El conflicto por la reducción de frecuencias en algunas líneas de RedTulum sumó este lunes nuevos capítulos. Luego de anticipar que las empresas que disminuyeron el servicio serían multadas, el secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, confirmó que las sanciones ya fueron aplicadas y precisó que alcanzan a Mayo y Libertador, las únicas prestatarias que, según el Gobierno, incumplieron el cronograma establecido.
«No son todas las empresas las que redujeron frecuencias, hay un par de empresas que son las que han reducido servicios, las cuales han sido sancionadas y oportunamente se comunicará la multa correspondiente», afirmó el funcionario. Además, explicó que las penalidades son de carácter económico. «Son sanciones económicas por no haber prestado el servicio de la manera diagramada», sostuvo.
La Provincia negó deudas con las prestatarias
Molina también rechazó uno de los argumentos que habían trascendido como explicación de la reducción del servicio. «El Gobierno de la provincia no mantiene deuda con las empresas, está en el cronograma de pago como corresponde», aseguró, y remarcó que el supuesto atraso en las transferencias «no es así, se está al día. Entonces no sabemos cuál es el motivo real que puedan haber tenido estas empresas para haber tomado la medida que tomaron de reducción».
En ese contexto, el funcionario dio a conocer el nivel de recursos que la Provincia destina para sostener el transporte público. «El Gobierno Provincial invierte en el orden de los 5.000 millones de pesos, estamos hablando de cerca de 3 millones de dólares mensuales para sostener el transporte público en la provincia», indicó.
Ese monto contempla los subsidios al boleto escolar, el sistema de transbordo y otros aportes provinciales destinados a mantener una tarifa más accesible para los usuarios.
Seguirán los controles mientras continúen los incumplimientos
Respecto a la continuidad del conflicto, Molina advirtió que las inspecciones continuarán mientras persistan los incumplimientos. «Nosotros hacemos el monitoreo y esas empresas ya tienen la sanción correspondiente. Si no restituyen los servicios se seguirán haciendo las sanciones y se tomarán las medidas que la legislación permita», afirmó.
De esta manera, la Secretaría de Tránsito y Transporte mantendrá el seguimiento de las frecuencias y podrá disponer nuevas penalidades contra las prestatarias en caso de que no se normalicen los servicios previstos.
Por último, el secretario señaló que el Gobierno tampoco recibió comunicaciones del gremio vinculadas a posibles reducciones de jornadas laborales o afectaciones salariales derivadas del conflicto. «Por parte del sindicato no», respondió.
El Gobierno de San Juan sancionó económicamente a las empresas Mayo y Libertador por reducir frecuencias de la RedTulum e incumplir el cronograma establecido. El secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, negó que existan deudas con las prestatarias y advirtió que continuarán las inspecciones y penalidades si los servicios no son restituidos.
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La crisis de frecuencias de la RedTulum incorporó este lunes un elemento que suele acelerar notablemente la vocación de diálogo empresarial: multas. El Gobierno confirmó que Mayo y Libertador fueron sancionadas por reducir servicios, una decisión administrativa destinada a recordar que los cronogramas no son literatura fantástica ni documentos decorativos diseñados para completar carpetas.
Según explicó Marcelo Molina, no todas las empresas disminuyeron frecuencias, sino únicamente dos. La precisión resulta importante para evitar que el sistema completo sea enviado al rincón de los castigados, aunque para el pasajero que lleva media hora mirando una avenida vacía la distinción probablemente tenga el mismo valor práctico que conocer el signo zodiacal del colectivo ausente.
Desde Transporte también descartaron que la reducción estuviera vinculada con una deuda provincial. El Gobierno aseguró que los pagos se encuentran al día, dejando a las empresas frente al desafío narrativo de explicar por qué redujeron el servicio sin recurrir al clásico argumento del dinero que no llegó. Una trama inesperada en la que todos los depósitos aparecen realizados, pero algunos colectivos igualmente desaparecen del recorrido como personajes secundarios eliminados del guion.
La Provincia informó que destina alrededor de 5.000 millones de pesos mensuales al transporte público, una cifra que incluye subsidios al boleto escolar, transbordos y aportes para sostener tarifas accesibles. En términos administrativos, se trata de un enorme esfuerzo financiero; en términos del usuario, la traducción esperada es bastante más sencilla: que la unidad anunciada efectivamente pase y no quede convertida en una leyenda oral transmitida entre paradas.
Las inspecciones continuarán y las sanciones podrán multiplicarse si las frecuencias no son restituidas. De este modo, cada servicio incumplido corre el riesgo de iniciar una metamorfosis burocrática: primero se convierte en una espera, luego en un reclamo, después en un acta y finalmente en una multa. Mientras tanto, los pasajeros seguirán observando el horizonte con la concentración de un astrónomo, intentando determinar si aquella silueta distante es un colectivo o simplemente otra promesa aproximándose con demora.
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