El sistema de atención a personas con discapacidad atraviesa una nueva crisis por la interrupción de la cadena de pagos a prestadores. Profesionales del sector denuncian que dejaron de recibir transferencias correspondientes a prestaciones ya realizadas y anticiparon que, si no aparecen respuestas, desde el lunes 31 de agosto se suspenderán tratamientos.
Según los testimonios del sector, la Superintendencia de Servicios de Salud dejó de girar fondos hacia obras sociales y empresas de medicina prepaga, afectando los pagos destinados a terapistas, psicólogos, fonoaudiólogos y otros profesionales.
«No sé sabe si es ARCA o qué pero deben mayo, incluso desde antes. Dicen que hoy, que mañana pero hace 10 días esperamos. Nos organizamos. El lunes se suspenden tratamientos y vamos a marchar. Los grupos están prendidos fuego», relató una prestadora.
La profesional describió además el circuito mediante el cual se procesan las prestaciones: «El profesional o terapista factura, lo manda a la obra social, la obra social lo presenta a la Superintendencia, la Superintendencia le liquida a ARCA, ARCA transfiere a la cuenta de discapacidad y las obras sociales transfieren a los prestadores. Lo que pasó es que se interrumpió la transferencia, no sabemos si de Superintendencia a ARCA o de ARCA a las obras sociales. A esta altura del mes tenemos la mayoría de las transferencias pero hoy tenemos cero pesos».
Un aumento del 2,10% en medio de los pagos demorados
El martes 25 de agosto, el Gobierno oficializó un aumento del 2,10% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, correspondiente a agosto.
La actualización fue establecida mediante la Resolución 2775/2026, firmada por el secretario Alejandro Alberto Vilches, y tomó como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor de julio.
Sin embargo, entre los prestadores el incremento generó fuertes cuestionamientos debido a que se produce mientras continúan los atrasos en las transferencias.
«En el medio están dando aumentos mensuales de centavos, entonces es un disparate: por un lado, te dan un aumento y por otro, no te lo pagan. Bah, es la perversión de este gobierno», denunció la prestadora consultada.
Desde la Cámara de Prestadores de Discapacidad de la Provincia de Córdoba (Capredis) advirtieron que el problema podría estar relacionado con un déficit en la recaudación de ARCA asociado a la caída del empleo formal.
La entidad alertó que, de mantenerse las demoras, «el sistema de atención a personas con discapacidad podría ingresar en un estado de crisis terminal, poniendo en riesgo la continuidad de las prestaciones a miles de personas con discapacidad en toda la Argentina».
La emergencia vuelve a la agenda del Congreso
El miércoles, sectores de la oposición intentaron incorporar en la Cámara de Diputados el tratamiento de una extensión de la emergencia en discapacidad, pero no consiguieron la mayoría agravada necesaria.
La propuesta obtuvo 133 votos a favor, 107 en contra y 11 abstenciones. La Libertad Avanza y el PRO votaron en contra, mientras que la UCR y el MID se abstuvieron.
Pese al resultado, los bloques opositores afirmaron contar con los votos necesarios para avanzar mediante una sesión especial, que fue fijada para el 9 de septiembre a las 12.
Protestas y suspensión de prestaciones
El conflicto comenzó a trasladarse también a las calles. En Mar del Plata, la Asociación Civil de Servicios para la Discapacidad y la Inclusión (Aspredis) convocó a una movilización frente a la Municipalidad bajo la consigna «Trabajamos, cumplimos, no cobramos».
En Córdoba, la Cámara de Prestadores se declaró en estado de alerta ante la falta de pagos. La abogada de la asociación Incluime, Mariela Peña, describió la situación: «Se cortó la cadena de pagos y no cobraron las prestaciones de mayo y junio, que debían percibirse en agosto. ¿Qué trabajador o familia puede sostener esta crisis?».
Los prestadores anticiparon que el lunes 31 de agosto comenzarán a suspender tratamientos y anunciaron nuevas movilizaciones mientras reclaman la regularización de las transferencias y respuestas sobre el funcionamiento de la cadena de pagos.
Prestadores del sistema de atención a personas con discapacidad denuncian una interrupción en la cadena de pagos de prestaciones correspondientes a mayo y junio y anticiparon la suspensión de tratamientos desde el lunes 31 de agosto. El conflicto se produce mientras el Gobierno oficializó una actualización arancelaria del 2,10% y el Congreso prepara una nueva discusión sobre la emergencia del sector.
El sistema de prestaciones para personas con discapacidad llegó a una instancia burocrática particularmente sofisticada: el Gobierno actualizó los aranceles mientras, según denuncian los prestadores, el dinero directamente dejó de llegar. Es decir, existe un porcentaje nuevo para calcular pagos que muchos todavía no recibieron. Una especie de innovación administrativa en la que la calculadora funciona perfectamente, pero la transferencia quedó contemplando el infinito.
El circuito tampoco ayuda a despejar el misterio. El profesional factura, la obra social presenta, la Superintendencia procesa, ARCA interviene, aparece una cuenta específica y finalmente alguien debería cobrar. Sobre el papel parece una cadena perfectamente diseñada; en la práctica, los prestadores aseguran que en algún eslabón desapareció el movimiento de fondos. Encontrar exactamente dónde se interrumpió se convirtió en una versión estatal de buscar quién apagó la luz, salvo que del otro lado hay tratamientos, profesionales y familias que no pueden esperar a que termine la investigación administrativa.
La actualización del 2,10% tampoco consiguió descomprimir el conflicto. Los prestadores sostienen que vienen acumulando atrasos y que una mejora nominal resulta insuficiente si las prestaciones ya realizadas continúan sin abonarse. El problema consiguió así esa particular combinación argentina entre inflación, demora administrativa y expediente, donde cada organismo parece tener una parte de la respuesta pero nadie dispone todavía del comprobante de transferencia.
Mientras Diputados prepara otra discusión sobre la emergencia en discapacidad, las protestas comenzaron a multiplicarse y el sector anticipó suspensiones desde el lunes. La consigna que apareció en Mar del Plata resume el escenario sin necesidad de PowerPoint, conferencia ni cuadro estadístico: «Trabajamos, cumplimos, no cobramos». Cuando una política pública necesita menos palabras para explicar la crisis que para describir el circuito de pagos, probablemente el problema ya dejó de ser exclusivamente contable.