En un dictamen de 84 páginas, escrito en “lenguaje forense, pero al mismo tiempo coloquial para lograr una narración amena, comprensible y autosuficiente”, el fiscal nacional en lo Criminal y Correccional Andrés Madrea pidió que 26 sospechosos sean citados a prestar declaración indagatoria, acusados de estafas, maniobras de intermediación financiera no autorizada y del lavado de activos producto de la actividad ilícita.

Según la presentación que el fiscal Madrea hizo ante el juez Darío Bonanno, las “operaciones defraudatorias superan holgadamente” los 1000 millones de pesos, “dándose siempre una idéntica modalidad: la creencia falsa de estar invirtiendo su capital en acciones, bonos y otros títulos valores, cuya rentabilidad y movimientos de valuación se visualizaban por medio de una ‘web app’; allí, los colocadores de fondos podían observar cómo les figuraban depositados e invertidos los mismos, que previamente habían transferido hacia variadas cuentas digitales, a requisito y manejo de los ‘asesores’ de la ‘academia de negocios’ EquiQuant Capital”.

La investigación se inició por una denuncia en la ciudad de Buenos Aires, pero después se sumaron varias presentaciones de damnificados en distintas fiscalías y ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci). Allí se hacía referencia a la existencia de una supuesta compañía de nombre EquiQuant Capital que, mediante perfiles de redes sociales como Instagram y servicios de mensajería como WhatsApp, captaba personas interesadas en asesoramiento financiero y posibles inversores, con promesas de alta rentabilidad, terminología bursátil y una apariencia de legitimidad.

Una estructura organizada para captar y mover fondos

“El éxito de la elaborada artimaña no se encontraba únicamente estribado en el hecho de simular movimientos financieros y ver el dinero propio transferido en una aplicación –con el más que probable apoyo de uno o varios programadores–, sino que se apoyaba también en el aceitado y complejo trabajo de una organización criminal compuesta por un significativo número de personas, dedicadas a la captación de interesados, a la gestión de las cuentas recaudadoras de los fondos y a su posterior tratamiento y reinserción en el circuito formal de circulación de capitales –como más abajo detallaré–, sirviéndose, además, de la más que necesaria confianza de las víctimas en el adecuado funcionamiento del mercado de valores”, sostuvo Madrea en el citado dictamen.

La captación de víctimas no solo se produjo en la ciudad de Buenos Aires, sino en otros puntos del país, como en la provincia de Chubut.

En parte de su dictamen, el fiscal Madrea escribió: “Parafraseando a Celedonio Flores, Contursi o al gran Enrique Santos Discépolo, se podría canturrear que ‘en la timba del ciberespacio, el chamuyo de una runfla de las teclas tejió una telaraña de bits para asaltar por timo a la gilada y quedarse siempre con el vento’”.

Para el representante del Ministerio Público, la operatoria bajo investigación no se trató de lo que se denomina “estafa piramidal”. Y lo explicó: “No necesariamente cada damnificado se hallaba cooptado para acercar a otros potenciales afectados que sostuvieran al sistema en pie por el tiempo que durase el engaño. Por el contrario, el ardid era develado en el momento en que cada usuario de la ‘web app’ decidía retirar los réditos del dinero invertido o la totalidad del mismo, encontrándose en esos momentos con distintas excusas, como la necesidad de ‘integrar pagos’ para permitir la liberación de los activos, o la solicitud de nuevas transferencias para cubrir el costo de presuntos impuestos establecidos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, exAFIP), el abono de honorarios para los intermediarios financieros y toda clase de argumentos de similar índole. Así, el timo se prolongaba hasta las últimas puntadas”.

Para el fiscal, los “pretextos no funcionaban únicamente como cortina final del impedimento para el rescate de fondos, sino también como estímulos para lograr que las víctimas continuasen ingresando sumas en la plataforma, perpetuando así el perjuicio sufrido por la propia disposición patrimonial”.

