La Justicia federal dio un nuevo paso en la investigación sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó las últimas medidas de prueba antes de avanzar con un requerimiento de justificación patrimonial, una instancia previa a una eventual citación a declaración indagatoria en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
El fiscal requirió al juez Ariel Lijo que ordene informes a distintas entidades, entre ellas billeteras virtuales, el barrio privado Indio Cuá, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Universidad Abierta Interamericana (UAI) y la Dirección de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI). Con esa información, la investigación patrimonial quedaría prácticamente completa.
Adorni explicó públicamente que antes de asumir funciones públicas poseía alrededor de 500.000 dólares provenientes de inversiones en criptomonedas que, según afirmó, nunca había declarado. El 11 de junio presentó ante la Oficina Anticorrupción su declaración jurada correspondiente a 2025 junto con la rectificación de las presentaciones de los dos años anteriores, incorporando ese dinero como efectivo proveniente de la “venta de activos”.
Sin embargo, en el expediente judicial aún persisten dudas sobre determinados períodos de su evolución patrimonial, por lo que el fiscal espera las respuestas de los organismos requeridos antes de definir el siguiente paso procesal.
El informe contable que puede resultar determinante
Pollicita encomendó a la DAFI un análisis integral de la evolución patrimonial y financiera de Manuel Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, desde el 14 de diciembre de 2023 hasta la actualidad.
El estudio contemplará todas las pruebas incorporadas al expediente y buscará contrastar los ingresos acreditados del matrimonio con la evolución de sus bienes, disponibilidades, inversiones, créditos, deudas y gastos registrados durante ese período.
Entre los elementos bajo análisis figuran la compra de un semipiso en Caballito, la adquisición de una casa de fin de semana en un barrio privado de Exaltación de la Cruz —posteriormente remodelada—, el cambio de vehículo y una veintena de viajes dentro y fuera del país, sin que se hubieran vendido los departamentos que Adorni posee en La Plata y Parque Chacabuco.
El fiscal solicitó que el informe identifique y cuantifique, con respaldo documental, las eventuales inconsistencias patrimoniales detectadas y establezca qué aspectos requieren mayores aclaraciones para determinar si existe un desbalance patrimonial relevante.
Criptoactivos, transferencias y antecedentes laborales
La investigación también espera información de las billeteras virtuales Lemon Cash y Binance sobre movimientos de criptoactivos correspondientes a 2020 y 2021. Además, se analizan transferencias entre el funcionario y la empresa DLP Capital Partners, dedicada a servicios financieros e inmobiliarios.
En paralelo, el fiscal solicitó nuevos datos al barrio privado Indio Cuá para establecer si la vivienda ubicada en el lote 380 fue alquilada antes de su compra en noviembre de 2024, así como la identidad del eventual inquilino y el monto abonado.
Otra línea de investigación apunta a determinar si Manuel Adorni y Bettina Angeletti prestaron servicios para la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores, entidad vinculada a la Universidad Abierta Interamericana. Según las sospechas incorporadas al expediente, Adorni habría trabajado allí entre 2017 y 2023, mientras que su esposa lo habría hecho desde 2018 durante el mismo período.
La UAI deberá informar qué cargos desempeñaron, si percibieron remuneraciones, cuántos pagos recibieron y si presentaron declaraciones juradas durante esos años. Esa documentación forma parte de las últimas medidas de prueba que la Justicia considera necesarias antes de resolver si corresponde exigir formalmente una justificación patrimonial.
