la totalidad del máximo tribunal y tienen a su cargo la resolución de controversias constitucionales capaces de incidir sobre leyes, decretos y decisiones adoptadas por los restantes poderes del Estado.
Los tres llegaron a la Corte en momentos diferentes y sus antecedentes muestran vínculos institucionales con gobiernos de distinto signo. Sus votos tampoco fueron históricamente uniformes. Sin embargo, la composición vigente concentra actualmente en Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti la totalidad de las bancas ocupadas del máximo tribunal argentino, incluida la responsabilidad de intervenir en algunos de los conflictos jurídicos e institucionales de mayor alcance nacional.
