El Gobierno de Javier Milei dio marcha atrás con los recortes previstos para las Pensiones no Contributivas por Discapacidad en el proyecto de Presupuesto 2027. La decisión se produjo después de un acuerdo político destinado a facilitar el tratamiento de la ley presupuestaria y coincide con el avance de una nueva iniciativa legislativa sobre discapacidad.
El Senado se prepara para debatir este jueves 19 de noviembre la Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, un proyecto que busca reemplazar el régimen de emergencia vigente por un conjunto de disposiciones permanentes.
La propuesta ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y obtuvo dictamen de mayoría en las comisiones del Senado.
Entre sus principales disposiciones se encuentran la continuidad de las pensiones, la compatibilidad con el trabajo registrado, la cobertura médica y la implementación de auditorías periódicas.
Las pensiones por discapacidad mantendrían su monto y sus principales beneficios
El acuerdo alcanzado por el oficialismo dejó sin efecto las modificaciones que se habían planteado inicialmente en el Presupuesto 2027.
Los cambios propuestos afectaban las condiciones de acceso a las Pensiones no Contributivas por Discapacidad y las reglas que permiten combinar el cobro de la prestación con ingresos provenientes de un empleo formal.
En su lugar, la nueva iniciativa conserva los principales beneficios contemplados en la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, cuya vigencia está prevista hasta el 31 de diciembre de 2026.
Uno de los aspectos centrales es que el monto de las Pensiones no Contributivas por Discapacidad se mantendría en el 70% de la jubilación mínima del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
De esta manera, el proyecto propone sostener la referencia utilizada para determinar el valor de la prestación y establecer un marco normativo permanente para su funcionamiento.
La continuidad de estas condiciones dependerá de la aprobación definitiva de la iniciativa y de su posterior entrada en vigencia.
Cuáles serían los requisitos para acceder a las Pensiones no Contributivas
El proyecto establece una serie de condiciones que deberán cumplir las personas que soliciten una Pensión no Contributiva por Discapacidad.
Entre los requisitos previstos se encuentran:
- Documentación: contar con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y Documento Nacional de Identidad (DNI).
- Nacionalidad y residencia: ser argentino nativo, por opción o naturalizado. En el caso de personas extranjeras, acreditar cinco años de residencia legal y continuada.
- Ingresos: percibir ingresos individuales inferiores a dos salarios mínimos, vitales y móviles.
- Incompatibilidades: no cobrar otra jubilación, retiro, pensión ni asignaciones que resulten incompatibles con la prestación.
- Evaluación socioeconómica: superar el procedimiento destinado a verificar las condiciones económicas del solicitante.
- Vivienda: cuando la persona tenga una propiedad, acreditar que constituye su única vivienda familiar.
Estas disposiciones buscan establecer criterios uniformes para el acceso al beneficio, de acuerdo con las condiciones previstas en el texto legislativo.
Las pensiones seguirían siendo compatibles con el empleo registrado
Uno de los puntos más relevantes de la iniciativa es la continuidad de la compatibilidad entre las Pensiones no Contributivas por Discapacidad y el trabajo formal.
Según el proyecto, los beneficiarios podrán desempeñarse en relación de dependencia o inscribirse en el monotributo sin que esa situación implique la pérdida automática de la prestación.
Para mantener el cobro, sus ingresos laborales deberán ubicarse por debajo del equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.
De acuerdo con el monto indicado para noviembre de 2026, ese límite alcanza los $797.600.
Si los ingresos laborales superan el tope establecido, la pensión liquidada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) será suspendida.
Sin embargo, la propuesta contempla la posibilidad de solicitar su rehabilitación cuando finalice la relación laboral o cuando los ingresos vuelvan a situarse por debajo del límite permitido.
El objetivo es que la incorporación al mercado de trabajo no produzca automáticamente la pérdida definitiva de una prestación destinada a brindar protección económica.
Auditorías, cobertura médica y controles sobre los beneficiarios
La nueva legislación también contempla la continuidad de un programa de cobertura médica para titulares de pensiones no contributivas por discapacidad e invalidez laboral.
El sistema deberá incluir las prestaciones básicas establecidas en la Ley 24.901, que regula servicios destinados a personas con discapacidad.
Por otra parte, la Secretaría Nacional de Discapacidad tendrá a su cargo la realización de auditorías periódicas para verificar que los beneficiarios continúen cumpliendo las condiciones exigidas.
