La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) denunció penalmente a la abogada María Fernanda Marino, instructora sumariante de la intervención libertaria del hospital, por los delitos de “desobediencia a la Justicia, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público”.
La presentación quedó radicada, tras el sorteo correspondiente, en el Juzgado Federal N° 1 en lo Criminal y Correccional, a cargo de la jueza María Romilda Servini. Las letradas patrocinantes de la APyT son las doctoras Mariana Emilse Chiacchio y Alejandra Yamila Giordano, integrantes del Centro de Abogados/as por los Derechos Humanos (CADHU).
Una denuncia por presunto hostigamiento sindical
Según la denuncia, las conductas atribuidas a Marino “no son hechos aislados”, sino parte de un “patrón sistemático de hostigamiento a la conducción sindical de APyT”. En ese marco, la presentación incluye “el adelantamiento público del resultado de los sumarios” por parte del entonces vocero presidencial y actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del ministro de Salud, Mario Lugones, el 3 de febrero de 2026, “antes de que los sumariados pudieran siquiera presentar descargos”.
De acuerdo con la presentación judicial, Marino “avanzó sobre un procedimiento cuya suspensión judicial estaba plenamente vigente” y dictó resoluciones que, según la querella, “exceden sus atribuciones como instructora sumariante”. La denuncia también cuestiona que se hayan fijado plazos de descargo “antes de que vencieran los plazos para recurrir la sentencia de Cámara”.
Desde la APyT sostuvieron que el avance del sumario administrativo se produjo “pese a que la medida cautelar de suspensión seguía vigente”. Además, remarcaron que la apelación presentada por el Hospital “había sido concedida con efecto devolutivo”, por lo que, según señalaron, la cautelar “continuaba plenamente en vigor durante toda la tramitación del recurso”.
Cuestionamientos al trámite administrativo
La querella afirma también que la instructora sumariante “desestimó sin análisis alguno” los planteos realizados por los trabajadores alcanzados por los sumarios. Según la presentación, los empleados habían comunicado formalmente su intención de recurrir judicialmente la revocatoria de la cautelar y habían advertido que la resolución “todavía no se encontraba firme”.
En la misma línea, la denuncia acusa a Marino de “no aplicar deliberadamente” la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, normativa que establece la interrupción de plazos mientras existan recursos y acciones judiciales pendientes.
La posición de APyT
La secretaria general de la APyT, Norma Lezana, sostuvo que “es directamente indignante cómo esta intervención libertaria está tratando al mejor equipo de salud del país” y denunció que “nos están sumariando por haber defendido el hospital del vaciamiento”.
“Nos quieren echar”, afirmó Lezana. La dirigente sindical acusó además a las autoridades de intentar “privatizar, hacer negocios, usar instalaciones que son patrimonio público para facturar” y aplicar en el Garrahan “el ‘modelo Adorni’”.
Lezana confirmó que solicitaron “una nueva intervención judicial en estos sumarios completamente truchos” y cuestionó que “una funcionaria que se benefició de nuestra lucha y recibió el aumento que logramos sea la misma que ahora ‘recomienda’ echarnos”.
