Según informes oficiales, en lo que va del año se han registrado al menos 16 amenazas de bomba confirmadas en San Juan, afectando a escuelas, edificios públicos y espectáculos masivos. Aunque todas resultaron falsas, los episodios provocaron evacuaciones, despliegues de seguridad y un clima de tensión en la provincia.
Amenazas en instituciones educativas
El Colegio Augusto Pulenta, en San Martín, fue uno de los establecimientos afectados. En un caso similar, se comprobó que la llamada de amenaza a otra escuela había sido realizada desde el interior del propio edificio. Las fiscalías investigan y buscan individualizar a los responsables, muchos de los cuales serían menores de edad. En una sola jornada, hasta 14 escuelas debieron ser evacuadas.
Otros episodios incluyeron amenazas simultáneas a todas las escuelas agrotécnicas de la provincia y un operativo en la Escuela Boero, que debió ser desalojada. En otra ocasión, una llamada sobre la “escuela Antonio de la Torre” activó protocolos en tres colegios con nombres similares, generando confusión.
Otros lugares bajo amenaza
No solo los colegios fueron blanco. También hubo evacuaciones en el Centro Cívico, en tribunales y en centros de salud. Incluso el show de Lali Espósito en el Estadio Aldo Cantoni se vio afectado por una amenaza que obligó a retrasar el recital. Por este hecho fue detenido un hombre de 74 años, Juan Carlos Salem, condenado a tres años de prisión en suspenso tras un juicio abreviado.
Costos y consecuencias
Cada operativo desplegado cuesta alrededor de $3.000.000, lo que implica un fuerte impacto en las arcas provinciales. Además del costo económico, las amenazas generan:
- Pánico y riesgos en evacuaciones, con posibilidad de lesiones y accidentes.
- Desvío de recursos de emergencia, que dejan de atender situaciones reales.
- Impacto psicológico en alumnos, docentes y familias.
- Trauma en niños que viven la experiencia como un evento peligroso.
- Pérdida de productividad en centros de salud, comercios y oficinas evacuadas.
Consecuencias legales
Las autoridades recuerdan que realizar una amenaza de bomba, aun falsa, constituye intimidación pública, un delito con penas de prisión. En el caso de menores, la responsabilidad recae en los padres. Se han aplicado multas millonarias y probation para cubrir los costos de los operativos, además de condenas a prisión efectiva en casos de reincidencia.
Aunque quienes realizan estas llamadas no tengan capacidad real de fabricar un artefacto explosivo, las autoridades remarcan que la amenaza en sí misma es peligrosa. Obliga a activar protocolos, evacuar edificios y movilizar recursos, con riesgos reales para la comunidad.
