El gremio de trabajadores de Vialidad Nacional en San Juan denunció la puesta en marcha de un nuevo plan de retiros voluntarios que podría reducir todavía más la planta de personal del organismo en la provincia.
La advertencia fue realizada por el referente sindical Carlos Ordóñez, quien señaló que la medida se conoció luego de una videollamada entre el administrador general y los trabajadores.
Según relató Ordóñez, el funcionario mantuvo un encuentro por Webex con el personal y, horas más tarde, firmó la resolución que habilita el nuevo esquema de desvinculación.
Las condiciones del retiro voluntario
El dirigente calificó esa secuencia como una “hipocresía institucional” y sostuvo que existen empleados que analizan adherir al plan debido al congelamiento salarial y al clima de hostigamiento que, según describió, atraviesa la repartición.
El esquema contempla un mes de sueldo por cada año de antigüedad, con un máximo de 22 años y un límite de edad de 64 años.
Ordóñez explicó además que quienes opten por conservar la cobertura médica durante un año percibirán el 80% del haber, mientras que quienes se desvinculen completamente recibirán el 90%.
La propuesta se suma al plan aplicado a comienzos de año, cuando 609 trabajadores dejaron Vialidad Nacional en todo el país. Actualmente, el distrito San Juan cuenta con 262 agentes.
El gremio denuncia un ajuste “por goteo”
Desde el sindicato sostienen que la medida no debe analizarse de manera aislada. Ordóñez afirmó que, luego de que el Gobierno nacional no pudiera avanzar por decreto con la eliminación de la Dirección Nacional de Vialidad, el ajuste continúa “por goteo” a través de retiros voluntarios, reducción de personal y desfinanciamiento.
El dirigente también cuestionó el traslado de responsabilidades hacia las provincias y advirtió que el repliegue de Nación en el mantenimiento de rutas federales podría generar mayores costos para los distritos.
Según planteó, la intención oficial sería dejar a Vialidad Nacional principalmente como un organismo de control, mientras las provincias asumirían tareas y gastos vinculados con reparaciones que, a criterio del gremio, deberían financiarse con recursos nacionales.
La preocupación sindical se concentra ahora en el impacto que el nuevo esquema pueda tener sobre la cantidad de trabajadores disponibles y sobre la capacidad operativa del organismo en San Juan.
