El fiscal Gerardo Pollicita sostuvo este martes que no hubo delito en el accionar de los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, de TN, por la producción de un informe en los pasillos de la Casa Rosada que el Gobierno había considerado un presunto hecho de espionaje. Con ese criterio, desestimó la denuncia presentada por la Casa Militar de la sede presidencial.
Los cuestionamientos oficiales a la nota del programa «¿Y mañana qué?» derivaron en una fuerte escalada contra la prensa. El Gobierno suspendió durante varios días el acceso de periodistas acreditados en Casa Rosada y luego mantuvo la medida contra trabajadores de Eltrece y de la señal de noticias que produjo el material cuestionado, al señalar que se habían utilizado lentes especiales para grabar y que, según la denuncia, no existían los permisos correspondientes.
El dictamen del fiscal
Según el dictamen, Pollicita analizó tanto el ejercicio de la libertad de prensa como los presuntos delitos denunciados por Casa Militar, vinculados con la revelación de secretos concernientes a la seguridad, la defensa o las relaciones exteriores de la Nación.
«Más allá de la modalidad clandestina empleada, de la falta de autorización para llevar adelante la actividad y de la consecuente sanción administrativa que ello acarreó, el contenido difundido no reviste la entidad requerida por los tipos penales en trato», sostuvo Pollicita tras evaluar el material aportado por la producción del programa.
El fiscal también se refirió a la figura penal invocada en la denuncia. «Esto es, el carácter reservado necesario en miras de la protección de la seguridad nacional, en tanto no se ha acreditado que las grabaciones difundidas hayan generado condiciones aptas para revelar secretos —extremo que, por lo demás, tampoco fue debidamente precisado en la denuncia inicial—», indicó.
En base al análisis realizado, Pollicita concluyó que «no se advierte en el caso la concurrencia de los elementos típicos exigidos por las mencionadas normas, desde que las imágenes obtenidas muestran únicamente espacios físicos y aspectos generales del funcionamiento de un edificio público, sin que se haya acreditado la captación o difusión de secretos ni verificado una perturbación sustancial de la seguridad nacional o del normal funcionamiento de la institución involucrada, todo lo cual permite descartar la relevancia jurídico-penal de los sucesos bajo análisis».
Pasillos, espacios públicos y Google Maps
El fiscal respaldó su posición con una descripción del material filmado en la Casa Rosada. «En aquellas imágenes se advierten pasillos y espacios vacíos, salvo por la presencia de algunas personas que circulan ocasionalmente por el lugar o se encuentran allí detenidas», señaló.
De esta manera, Pollicita descartó que la grabación haya puesto en riesgo la seguridad nacional, argumento con el que el Gobierno había impulsado la denuncia en el fuero federal. La presentación fue realizada por Sebastián Ignacio Ibañez, jefe de la Casa Militar.
En la denuncia, Ibañez había señalado que la presunta exposición de «detalles estructurales y logísticos» del recinto ejecutivo estaría agravada por el «contexto de tensión internacional» correspondiente al conflicto entre Irán y los señalados como «principales aliados de la República Argentina»: Estados Unidos e Israel.
Pollicita respondió a ese argumento al sostener que el contenido emitido por el programa no revela secretos de Estado, ya que los lugares mostrados son de acceso público e incluso pueden observarse en herramientas como Google Maps, la web oficial de Casa Rosada o YouTube.
Consecuencias administrativas, pero no delito federal
«Sin embargo, lo dicho no implica en absoluto que conductas o hechos como los que aquí se han denunciado hayan carecido de consecuencias jurídicas», aclaró el fiscal. En su criterio, esas consecuencias no corresponden al plano de los delitos federales.
Pollicita remarcó que el Poder Ejecutivo ya intervino al aplicar la exclusión de los periodistas de TN de la Casa Rosada. Esa decisión administrativa fue dictada en base a los lineamientos de la Resolución 1319/2025, que regula las pautas de comportamiento de los periodistas acreditados.
El pedido de Pollicita deberá ser analizado por el magistrado del Juzgado Federal N° 4, el juez Ariel Lijo, quien deberá definir el futuro de la causa contra los periodistas.
