Un extraño episodio judicial sacudió los Tribunales de San Juan cuando una mujer denunció haber recibido una falsa citación judicial por WhatsApp. El documento, con apariencia oficial, incluía supuestos delitos, unidades fiscales inexistentes y el nombre de una funcionaria judicial que jamás trabajó en el Poder Judicial provincial.
Una farsa descubierta por peritajes
La Fiscalía Genérica inició de inmediato una investigación de oficio, bajo la dirección del fiscal Francisco Pizarro y la fiscal ayudante Eliana Roca. Tras realizar pericias técnicas y rastreo de comunicaciones, identificaron al responsable: Alejandro Rubén Olmos Sánchez, de 37 años y expareja de la denunciante.
El acusado fue detenido en septiembre y quedó imputado en octubre por el delito de usurpación de autoridad en perjuicio de la administración pública. Durante su detención permaneció alojado en la Comisaría 29° de Santa Lucía, a la espera de su audiencia judicial.
Libertad con condiciones
El juez Diego Manuel Sanz ordenó su liberación, pero bajo una serie de condiciones estrictas: Olmos Sánchez será investigado durante cuatro meses, no podrá acercarse a la víctima ni interferir en la causa, y deberá pedir permiso judicial para salir de la provincia. La defensa del imputado está a cargo de la defensora oficial Cecilia Mut.
Preocupación institucional
Desde la UFI Genérica expresaron su preocupación por este tipo de delitos poco frecuentes pero graves, especialmente por el uso de herramientas digitales para falsificar documentación judicial. De ser encontrado culpable, el acusado podría enfrentar una pena de prisión condicional.
El caso abre el debate sobre los límites del uso de la tecnología en contextos de acoso o manipulación judicial, una problemática que, aunque poco habitual en San Juan, ya genera alarma en los ámbitos judiciales.
Un hombre de 37 años fue detenido en San Juan tras enviarle por WhatsApp a su expareja una falsa citación judicial que contenía nombres de fiscales y oficinas inexistentes. La investigación, encabezada por el fiscal Francisco Pizarro, determinó que el mensaje fue fabricado por Alejandro Rubén Olmos Sánchez, quien fue imputado por usurpación de autoridad. El juez dispuso su libertad bajo condiciones estrictas mientras avanza la causa.
Resumen generado automáticamente por inteligencia artificial
Contenido humorístico generado por inteligencia artificial
Un extraño episodio judicial sacudió los Tribunales de San Juan cuando una mujer denunció haber recibido una falsa citación judicial por WhatsApp. El documento, con apariencia oficial, incluía supuestos delitos, unidades fiscales inexistentes y el nombre de una funcionaria judicial que jamás trabajó en el Poder Judicial provincial.
Una farsa descubierta por peritajes
La Fiscalía Genérica inició de inmediato una investigación de oficio, bajo la dirección del fiscal Francisco Pizarro y la fiscal ayudante Eliana Roca. Tras realizar pericias técnicas y rastreo de comunicaciones, identificaron al responsable: Alejandro Rubén Olmos Sánchez, de 37 años y expareja de la denunciante.
El acusado fue detenido en septiembre y quedó imputado en octubre por el delito de usurpación de autoridad en perjuicio de la administración pública. Durante su detención permaneció alojado en la Comisaría 29° de Santa Lucía, a la espera de su audiencia judicial.
Libertad con condiciones
El juez Diego Manuel Sanz ordenó su liberación, pero bajo una serie de condiciones estrictas: Olmos Sánchez será investigado durante cuatro meses, no podrá acercarse a la víctima ni interferir en la causa, y deberá pedir permiso judicial para salir de la provincia. La defensa del imputado está a cargo de la defensora oficial Cecilia Mut.
Preocupación institucional
Desde la UFI Genérica expresaron su preocupación por este tipo de delitos poco frecuentes pero graves, especialmente por el uso de herramientas digitales para falsificar documentación judicial. De ser encontrado culpable, el acusado podría enfrentar una pena de prisión condicional.
El caso abre el debate sobre los límites del uso de la tecnología en contextos de acoso o manipulación judicial, una problemática que, aunque poco habitual en San Juan, ya genera alarma en los ámbitos judiciales.