En la jornada de este lunes 30 de junio se celebró la Audiencia de Debate de Juicio Oral correspondiente al Legajo N° MPF-SJ-14615-2024, en una causa caratulada como “S/ ACTUACIONES POR ROBO EN PERJUICIO DE OSSE”. El proceso judicial culminó con la condena del cabo de la Policía de San Juan, Gustavo Ariel Coria Ríos.
La jueza a cargo del Tribunal, Dra. Flavia Allende, resolvió imponerle al acusado la pena de un año y seis meses de prisión condicional, al hallarlo culpable del delito de hurto agravado por su condición de funcionario policial, en calidad de autor material.
La acusación fue impulsada por el fiscal Dr. Adolfo Díaz, quien presentó las pruebas que permitieron demostrar la responsabilidad penal del efectivo, subrayando el agravante que implica el hecho de haber delinquido desde una posición de autoridad pública y confianza institucional.
Un hecho que agrava la imagen institucional
El delito en cuestión fue calificado como hurto agravado en función del artículo del Código Penal que contempla las conductas ilícitas cometidas por funcionarios públicos. La víctima fue la empresa estatal Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), lo cual suma un componente de perjuicio al erario público.
La sentencia en modalidad condicional implica que el cabo condenado no irá a prisión, pero quedará bajo observación judicial por un período determinado, durante el cual deberá cumplir estrictamente con las condiciones impuestas por el tribunal, bajo apercibimiento de revocación.
Transparencia y control
Desde el Ministerio Público Fiscal se remarcó la importancia de que estos hechos no queden impunes, especialmente cuando involucran a personal de las fuerzas de seguridad. “El principio de ejemplaridad en la función pública no puede ser una aspiración retórica, sino un compromiso efectivo”, señaló una fuente del entorno judicial.
El caso pone en el centro del debate la necesidad de mecanismos más estrictos de control interno en los organismos estatales y en las fuerzas policiales, así como de una justicia ágil que permita actuar con celeridad ante hechos de corrupción o delito dentro del aparato estatal.
