El Gobierno Nacional puso en el centro de la escena a Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma Group SA, acusado de distribuir fentanilo contaminado que provocó la muerte de más de 100 personas en distintos puntos del país. La Vocería Presidencial denunció que la planta operaba sin controles de la ANMAT desde febrero de 2020 y que el empresario mantenía vínculos con funcionarios bonaerenses.
¿Qué es el fentanilo?
Se trata de un opioide sintético entre 50 y 100 veces más potente que la morfina, desarrollado originalmente para tratar dolores crónicos severos y posquirúrgicos. Su uso médico está estrictamente controlado por su potencial adictivo y su altísima toxicidad: una dosis mínima, del tamaño de dos granos de sal, puede resultar letal. En el mercado ilegal, se mezcla con otras drogas o se vende simulando ser medicamentos, lo que multiplica el riesgo de sobredosis y muerte por depresión respiratoria en minutos.
El ascenso de García Furfaro
De acuerdo con la información oficial, García Furfaro pasó de ser comerciante de frutas y verduras a millonario del sector farmacéutico gracias a contratos con el Estado y aliados políticos. Su laboratorio no fue inspeccionado durante años, lo que permitió —presuntamente— la circulación del lote de fentanilo adulterado que desencadenó la tragedia.
Intervención y medidas urgentes
En el último tramo de 2024, con la llegada de Mario Lugones al Ministerio de Salud, se ordenó inspeccionar la planta de Ramallo que producía para HLB Pharma. El 26 de febrero de 2025, apenas dos horas después de recibir el informe de irregularidades, la titular de la ANMAT, Agustina Bisio, clausuró la planta, tres meses antes de que ocurrieran las primeras muertes. En marzo, también se prohibió el uso del “Propofol HLB” lote 60000, medida que según el Ministerio evitó “innumerables muertes” en operaciones de baja complejidad.
Investigaciones y conflicto de intereses
Además de las causas por falsificación de documentación para el RENPRE y evasión tributaria agravada, el caso salpica al gobierno bonaerense: el gobernador Axel Kicillof y su ministro de Salud, Nicolás Kreplak, serían “principales clientes” de HLB Pharma. El juez de la causa, Ernesto Kreplak, es hermano del ministro, lo que para el Gobierno Nacional configura un claro conflicto de intereses. Si no avanza la detención de García Furfaro, el Ejecutivo anunció que recusará al magistrado.
El ministro Lugones aseguró que todas las dosis contaminadas fueron retiradas del mercado, evitando así nuevas muertes. El Ejecutivo ratificó que perseguirá la causa “hasta las últimas consecuencias” para que el responsable termine preso.
