En una resolución judicial de alto impacto para el deporte motor y el mundo empresarial, la Justicia Federal de La Plata dictó el procesamiento y un embargo multimillonario contra la familia Mazzacane. La medida, solicitada por la fiscal federal María Laura Roteta, apunta directamente contra la cúpula de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) por un presunto esquema de vaciamiento e insolvencia fraudulenta.
Los imputados y la mecánica de la evasión
El procesamiento alcanza a Hugo Héctor Mazzacane (presidente de la ACTC), su hijo Gastón Hugo Mazzacane (ex piloto y actual directivo), junto a Juan Manuel Mazzacane, Marcelo Oscar Mazzacane, Eduardo David Gómez y Liliana Mónica Videla. La hipótesis del Ministerio Público sostiene que los acusados estructuraron un entramado societario para eludir tributos nacionales y, ante la inminencia de las acciones de cobro de la AFIP, procedieron a ocultar su patrimonio.
La investigación detalla tres pilares fundamentales en la maniobra:
- Sociedades Interpuestas: Uso de firmas fantasma para desviar fondos y resguardar los activos reales de los responsables.
- Facturación Apócrifa: La causa se nutre de una investigación iniciada en 2018 que vincula al Autódromo de La Plata con una red de facturas truchas.
- Evasión Agravada: El daño fiscal estimado supera los umbrales legales, agravando la calificación penal debido a la magnitud del perjuicio al Estado.
Un embargo de $4.000 millones
Para garantizar la restitución de los fondos defraudados, la Justicia ratificó medidas cautelares de una escala inédita para el sector. El monto del embargo se fijó en $4.000 millones de pesos, afectando directamente cuentas bancarias, inmuebles de lujo, vehículos de alta gama y activos financieros, tanto de las personas físicas como de las sociedades involucradas.
Desde la fiscalía, con el respaldo de la PROCELAC, fueron tajantes: «El delito de insolvencia fiscal fraudulenta no supone que el imputado sea un ‘pobre’ sin bienes, sino que es aquel que se coloca deliberadamente en ese estado para evitar cumplir con los créditos que el Estado legítimamente espera».
Crisis institucional en la ACTC
La situación judicial coloca a la ACTC en una crisis sin precedentes. Hugo Mazzacane ha liderado el Turismo Carretera durante más de diez años, y la visibilidad de su hijo Gastón agrava el impacto reputacional. Los informes analizados sugieren una evasión que podría exceder los $1.000 millones anuales en ciertos ejercicios, lo que compromete seriamente la situación procesal de los imputados de cara a un eventual juicio oral.
Mientras la defensa insiste en la legalidad de los movimientos patrimoniales, los investigadores consideran probado que el fin último del entramado era eludir la carga impositiva mientras se mantenía el control absoluto del negocio del automovilismo en Argentina.
<p>La Justicia Federal de La Plata dictó el procesamiento y un embargo de 4.000 millones de pesos contra Hugo y Gastón Mazzacane, máximas autoridades de la ACTC. La medida, impulsada por la fiscal María Laura Roteta, investiga un presunto esquema de insolvencia fiscal fraudulenta y evasión agravada mediante el uso de sociedades pantalla y facturación apócrifa para eludir deudas millonarias con la AFIP.</p>
Resumen generado automáticamente por inteligencia artificial
Parece que en el Turismo Carretera las únicas curvas que importan ya no son las del circuito de Posadas, sino las que la familia Mazzacane le habría intentado trazar a la AFIP. En un fallo que tiene más drama que un final de campeonato en la última vuelta, la Justicia Federal de La Plata decidió procesar a Hugo y Gastón Mazzacane, los dueños de la pelota (o de los fierros) en la ACTC, bajo la sospecha de que son mucho más rápidos para evadir impuestos que para cambiar un neumático en boxes. El embargo es de 4.000 millones de pesos, una cifra que nos hace preguntar si pensaban pagar la deuda con billetes de el Estanciero o si realmente creyeron que el fisco no tiene retrovisores.
La maniobra que describe la fiscalía es digna de una película de espionaje de bajo presupuesto: sociedades «pantalla», empresas de cartón y esa vieja y querida costumbre de usar facturas más truchas que moneda de tres pesos. Según la investigación, los Mazzacane habrían montado un esquema para declararse insolventes mientras seguían manteniendo un estilo de vida que haría que un jeque árabe se sienta de clase media baja. Es el arte de la «insolvencia con glamour»: ser pobre para el Estado pero vivir como un magnate del automovilismo en el Autódromo de La Plata, mientras la PROCELAC les pisa los talones con la misma insistencia que un piloto buscando el sobrepaso en la chicana.
Lo más tierno del asunto es la defensa, que intenta explicar que son solventes mientras la fiscalía demuestra que los fondos se desviaban hacia el infinito y más allá. Hugo Mazzacane, el hombre que manejó el TC con puño de hierro durante una década, ahora tiene que explicar cómo es que se le «chispotearon» unos 1.000 millones de pesos anuales en evasión. Al final del día, parece que a Gastón, el ex F1, se le olvidó que en la vida real las banderas negras no te las saca un comisario deportivo, sino un juez federal con un embargo que los dejó con el tanque en reserva y las cuatro gomas pinchadas.
