Un juez bajo la lupa: Imputación formal sacude los tribunales sanjuaninos
El poder judicial de la provincia de San Juan se encuentra en el centro de la atención pública tras la formalización de la imputación contra el juez de Garantías, Roberto Montilla. El magistrado enfrenta cargos por presunta **usurpación de funciones en grado de tentativa e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal**, a raíz de una supuesta intervención en un caso que excedía su competencia legal. La situación, que involucra a un juez con apenas un mes en funciones, ha generado un considerable revuelo y plantea interrogantes sobre los mecanismos de control y la conducta dentro de la magistratura local. La génesis de la controversia: Intervención en la Comisaría 4ta
Los hechos que derivaron en la investigación se remontan al pasado 5 de abril, con la detención de José Benito Martín, un hombre de 84 años, por un caso de presunta estafa. Martín fue alojado en la Comisaría 4ta, quedando bajo la órbita del Juzgado de Flagrancia, el fuero competente para su situación procesal. Sin embargo, la acusación sostiene que el juez Roberto Montilla, perteneciente al Sistema Acusatorio Penal, habría realizado múltiples llamadas telefónicas y una visita personal a dicha dependencia policial el día 6 de abril. Durante estas interacciones, presuntamente intentó interceder para que Martín, a quien afirmó conocer, fuera trasladado a una residencia para adultos mayores, a pesar de que el caso no correspondía a su juzgado. Las cámaras de seguridad de la comisaría registraron la visita del magistrado, y dichas imágenes forman parte crucial de la evidencia presentada por la fiscalía. La insistencia atribuida al juez, escalando de comunicaciones telefónicas a una presencia física en la seccional, sugiere un interés particular en la situación del detenido, ajeno a sus funciones específicas. La respuesta del sistema judicial: Denuncia y formalización
Alertada sobre la situación, la fiscal de la Unidad de Flagrancia, María Paula Carena, presentó una denuncia formal el 7 de abril ante la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos Especiales. El fiscal coordinador de esta unidad, Iván Grassi, tomó las riendas de la investigación, culminando en la solicitud de formalización de la imputación contra el juez Montilla. El lunes 14 de abril se celebró la audiencia correspondiente, donde se le comunicaron formalmente los cargos al magistrado. Durante esta instancia, Montilla se abstuvo de declarar, un derecho que le asiste constitucionalmente. La fiscalía presentó como elementos probatorios testimonios de otros fiscales y personal policial, además del video de la cámara de seguridad. El plazo para la Investigación Penal Preparatoria (IPP) se fijó en seis meses. La defensa del magistrado y las repercusiones
Frente a las acusaciones, el juez Montilla ha sostenido públicamente su inocencia, afirmando tener una **»moral es intachable»** y negando cualquier acto perjudicial para el sistema de justicia. En una medida que añadió tensión al caso, presentó una denuncia penal contra el fiscal Iván Grassi, acusándolo de difamación y tráfico de influencias, y cuestionando la filtración del video de seguridad por presunta violación del protocolo de evidencia. Paralelamente a la causa penal, la Corte de Justicia de San Juan ha iniciado un sumario administrativo para evaluar la conducta del juez, aunque su avance se encuentra supeditado a la resolución del proceso penal. El caso ha trascendido los muros de tribunales, generando cobertura mediática y reacciones en la opinión pública, incluyendo un incidente donde Montilla fue increpado en la vía pública por una persona presuntamente damnificada en otro caso de fraude, lo que lo llevó a refugiarse momentáneamente en un local comercial. Este escándalo no solo pone el foco sobre la figura del juez Montilla, sino que también ha reavivado el debate interno en el ámbito político sobre posibles reformas al Consejo de la Magistratura, órgano encargado de la selección de jueces. Las implicaciones a largo plazo para la confianza pública en el sistema judicial sanjuanino y las posibles medidas disciplinarias o institucionales que puedan surgir dependerán del curso de la investigación penal y del sumario administrativo en curso.
Resumen (No indexar)
El juez de Garantías de San Juan, Roberto Montilla, fue formalmente imputado por presunta usurpación de funciones en grado de tentativa e incumplimiento de deberes de funcionario público. La acusación surge de su supuesta intervención indebida en la detención de un hombre de 84 años por estafa, un caso ajeno a su jurisdicción. Montilla, quien asumió recientemente, niega los cargos y ha denunciado al fiscal a cargo. La Corte de Justicia inició un sumario administrativo y el caso genera debate sobre la integridad judicial en la provincia.