La sindicada organización criminal, según el expediente judicial, habría empezado a operar a mediados de 2023.

“Es factible dimensionar la escala y la extensión del daño producido, la afectación a intereses legítimos y a diversos bienes jurídicos, principalmente la propiedad, pero también el orden público, la fe pública, el orden económico y financiero e, inclusive, la administración de justicia”, se afirmó en la presentación ante el juez Bonanno.

El seguimiento de las rutas del dinero

Cuando comenzó la investigación, el fiscal Madrea pidió la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y de la División Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina (PFA).

Al poco tiempo del inicio de la investigación, se conoció que había una causa más avanzada que tramitaba ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelitos y Evidencia Digital (Ufecyed) del Ministerio Público Fiscal de Chubut, a cargo del fiscal Fernando Rivarola.

En mayo pasado, por propuesta del fiscal Rivarola y ante la cantidad de casos que iban encontrándose respecto a varias decenas de víctimas, también en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, que intervenían en casos similares, se estableció entre los fiscales intervinientes un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) para compartir la evidencia obtenida, aunar criterios probatorios y promover una tutela judicial efectiva y eficaz para víctimas de territorios lejanos entre sí, particularmente respecto al análisis integral de las rutas del dinero y las medidas cautelares para lograr el rápido congelamiento de cuentas.

El ECI está integrado por el fiscal Rivarola, que interviene en la persecución de la asociación ilícita; el fiscal Madrea, a cargo de investigar las estafas con víctimas en la ciudad de Buenos Aires; el fiscal coordinador de la Oficina Especializada en Ciberdelitos y Evidencia Digital (Oeced) de Córdoba, Franco Daniel De Jesús Pilnik Erramouspe; el fiscal jefe de la Unidad Especial de Cibercrimen del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe —sede Rosario—, Matías Ocariz; y la fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Delitos Complejos del Departamento Judicial de San Martín, Andrea Andoniades.

El fiscal Rivarola determinó la existencia de una asociación ilícita dedicada a la realización de estas estafas reiteradas que se diseminan por todo el país a raíz de su conexión virtual.

Cómo funcionaba el mecanismo

La organización captaba a potenciales inversores a través de redes sociales y los incluía en grupos de mensajería manejados por supuesto ‘personal’ de la academia, donde les ‘adjudicaban’ la compra de acciones. Luego las víctimas debían crear una cuenta en la aplicación web EquiQuant Capital —que funcionaba igual que otras aplicaciones de finanzas— y, guiadas por los asesores, ingresaban dinero para comenzar a invertir, para lo cual debían transferir el dinero a distintas cuentas de billeteras virtuales que les indicaban.

Cuando las víctimas pretendían recuperar la inversión y las ganancias, les hacían efectuar nuevos pagos bajo múltiples excusas.

“Como bien ha dictaminado la Procuraduría especializada, parte de los sujetos investigados aportó la infraestructura societaria y bancaria vital –como la constitución de sociedades y apertura de cuentas– para el funcionamiento de la organización; otros se hicieron cargo del “control operativo” de las cuentas de correo electrónico y/o de las billeteras en las plataformas digitales; y un tercer grupo intervino en la fase de circulación y reconversión de los fondos recabados, destinándolos a la compra de criptoactivos o a través de mecanismos de intermediación/arbitraje financiero (no autorizados legalmente) orientados a dotar de liquidez difícilmente rastreable y con una apariencia lícita. Se trata, como he desarrollado, de un cúmulo de datos objetivos –registro de IPs, uso de correos electrónicos Gmail, líneas telefónicas a nombre de los implicados, inicios de sesión en domicilios vinculados a ellos, percepción de beneficios económicos directos y transferencias a terceros en pos del sistema de cancelación de obligaciones– que involucra de manera directa a las personas mencionadas y les asigna funciones específicas en el esquema, descartando cualquier hipótesis de intervención ocasional o de posible desconocimiento”, sostuvo Madre en su dictamen.