La senadora provincial de La Libertad Avanza, Macarena D’Ambrogio, presentó un proyecto de ley para incorporar controles toxicológicos obligatorios en los operativos viales de Mendoza y endurecer las sanciones para quienes conduzcan bajo los efectos de sustancias psicoactivas. La propuesta modifica tanto la Ley de Tránsito N.º 9024 como el Código Contravencional de la provincia.
La iniciativa busca establecer un marco específico para la realización de los denominados narcotest, además de incorporar nuevas escalas de multas, inhabilitaciones y otras sanciones para los infractores.
Narcotest y controles con criterios objetivos
El proyecto dispone que los conductores deberán someterse a los controles toxicológicos cuando así lo determinen las autoridades competentes. Asimismo, establece que la negativa injustificada a realizar la prueba será considerada una falta gravísima y tendrá las mismas consecuencias administrativas que un resultado positivo.
Al mismo tiempo, la propuesta incorpora un protocolo para limitar la discrecionalidad durante los controles. Según el texto, los agentes deberán verificar previamente indicadores objetivos de alteración psicofísica, como dificultades motrices, alteraciones del habla, signos oculares o cambios conductuales, antes de ordenar la realización del narcotest.
Multas de hasta $5,5 millones
La iniciativa establece una escala de sanciones diferenciada según la sustancia detectada. Para los casos vinculados con cannabis y sus derivados prevé multas de entre 3.000 y 6.000 unidades fijas, equivalentes a entre $1,5 y $3 millones, además de inhabilitaciones para conducir.
Cuando se trate de cocaína, opiáceos o benzodiacepinas utilizadas sin autorización terapéutica, las multas podrían llegar hasta 9.000 unidades fijas, acompañadas por arrestos de hasta 30 días e inhabilitaciones de hasta un año.
Las sanciones más severas alcanzan a los casos considerados de mayor riesgo, como el consumo de anfetaminas, metanfetaminas o la combinación de dos o más sustancias, incluido el alcohol. En esos supuestos, las multas podrían ascender hasta 11.000 unidades fijas, equivalentes a aproximadamente $5,5 millones, además de arrestos de hasta 120 días e inhabilitaciones de hasta 545 días.
Retención del vehículo y licencias más cortas
El proyecto también dispone la retención obligatoria del vehículo en todos los casos alcanzados por la norma y elimina la posibilidad de sustituir las sanciones mediante trabajo comunitario.
Además, establece que los vehículos retenidos por infracciones relacionadas con alcohol o drogas no podrán ser restituidos hasta que el infractor cumpla con la sanción correspondiente. Para los reincidentes, la iniciativa propone reducir la vigencia de la licencia de conducir a cinco años, en lugar de los diez años previstos actualmente para quienes no registran antecedentes.
La propuesta deberá ahora iniciar su tratamiento legislativo en la Legislatura de Mendoza antes de una eventual aprobación.