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Un juez bajo la lupa: Imputación formal sacude los tribunales sanjuaninos
El poder judicial de la provincia de San Juan se encuentra en el centro de la atención pública tras la formalización de la imputación contra el juez de Garantías, Roberto Montilla. El magistrado enfrenta cargos por presunta **usurpación de funciones en grado de tentativa e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal**, a raíz de una supuesta intervención en un caso que excedía su competencia legal. La situación, que involucra a un juez con apenas un mes en funciones, ha generado un considerable revuelo y plantea interrogantes sobre los mecanismos de control y la conducta dentro de la magistratura local. La génesis de la controversia: Intervención en la Comisaría 4ta
Los hechos que derivaron en la investigación se remontan al pasado 5 de abril, con la detención de José Benito Martín, un hombre de 84 años, por un caso de presunta estafa. Martín fue alojado en la Comisaría 4ta, quedando bajo la órbita del Juzgado de Flagrancia, el fuero competente para su situación procesal. Sin embargo, la acusación sostiene que el juez Roberto Montilla, perteneciente al Sistema Acusatorio Penal, habría realizado múltiples llamadas telefónicas y una visita personal a dicha dependencia policial el día 6 de abril. Durante estas interacciones, presuntamente intentó interceder para que Martín, a quien afirmó conocer, fuera trasladado a una residencia para adultos mayores, a pesar de que el caso no correspondía a su juzgado. Las cámaras de seguridad de la comisaría registraron la visita del magistrado, y dichas imágenes forman parte crucial de la evidencia presentada por la fiscalía. La insistencia atribuida al juez, escalando de comunicaciones telefónicas a una presencia física en la seccional, sugiere un interés particular en la situación del detenido, ajeno a sus funciones específicas. La respuesta del sistema judicial: Denuncia y formalización
Alertada sobre la situación, la fiscal de la Unidad de Flagrancia, María Paula Carena, presentó una denuncia formal el 7 de abril ante la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos Especiales. El fiscal coordinador de esta unidad, Iván Grassi, tomó las riendas de la investigación, culminando en la solicitud de formalización de la imputación contra el juez Montilla. El lunes 14 de abril se celebró la audiencia correspondiente, donde se le comunicaron formalmente los cargos al magistrado. Durante esta instancia, Montilla se abstuvo de declarar, un derecho que le asiste constitucionalmente. La fiscalía presentó como elementos probatorios testimonios de otros fiscales y personal policial, además del video de la cámara de seguridad. El plazo para la Investigación Penal Preparatoria (IPP) se fijó en seis meses. La defensa del magistrado y las repercusiones
Frente a las acusaciones, el juez Montilla ha sostenido públicamente su inocencia, afirmando tener una **»moral es intachable»** y negando cualquier acto perjudicial para el sistema de justicia. En una medida que añadió tensión al caso, presentó una denuncia penal contra el fiscal Iván Grassi, acusándolo de difamación y tráfico de influencias, y cuestionando la filtración del video de seguridad por presunta violación del protocolo de evidencia. Paralelamente a la causa penal, la Corte de Justicia de San Juan ha iniciado un sumario administrativo para evaluar la conducta del juez, aunque su avance se encuentra supeditado a la resolución del proceso penal. El caso ha trascendido los muros de tribunales, generando cobertura mediática y reacciones en la opinión pública, incluyendo un incidente donde Montilla fue increpado en la vía pública por una persona presuntamente damnificada en otro caso de fraude, lo que lo llevó a refugiarse momentáneamente en un local comercial. Este escándalo no solo pone el foco sobre la figura del juez Montilla, sino que también ha reavivado el debate interno en el ámbito político sobre posibles reformas al Consejo de la Magistratura, órgano encargado de la selección de jueces. Las implicaciones a largo plazo para la confianza pública en el sistema judicial sanjuanino y las posibles medidas disciplinarias o institucionales que puedan surgir dependerán del curso de la investigación penal y del sumario administrativo en curso.
El juez de Garantías de San Juan, Roberto Montilla, fue formalmente imputado por presunta usurpación de funciones en grado de tentativa e incumplimiento de deberes de funcionario público. La acusación surge de su supuesta intervención indebida en la detención de un hombre de 84 años por estafa, un caso ajeno a su jurisdicción. Montilla, quien asumió recientemente, niega los cargos y ha denunciado al fiscal a cargo. La Corte de Justicia inició un sumario administrativo y el caso genera debate sobre la integridad judicial en la provincia.
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