En un escenario de máxima incertidumbre para la obra social de jubilados y pensionados más importante de la región, el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, reconoció formalmente la crisis financiera del PAMI. Las declaraciones se dieron en el marco de la cumbre de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (AmCham), donde el funcionario intentó bajar la tensión asegurando que se han comenzado a liberar los fondos para los prestadores.
Normalización de pagos y deuda millonaria
Lugones buscó transmitir un mensaje de previsibilidad al afirmar que “la plata llegó” y que el organismo ha iniciado el proceso para saldar compromisos pendientes. El objetivo inmediato es desactivar el conflicto con las farmacias y centros de salud, derivado de una deuda acumulada de 500 mil millones de pesos. Para garantizar este flujo de divisas, el titular de Salud mantuvo reuniones clave con el ministro de Economía, Luis Caputo, buscando estabilizar la atención para los 5.7 millones de afiliados en todo el territorio nacional.
Paro de 72 horas de médicos de cabecera
A pesar de los anuncios de la cartera sanitaria, el conflicto gremial se profundizó este martes con el inicio de una medida de fuerza por 72 horas. Los médicos de cabecera rechazan de plano la Resolución 1107/2026, publicada recientemente en el Boletín Oficial, al considerar que la misma encubre un ajuste presupuestario sobre sus honorarios.
Desde la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral (Appamia) señalaron que la normativa implica un «recorte sustancial de los ingresos». Entre los puntos más cuestionados de la reforma se encuentran:
- La eliminación de la consulta presencial como ítem de facturación.
- La unificación de diversas prestaciones dentro de una cápita fija de 2.100 pesos.
- La supresión de incentivos económicos destinados a la formación y capacitación profesional.
Efectos en la prestación del servicio
La huelga ha generado la suspensión de turnos programados, afectando la atención rutinaria en consultorios. No obstante, los sindicatos garantizaron que se mantendrá la atención de urgencias y emergencias para evitar desproteger a los grupos de mayor vulnerabilidad. Además del reclamo salarial y la derogación de la resolución, los profesionales exigen la reincorporación de trabajadores cesanteados, en lo que califican como despidos sin causa justificada en medio de la reestructuración del organismo.
<p>El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, admitió la crítica situación financiera que atraviesa el PAMI durante su participación en la cumbre de la AmCham. Mientras el funcionario aseguró que se inició la transferencia de fondos para cancelar deudas con prestadores por 500 mil millones de pesos, los médicos de cabecera mantienen un paro de 72 horas en rechazo a recortes arancelarios y cambios en el sistema de pagos.</p>
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En el fascinante multiverso del Gobierno nacional, las deudas no son problemas de gestión, sino simples malentendidos que se solucionan con una charla de café entre Mario Lugones y Luis Caputo. El ministro de Salud pasó por la cumbre de la AmCham para avisar que el PAMI está en crisis —una novedad que los jubilados descubren cada vez que van a la farmacia y les dicen que el sistema «está caído»— pero que no se preocupen, porque «la plata llegó». Es esa frase mágica que todos queremos escuchar, especialmente cuando la deuda asciende a 500 mil millones de pesos, una cifra que tiene tantos ceros que marea hasta al más pintado de los contadores de la Casa Rosada.
Mientras Lugones jugaba al optimismo financiero frente a los empresarios estadounidenses, en el mundo real los médicos de cabecera decidieron que trabajar por una cápita de 2.100 pesos es más un acto de caridad cristiana que una profesión liberal. La Resolución 1107/2026 parece haber sido redactada por alguien que odia las consultas presenciales y ama los pagos fijos, transformando la medicina prepaga para abuelos en un desafío de supervivencia digno de un reality show extremo. Según Appamia, la medida es un recorte con maquillaje de «ordenamiento», eliminando incentivos y sumando prestaciones al mismo precio, como si atender a un paciente fuera lo mismo que ofrecer un combo de comida rápida con papas agrandadas.
El resultado de esta genialidad administrativa es un paro de 72 horas que deja a 5.7 millones de afiliados rezando para que su turno programado no caiga en miércoles. Los gremios aclaran que las urgencias se atienden, porque incluso en la máxima tensión hay límites, pero la sensación de que el sistema de salud para jubilados está atado con alambre y mucha fe es innegable. El Gobierno intenta normalizar los pagos, los médicos exigen aumentos y reincorporaciones, y en el medio queda el afiliado, ese ser humano que según el discurso oficial es la prioridad, pero que en la práctica parece ser el último en enterarse cuándo va a poder ver a su médico sin que medie un conflicto presupuestario de escala continental.
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