En diálogo con el programa «Todos Vivos», el asesor letrado de Gobierno, Alejandro Ferrari, brindó detalles del encuentro preliminar entre los distintos sectores del Estado para avanzar en la implementación del nuevo régimen penal juvenil en San Juan.
Ferrari destacó la respuesta de las áreas convocadas y aseguró que existió una amplia predisposición para coordinar el funcionamiento del futuro sistema. «Cuando hicimos la convocatoria no hemos recibido la más mínima resistencia ni obstrucción, para nada. Hubo un sentimiento de predisposición a que las cosas se hagan bien, sin ningún tipo de egoísmo», destacó el funcionario.
En ese sentido, remarcó el compromiso de los distintos actores involucrados: «Estamos todos comprometidos en que esto tiene que salir bien«.
Un sistema orientado a la protección y reinserción
Consultado sobre el desafío logístico e institucional que implica la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años y el esquema de penas máximas, el asesor explicó que el espíritu de la legislación nacional excede la cuestión edilicia y la aplicación de sanciones.
«Si bien la ley baja la edad de imputabilidad, también establece un régimen enfocado en un aspecto tuitivo (de protección) y busca implementar los principios de la justicia restaurativa», explicó.
Ferrari insistió en que «la finalidad del sistema no es penar al menor», aunque reconoció que la legislación contempla penas frente a delitos graves. «El objetivo de la ley es tratar de reinsertar al menor en la sociedad», afirmó.
El funcionario señaló que la implementación requerirá jueces especializados capaces de valorar cada conducta, además de la intervención del Poder Ejecutivo para disponer medidas complementarias orientadas a la reeducación y reinserción de los adolescentes alcanzados por el régimen.
La figura del supervisor
Entre las novedades previstas aparece la creación del rol del supervisor, que formará parte de la estructura encargada de intervenir durante la aplicación del nuevo sistema penal juvenil.
«Desde la policía judicial hasta los jueces, pasando por el supervisor y el personal ejecutor, todos tienen que estar especializados», advirtió el funcionario.
La coordinación entre los distintos organismos será uno de los ejes centrales de la implementación, con la necesidad de articular la actuación judicial y las herramientas que deberá aportar el Ejecutivo para garantizar tanto la respuesta frente al delito como la protección de los derechos e intereses de los menores.
El asesor letrado de Gobierno, Alejandro Ferrari, detalló los primeros avances de coordinación entre áreas estatales para aplicar en San Juan el nuevo régimen penal juvenil. El funcionario destacó la predisposición institucional y explicó que el sistema, además de reducir la edad de imputabilidad a 14 años, tendrá un enfoque de protección, justicia restaurativa y reinserción social.
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Aplicar un nuevo régimen penal juvenil exige bastante más que cambiar un número en una ley y esperar que el resto del Estado comprenda espontáneamente qué hacer el lunes a primera hora. En San Juan, el Gobierno y distintos sectores vinculados con la Justicia comenzaron a coordinar cómo funcionará el sistema, una tarea que involucra jueces especializados, personal capacitado, organismos ejecutores y hasta una nueva figura denominada supervisor. En términos administrativos, algo parecido a intentar que varias piezas del Estado entren en la misma caja sin que ninguna alegue falta de competencia.
Alejandro Ferrari aseguró que, al menos en la etapa preliminar, nadie apareció dispuesto a trabar el proceso. Una noticia institucional que merece ser observada con atención: distintas áreas convocadas a una reunión pública manifestaron voluntad de colaborar y, según el funcionario, incluso dejaron el egoísmo afuera. El desafío ahora consiste en que esa armonía sobreviva cuando comiencen las definiciones concretas sobre responsabilidades, recursos, capacitación y ejecución, territorio donde históricamente las buenas intenciones suelen encontrarse con el organigrama.
El nuevo esquema tampoco se plantea únicamente desde la lógica del castigo. La legislación incorpora un enfoque de protección y justicia restaurativa, con la reinserción como objetivo central. Es decir, el sistema deberá responder frente al delito sin convertir al adolescente en una carpeta judicial con piernas. Para eso harán falta profesionales especializados en cada instancia y políticas capaces de acompañar las decisiones judiciales.
La aparición del supervisor suma otra pieza a una estructura que deberá funcionar de manera coordinada desde la investigación hasta la ejecución de las medidas. El desafío, según lo expuesto por Ferrari, será construir un sistema en el que todos sepan exactamente qué tienen que hacer. Una pretensión razonable, aunque tratándose de estructuras estatales complejas también podría catalogarse como deporte de alto rendimiento institucional.
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