Los procedimientos podrán incluir cruces de información con Anses, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y otros organismos públicos.
El proyecto establece que, ante la detección de posibles irregularidades, los titulares deberán ser notificados y tendrán derecho a presentar un descargo.
De esta manera, las tareas de fiscalización deberán contemplar instancias de comunicación y defensa para las personas alcanzadas por los controles.
Actualización de aranceles y pagos pendientes a prestadores
Además de las disposiciones relacionadas con las pensiones, el proyecto incorpora medidas destinadas al funcionamiento general del sistema de atención a personas con discapacidad.
Entre ellas figura el mantenimiento del nomenclador único de prestaciones, utilizado como referencia para los servicios incluidos en el sistema.
La iniciativa también prevé mecanismos de actualización de aranceles, un aspecto relevante para las instituciones y los profesionales que brindan atención.
Asimismo, contempla un cronograma para regularizar las compensaciones pendientes a prestadores.
Estas disposiciones buscan establecer condiciones de mayor previsibilidad para el financiamiento y la continuidad de los servicios.
El Senado tiene previsto debatir la iniciativa el 19 de noviembre, después de que el oficialismo aceptara retirar los recortes inicialmente contemplados en el Presupuesto 2027.
El tratamiento parlamentario será determinante para definir si las condiciones propuestas se convierten en un régimen permanente que reemplace la emergencia en discapacidad al finalizar su vigencia, el 31 de diciembre de 2026.
El Gobierno de Javier Milei retiró los recortes propuestos para las Pensiones no Contributivas por Discapacidad del Presupuesto 2027, tras un acuerdo político. El Senado se prepara para debatir una nueva ley que mantendría las prestaciones en el 70% de la jubilación mínima y su compatibilidad con el empleo formal, además de establecer requisitos de acceso, auditorías y mecanismos de protección para los beneficiarios.
El Gobierno nacional decidió dar marcha atrás con los recortes previstos para las pensiones por discapacidad en el Presupuesto 2027. La noticia llegó después de una negociación política que consiguió algo bastante particular: que una prestación destinada a personas con discapacidad dejara de ocupar el lugar de variable de ajuste y recuperara su condición de derecho que necesita reglas claras para sostenerse.
El cambio de rumbo coincidió con el avance de una nueva legislación en el Senado. El proyecto busca reemplazar el régimen de emergencia por un sistema permanente, una transición que tiene cierta lógica administrativa: cuando una situación requiere respuestas continuas, tal vez convenga dejar de tratarla como si fuera una sorpresa que aparece cada diciembre.
Entre las disposiciones previstas figura la continuidad de las pensiones equivalentes al 70% de la jubilación mínima y la posibilidad de trabajar sin perder automáticamente el beneficio. Esta última cuestión tiene una importancia especial: durante demasiado tiempo, la discusión sobre asistencia social y empleo pareció organizada alrededor de una paradoja, como si conseguir trabajo pudiera convertirse en un problema para quien necesita una prestación.
La iniciativa establece un límite de ingresos de dos salarios mínimos para mantener la compatibilidad. Si se supera ese monto, la pensión podrá suspenderse y rehabilitarse cuando cambien las condiciones laborales o económicas. El mecanismo intenta ofrecer una alternativa a una disyuntiva que nunca debería ser tan rígida: conservar un ingreso de protección o intentar incorporarse al mercado laboral.
También habrá auditorías, evaluaciones socioeconómicas y cruces de información entre organismos. El Estado buscará comprobar que los beneficiarios cumplan los requisitos, aunque el proyecto contempla notificaciones y la posibilidad de presentar descargos. Una combinación que debería resultar habitual en cualquier procedimiento administrativo: controlar sin convertir una observación burocrática en una sentencia anticipada.
El texto incorpora además cobertura médica, actualización de aranceles y un esquema para regularizar pagos pendientes a prestadores. Porque el sistema de discapacidad no se limita al monto de una pensión: también depende de profesionales, instituciones y servicios que necesitan condiciones de funcionamiento.
Por ahora, el acuerdo representa un cambio respecto de la propuesta presupuestaria inicial, pero la nueva legislación todavía debe completar su recorrido parlamentario. La política consiguió acercar posiciones; falta que las disposiciones se conviertan en normas vigentes. En materia de derechos sociales, la diferencia entre un anuncio y una garantía efectiva suele estar escrita en los detalles de la ley y, especialmente, en su aplicación.
