Tregua en la Hidrovía: Suspenden medida que tensó a Argentina y Paraguay

Redacción Cuyo News
5 min

Combustible y diplomacia: la tregua en la hidrovía enrareció las aguas

Tensión limítrofe: la medida argentina que casi deja a Paraguay sin nafta

Los gobiernos de Santiago Peña y Javier Milei lograron encauzar una incipiente crisis diplomática al concretar una suspensión temporaria de una medida impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) argentina. Dicha disposición prohibía el trasbordo de combustible a las barcazas de bandera paraguaya sobre la Hidrovía, lo que había generado un profundo malestar en Asunción y amenazaba con escalar las tensiones bilaterales.

El anuncio de la tregua llegó de la mano de Oscar Orué, director nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la equivalente paraguaya a la ARCA, quien informó a través de sus redes sociales sobre un “acuerdo con Argentina” para “extender la operativa en la zona de alijo en el Km 171 por 10 meses”. La confirmación oficial por parte del gobierno argentino no se hizo esperar, aliviando las presiones que se habían acumulado en los últimos días.

La controversia se originó cuando la ARCA comunicó a la Prefectura y a otros organismos su intención de suspender por 30 días las operaciones de transbordo en el Kilómetro 171 de la vía navegable Paraguay-Paraná. El argumento esgrimido por Argentina fue la supuesta carencia de “habilitación portuaria” en dicha zona, según lo establecido por la Ley Nacional de Actividades Portuarias N.º 24.093. Sin embargo, esta medida, aunque aún no implementada, encendió las alarmas en Paraguay.

La «medida unilateral» que desató la furia guaraní

Las autoridades paraguayas no tardaron en calificar la acción argentina como “unilateral y arbitraria”, advirtiendo que ponía “en jaque el normal abastecimiento de combustible en todo el país”. Los principales centros empresariales, con la Cámara de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay (Cafym) a la cabeza, elevaron su reclamo al gobierno de Peña, exigiendo una “intervención urgente” para detener la suspensión. Es importante destacar que el trasbordo de combustible en el kilómetro 171 está vigente desde principios de los años ochenta, lo que añadía un elemento de controversia a la decisión argentina.

Los armadores paraguayos argumentaban que esta zona ha sido utilizada de forma ininterrumpida para operaciones de trasbordo de hidrocarburos entre buques, bajo la aprobación de la Ordenanza Marítima N° 4/81 y la supervisión de la Prefectura Naval Argentina (PNA), con el correspondiente control aduanero. Sostenían que su funcionamiento ha sido “clave para garantizar un flujo eficiente, seguro y económico de gasoil y otros combustibles hacia Paraguay y la región”.

En declaraciones al diario Clarín, Bernd Gunther, presidente del Centro de Armadores de Paraguay, calificó la decisión argentina como “sin consulta previa”, y pronosticó que una eventual prohibición “amenazaba con generar un desabastecimiento estructural de combustibles” en su país. Además, alertó sobre las implicancias logísticas: “El traslado forzoso de las operaciones a las terminales implicaría un aumento de más de ocho días en los tiempos de reposición, un sobrecosto de hasta el 70% en la logística fluvial, y mayores riesgos operativos y ambientales”.

Esta particular fricción se suma a otras disputas preexistentes entre Argentina y Paraguay, incluso entre gobiernos ideológicamente cercanos como los de Milei y Peña. Una de las más resonantes fue el peaje en dólares que Argentina comenzó a cobrar en la Hidrovía durante la gestión de Alberto Fernández, y que aún genera resquemores en Asunción.

Aunque se esperaba que Juan Pazo, titular de ARCA, viajara a Paraguay para reunirse con Orué –una visita que el gobierno argentino desmintió–, las negociaciones se llevaron a cabo de forma discreta, permitiendo a los paraguayos “ganar tiempo”. Orué había realizado un “llamado urgente a las autoridades competentes” para revertir la medida y mantener la operatividad en el kilómetro 171, enfatizando la necesidad de un “diálogo técnico e institucional, con participación de todos los actores involucrados” para cualquier revisión futura.

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