El Senado sesionará este jueves desde las 12:00 para tratar el proyecto sobre «inviolabilidad de la propiedad privada» impulsado por el presidente Javier Milei. La iniciativa incluye modificaciones en materia de desalojos, expropiaciones y, especialmente, la eliminación del límite del 15% para la adquisición de tierras rurales por parte de personas, empresas y entidades extranjeras, uno de los puntos que concentra la mayor controversia.
En la antesala del debate, distintos sectores de la oposición intensificaron la presión para que ese capítulo sea rechazado. La discusión se trasladó también al plano político por la figura del empresario estadounidense Peter Thiel, fundador de Palantir, empresa dedicada al desarrollo de herramientas de recopilación de datos e inteligencia artificial aplicada a defensa y seguridad, quien mantuvo reuniones con Milei en distintas oportunidades y recientemente se instaló a vivir en Buenos Aires.
La oposición, la CGT y la Iglesia cuestionan la reforma
La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, difundió una carta abierta firmada por los principales dirigentes de ese espacio en la que sostiene que la reforma de la Ley de Tierras representa «una entrega de poder sobre el territorio argentino» en beneficio del denominado «nuevo feudalismo tecnológico».
El documento advierte que eliminar las restricciones vigentes podría comprometer la soberanía nacional, el control sobre el agua, los recursos naturales y las zonas estratégicas del país. Además, afirma que el proyecto debe analizarse junto a otras iniciativas que, según esa fuerza política, reducen la capacidad regulatoria del Estado.
En paralelo, la diputada Mónica Frade presentó un proyecto de declaración que manifiesta el «enérgico rechazo a la injerencia del empresario estadounidense Peter Thiel en asuntos estratégicos de la República Argentina que podrían comprometer futuras decisiones de Estado». La iniciativa cuenta también con las firmas de Esteban Paulón, Miguel Pichetto, Blanca Osuna, Carlos Castagneto y Sergio Palazzo.
Los legisladores sostienen que Thiel no puede ser considerado únicamente como un inversor extranjero debido a su participación en el desarrollo de tecnologías vinculadas con inteligencia artificial, vigilancia y procesamiento masivo de datos. Asimismo, vinculan su figura con recientes acuerdos de cooperación tecnológica y de defensa celebrados entre Argentina y Estados Unidos.
La CGT también expresó su rechazo al proyecto al advertir sobre el avance de los «tecnomagnates» y sus vínculos con el Gobierno nacional. En un documento sostuvo que eliminar el límite vigente implica facilitar el acceso a recursos estratégicos como minerales, tierras productivas, energía y agua.
Por su parte, la Pastoral Social y otras entidades de la Iglesia difundieron un comunicado en el que señalaron: «Creemos que atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos de autodeterminarse».
Los votos siguen siendo el principal desafío del oficialismo
Mientras continúan las negociaciones parlamentarias, distintas fuentes del Senado coinciden en que el oficialismo aún no tiene asegurada la mayoría necesaria para aprobar el capítulo referido a las tierras rurales.
Durante las conversaciones encabezadas por la ministra Patricia Bullrich con bloques dialoguistas se realizaron múltiples modificaciones al texto. Según trascendió, el oficialismo elaboró trece versiones diferentes del capítulo con el objetivo de reunir los apoyos necesarios.
Entre las principales observaciones de los senadores aparecen las vinculadas con la protección de zonas que concentran minerales críticos y otros recursos considerados estratégicos para el país.
De acuerdo con estimaciones preliminares, La Libertad Avanza necesitaría sumar el respaldo del PRO, bloques provinciales y parte del radicalismo para alcanzar los 37 votos. Sin embargo, desde distintos despachos legislativos admiten que el escenario permanece abierto y que cualquier ausencia durante la sesión podría modificar el resultado.
Además, fuentes parlamentarias indicaron que los tres integrantes del bloque Convicción Federal, por el momento, mantienen su decisión de votar en contra del capítulo referido a las tierras.
Las modificaciones incorporadas al proyecto
El proyecto mantiene como eje central la eliminación del límite del 15% establecido por la Ley de Tierras Rurales sancionada en 2011, aunque incorpora cambios negociados durante las últimas semanas.
Entre ellos, se acordó que las provincias tendrán participación en la autorización de determinadas operaciones y se mantendrá la prohibición para que los Estados extranjeros adquieran directamente tierras rurales.
No obstante, las empresas con participación estatal extranjera podrán concretar compras cuando exista autorización tanto del gobierno provincial correspondiente como del Poder Ejecutivo Nacional. El mismo criterio se aplicará para inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera.
El texto también incorpora la aplicación del régimen de silencio administrativo positivo. Esto significa que, si transcurrido el plazo legal de 60 días no existe una respuesta por parte de la administración pública respecto del pedido de autorización, la operación quedará aprobada automáticamente.
El oficialismo no descarta introducir nuevas modificaciones antes del debate en el recinto con el objetivo de consolidar los apoyos necesarios. Mientras tanto, la discusión sobre la venta de tierras rurales a extranjeros se convirtió en el punto más sensible de una sesión que promete ser una de las más disputadas del año en el Senado.
