La Corte Suprema de Justicia de la Nación se reúne este viernes en un acuerdo extraordinario para tratar un nuevo planteo vinculado con la ley de tierras. La convocatoria fue realizada el jueves por la noche por el presidente del tribunal, Horacio Rosatti, según informaron fuentes judiciales.

El expediente incluye un pedido de medida cautelar que, si es concedido, podría restablecer las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros. El proyecto de fallo ya está elaborado y pasó durante la mañana por el área de “Coherencia”, dependiente de la Secretaría de Jurisprudencia, donde se revisan las sentencias antes de su emisión para detectar posibles errores.

Una decisión favorable al pedido revertiría los efectos del fallo que la Corte dictó el martes de la semana anterior. En esa resolución, por un motivo procesal, el máximo tribunal revocó una sentencia que había declarado inconstitucional el artículo 154 del decreto 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei, que derogó la ley de tierras.

La decisión generó cuestionamientos y llevó a sectores de la oposición a amenazar con impulsar en el Congreso el rechazo de todo el DNU 70/2023, y no solamente de su artículo 154. La intención es tratar el tema en una sesión especial de la Cámara de Diputados prevista para el jueves de la semana próxima. Una nueva resolución judicial podría incidir en esa iniciativa.

Del acuerdo extraordinario participan los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, junto con los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci.

El nuevo pedido para restablecer la protección de las tierras

El caso que analizará el tribunal se originó en una solicitud de aclaratoria presentada el jueves de la semana pasada por la organización ambientalista Árbol de Pie, las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fcta Anecon, y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda. Los demandantes pidieron que la Corte precise si su sentencia anterior también alcanza al amparo colectivo que ellos promovieron o si corresponde analizarlo por separado.

A diferencia del expediente del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim), el planteo de Odarda y las organizaciones se apoya en argumentos vinculados con la protección ambiental y los derechos territoriales de las comunidades indígenas.

La Cámara Federal de La Plata había tratado ambos reclamos como casos conexos. En el expediente del Cecim, el tribunal había declarado inconstitucional la derogación de la ley de tierras. La Corte revocó esa decisión al considerar que la organización de excombatientes, que había invocado la defensa de la soberanía nacional, no tenía legitimación activa para iniciar esa acción.

En su presentación, los impulsores de la aclaratoria sostuvieron que habían invocado “títulos de legitimación propios y diferentes de aquel examinado en Cecim”. También señalaron que su reclamo se relaciona con “derechos de incidencia colectiva vinculados con la protección del ambiente” y con “derechos propios de los pueblos y comunidades indígenas”, en particular los relacionados con sus territorios ancestrales y con las consecuencias de eliminar el régimen de protección de la Ley 26.737.

La presentación fue realizada el mismo día en que Rosatti y Lorenzetti difundieron un comunicado en el que señalaron que una persona o entidad con legitimación suficiente podía solicitar una medida cautelar si consideraba inconstitucional la regulación vigente sobre tierras.

La intervención de los conjueces y los próximos pasos

Los tres jueces titulares de la Corte no coinciden sobre cómo avanzar con el nuevo planteo. Ante la falta de un acuerdo entre ellos, el martes pasado convocaron a dos conjueces para completar la integración del tribunal.

Según fuentes que conocen los movimientos internos de la Corte, Rosenkrantz no estaría dispuesto a discutir esta nueva cautelar, mientras que Rosatti y Lorenzetti se ubicarían a favor de avanzar en su análisis. La resolución requiere los votos necesarios para formar una decisión válida.

Los conjueces designados son los camaristas Diego Barroetaveña, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, de la Cámara Federal de Mendoza. Ambos fueron sorteados el martes y, según las reglas procesales, las partes disponían inicialmente de 72 horas para recusarlos.

Sin embargo, el miércoles a las 19.09, la Corte redujo ese plazo a 24 horas “en atención a las particulares circunstancias de la causa”, sin detallar cuáles eran esas circunstancias. También habilitó días y horas inhábiles. Una vez vencido el plazo sin posibilidades de recusar a los conjueces, Rosatti convocó al acuerdo extraordinario.

Si el tribunal acepta la aclaratoria y determina que el amparo colectivo debe tramitarse de manera independiente del caso del Cecim, deberá resolver qué procedimiento corresponde seguir. Una alternativa sería devolver el expediente a primera instancia para que continúe allí su trámite.

Otra posibilidad es que la propia Corte disponga directamente una medida cautelar, sin remitir el caso a un tribunal inferior. Según especialistas en derecho constitucional consultados en torno al expediente, se trataría de una decisión excepcional, que podría instrumentarse como una medida interina en los términos de la legislación que regula las cautelares contra el Estado.

Quiénes son los conjueces convocados

Barroetaveña y Pérez Curci tienen una extensa trayectoria judicial y ya fueron convocados anteriormente para intervenir como conjueces. Pérez Curci integró la semana pasada el tribunal que revocó la absolución del exjefe del Ejército César Milani.

El sorteo para designarlos se realizó mediante un bolillero y fue seguido por videoconferencia por las partes. Barroetaveña, cercano a Rosatti, integra el Consejo de la Magistratura y había iniciado una demanda para poder ser reelegido en ese organismo el próximo año, aunque luego desistió de esa presentación.

Pérez Curci es discípulo del juez de Casación Carlos Mahiques, padre del actual ministro de Justicia. Ambos conjueces también habían ocupado cargos en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hasta diciembre del año pasado.

Barroetaveña presidía el Tribunal de Ética de la entidad encabezada por Claudio Tapia, mientras que Pérez Curci integraba la Cámara Nacional de Resolución de Disputas. Los dos renunciaron después de que la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) solicitara a la Corte el cese de las funciones de los magistrados que integraban tribunales de la AFA, al considerar que esos cargos podían resultar incompatibles con sus funciones judiciales.

La decisión que adopte la Corte definirá cómo continúa el nuevo planteo y si corresponde dictar una medida cautelar que vuelva a restringir la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. El alcance de la resolución también podría influir en la discusión legislativa sobre la derogación de la ley.