Contenido humorístico generado por inteligencia artificial
En una resolución judicial de alto impacto para el deporte motor y el mundo empresarial, la Justicia Federal de La Plata dictó el procesamiento y un embargo multimillonario contra la familia Mazzacane. La medida, solicitada por la fiscal federal María Laura Roteta, apunta directamente contra la cúpula de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) por un presunto esquema de vaciamiento e insolvencia fraudulenta.
Los imputados y la mecánica de la evasión
El procesamiento alcanza a Hugo Héctor Mazzacane (presidente de la ACTC), su hijo Gastón Hugo Mazzacane (ex piloto y actual directivo), junto a Juan Manuel Mazzacane, Marcelo Oscar Mazzacane, Eduardo David Gómez y Liliana Mónica Videla. La hipótesis del Ministerio Público sostiene que los acusados estructuraron un entramado societario para eludir tributos nacionales y, ante la inminencia de las acciones de cobro de la AFIP, procedieron a ocultar su patrimonio.
La investigación detalla tres pilares fundamentales en la maniobra:
- Sociedades Interpuestas: Uso de firmas fantasma para desviar fondos y resguardar los activos reales de los responsables.
- Facturación Apócrifa: La causa se nutre de una investigación iniciada en 2018 que vincula al Autódromo de La Plata con una red de facturas truchas.
- Evasión Agravada: El daño fiscal estimado supera los umbrales legales, agravando la calificación penal debido a la magnitud del perjuicio al Estado.
Un embargo de $4.000 millones
Para garantizar la restitución de los fondos defraudados, la Justicia ratificó medidas cautelares de una escala inédita para el sector. El monto del embargo se fijó en $4.000 millones de pesos, afectando directamente cuentas bancarias, inmuebles de lujo, vehículos de alta gama y activos financieros, tanto de las personas físicas como de las sociedades involucradas.
Desde la fiscalía, con el respaldo de la PROCELAC, fueron tajantes: «El delito de insolvencia fiscal fraudulenta no supone que el imputado sea un ‘pobre’ sin bienes, sino que es aquel que se coloca deliberadamente en ese estado para evitar cumplir con los créditos que el Estado legítimamente espera».
Crisis institucional en la ACTC
La situación judicial coloca a la ACTC en una crisis sin precedentes. Hugo Mazzacane ha liderado el Turismo Carretera durante más de diez años, y la visibilidad de su hijo Gastón agrava el impacto reputacional. Los informes analizados sugieren una evasión que podría exceder los $1.000 millones anuales en ciertos ejercicios, lo que compromete seriamente la situación procesal de los imputados de cara a un eventual juicio oral.
Mientras la defensa insiste en la legalidad de los movimientos patrimoniales, los investigadores consideran probado que el fin último del entramado era eludir la carga impositiva mientras se mantenía el control absoluto del negocio del automovilismo en Argentina.
Parece que en el Turismo Carretera las únicas curvas que importan ya no son las del circuito de Posadas, sino las que la familia Mazzacane le habría intentado trazar a la AFIP. En un fallo que tiene más drama que un final de campeonato en la última vuelta, la Justicia Federal de La Plata decidió procesar a Hugo y Gastón Mazzacane, los dueños de la pelota (o de los fierros) en la ACTC, bajo la sospecha de que son mucho más rápidos para evadir impuestos que para cambiar un neumático en boxes. El embargo es de 4.000 millones de pesos, una cifra que nos hace preguntar si pensaban pagar la deuda con billetes de el Estanciero o si realmente creyeron que el fisco no tiene retrovisores.
La maniobra que describe la fiscalía es digna de una película de espionaje de bajo presupuesto: sociedades «pantalla», empresas de cartón y esa vieja y querida costumbre de usar facturas más truchas que moneda de tres pesos. Según la investigación, los Mazzacane habrían montado un esquema para declararse insolventes mientras seguían manteniendo un estilo de vida que haría que un jeque árabe se sienta de clase media baja. Es el arte de la «insolvencia con glamour»: ser pobre para el Estado pero vivir como un magnate del automovilismo en el Autódromo de La Plata, mientras la PROCELAC les pisa los talones con la misma insistencia que un piloto buscando el sobrepaso en la chicana.
Lo más tierno del asunto es la defensa, que intenta explicar que son solventes mientras la fiscalía demuestra que los fondos se desviaban hacia el infinito y más allá. Hugo Mazzacane, el hombre que manejó el TC con puño de hierro durante una década, ahora tiene que explicar cómo es que se le «chispotearon» unos 1.000 millones de pesos anuales en evasión. Al final del día, parece que a Gastón, el ex F1, se le olvidó que en la vida real las banderas negras no te las saca un comisario deportivo, sino un juez federal con un embargo que los dejó con el tanque en reserva y las cuatro gomas pinchadas.