El fondo Burford Capital se presentó ante la Corte Suprema de Estados Unidos con el objetivo de intentar revertir el fallo que favoreció previamente a la Argentina en el extenso litigio judicial derivado de la expropiación de YPF en 2012.

La presentación representa la última vía judicial ordinaria disponible en Estados Unidos para los demandantes, que buscan que el máximo tribunal revise la decisión de una instancia inferior y reactive el millonario reclamo económico contra el Estado argentino.

La última instancia en Estados Unidos

El planteo apunta a que la Corte Suprema estadounidense analice el fallo que dejó sin efecto una condena económica contra la Argentina. De esta manera, los litigantes agotaron el recorrido ordinario disponible dentro del sistema judicial norteamericano para intentar modificar el resultado del expediente.

La intervención del máximo tribunal, sin embargo, no es automática. La presentación abre una etapa en la que la Corte deberá determinar si acepta revisar el caso. En caso de que decida no intervenir, continuará vigente la resolución favorable a la Argentina.

Burford Capital financia el litigio vinculado con los reclamos surgidos después de la expropiación de YPF. El conflicto judicial tiene su origen en la decisión adoptada por el Estado argentino en 2012 para recuperar el control mayoritario de la petrolera.

Un reclamo multimillonario por la expropiación de YPF

La disputa se desarrolló durante años en los tribunales estadounidenses y atravesó distintas instancias judiciales. En ese recorrido, los demandantes obtuvieron inicialmente una sentencia favorable que establecía una indemnización multimillonaria contra la Argentina, pero posteriormente ese pronunciamiento fue revertido en una instancia superior.

Precisamente esa decisión es la que Burford y los demandantes pretenden modificar ahora ante la Corte Suprema. El objetivo es reflotar el reclamo económico relacionado con la expropiación de la petrolera y recuperar la posibilidad de exigir una compensación al Estado argentino.

La presentación ante el máximo tribunal estadounidense marca así un nuevo capítulo de un expediente que lleva más de una década abierto. El próximo paso dependerá de la decisión de la propia Corte Suprema sobre si acepta o no revisar el planteo presentado por los litigantes.