En medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el periodista uruguayo Eduardo Preve anunció que difundirá este martes los audios atribuidos a Karina Milei, a pesar de que la Justicia Federal argentina ordenó el cese inmediato de su reproducción.
Los audios y el caso «Audiogate»
Según trascendió, los audios fueron grabados de manera ilegal en la Casa Rosada y comprometerían a funcionarios del Gobierno en una supuesta red de sobornos vinculada a la distribución de medicamentos a través de ANDIS. Preve los presentará en su columna La Tapadita, del programa Nada que perder que se emite por la emisora uruguaya M24, a las 9:30 horas.
El periodista bautizó el caso como «Audiogate Argentina», y aseguró a través de su cuenta de X: «En Argentina ordenaron el cese de la difusión de los audios que involucran al gobierno de Milei en una presunta red de sobornos con medicamentos. Mañana te vamos a pasar los últimos audios en La Tapadita».
La reacción del Gobierno
El vocero presidencial denunció este lunes que se trata de una «operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral». La denuncia fue presentada ante la Justicia Federal.
La jueza interviniente dispuso una medida cautelar que ordena el cese inmediato de la difusión de las grabaciones, lo que generó controversia sobre los límites de la libertad de prensa y la protección de datos sensibles en un contexto electoral.
Rechazo de Grupo Indalo y la oposición
Tras la denuncia de la ministra Patricia Bullrich por supuesta violación a la Ley de Inteligencia Nacional y su pedido de allanamientos a periodistas como Jorge Rial y Mauro Federico, el Grupo Indalo emitió un duro comunicado repudiando lo que calificó como un intento de censura.
«Indalo Media repudia el intento del Gobierno Nacional de limitar la tarea del periodismo independiente a través de acciones judiciales que buscan censurar la publicación de información», señalaron. Además, destacaron que las acciones del Ejecutivo representan una afectación directa al derecho a la información de la ciudadanía.
Por su parte, diputados de la oposición solicitaron una reunión urgente de la Comisión de Libertad de Expresión del Congreso, expresando preocupación por la escalada judicial contra periodistas y medios de comunicación.
